Diego Artiñano arrancó una reingeniería en la cadena de tiendas que pasó de 104 a 51 locales en dos años y recortó 100 puestos de trabajo

Por: Manuel Avendaño A. 8 diciembre, 2017

En enero de este año, la cadena de almacenes Casa Blanca tuvo que hacer un alto en el camino: las deudas estaban asfixiando las finanzas de la empresa como consecuencia de una serie de malas decisiones comerciales que se tomaron años atrás.

La debacle fue tal, que la compañía tuvo que acudir a un Juzgado Concursal para solicitar un convenio preventivo de acreedores que, en pocas palabras, es una propuesta para arreglar el pago de deudas sin afectar más la situación de la empresa.

Diego Artiñano asumió la gerencia general en abril de este año con el objetivo de enfrentar una compleja tarea: levantar una compañía en crisis financiera con un alto nivel de endeudamiento.

Diego Artiñano gerente general de Casa Blanca en las oficinas centrales en la Uruca. Fotografía: Carlos González, Agencia Ojo por Ojo, para GN.
Diego Artiñano gerente general de Casa Blanca en las oficinas centrales en la Uruca. Fotografía: Carlos González, Agencia Ojo por Ojo, para GN.

La estrategia del nuevo gerente se dividió en dos grandes áreas. Primero, avanzar en la búsqueda de acuerdos con los acreedores para mejorar las condiciones de crédito y seguir obteniendo proveeduría de productos.

Lo segundo es cuidar el negocio en la parte comercial, hacer ajustes en el tamaño de la empresa y generar cambios para que las ventas sigan creciendo.

Artiñano asumió una empresa con deudas por $61,5 millones con 202 acreedores, pero ese monto ya se redujo a $40 millones gracias a acuerdos logrados con algunas financieras y proveedores.

A nivel comercial, la empresa redujo el número de tiendas de 104 a 51 entre 2016 y 2017, lo que implicó la salida de 100 colaboradores en ese periodo. Además, lanzó una nueva línea de productos llamada Casa Blanca Turismo para ofrecer paquetes de viajes financiados dentro y fuera del país.

Otra de las novedades a nivel de estrategia comercial es la alianza con Kuiki Credit para ofrecer un sistema de financiamiento llamado Credi-Flash y la inclusión de herramientas en la oferta de productos que distribuyen en sus tiendas.

El jerarca conversó con EF sobre sus siete meses al frente de la empresa, los principales cambios que ha hecho en este periodo y los retos que tiene la compañía para levantarse de la crisis financiera.

Esta conversación se divide en dos capítulos. El primero dedicado a analizar la situación financiera de la empresa, y el segundo, a abordar el avance del convenio preventivo ante el Juzgado Concursal.

Golpe financiero

¿Cómo encontró a Casa Blanca cuando asumió la gerencia general en abril de este año?

–Primero, creo que es obligado aclarar que Casa Blanca en enero entra en un convenio concursal, entonces de alguna manera la estrategia comercial anterior tuvo algunas cosas que se debieron haber hecho distintas, porque esa estrategia provocó un crecimiento acelerado. En ese sentido fue exitosa, pero a cambio de un apalancamiento financiero extremadamente alto.

¿Cuándo empezaron a percibir que la empresa estaba en crisis?

–Al final del 2016 hubo algunas limitaciones en cuanto a las renovaciones de líneas de crédito y provocó una situación financiera complicada que nos lleva, a principios de este año, a que la empresa decida acogerse a la protección de un Juzgado Concursal del país.

¿Cuál fue el primer síntoma que generó preocupación en la empresa?

–Hay que partir el pasado reciente en dos etapas: antes del convenio concursal y después del convenio. Antes del convenio (con la estrategia comercial anterior), hubo un alto crecimiento, pero ya en el 2016 empieza una reducción de la huella comercial de Casa Blanca y la cadena pasa de 104 a 58 puntos de venta.

Entonces, ¿es ahí cuando deciden buscar el convenio preventivo?

–En enero del 2017, la empresa acude al Juzgado Concursal para hacerse proteger por la ley mediante un convenio preventivo de acreedores y eso marca una nueva etapa que en la que estamos.

¿Qué están haciendo en esta nueva etapa para mejorar la situación financiera de la empresa?

–La ley de convenio preventivo lo que hace es proteger a la empresa que acude a esa figura legal, para que sus acreedores no puedan paralizarla y, desde ese punto de vista, fue exitosa. Provoca de inmediato el acercamiento de la administración de la empresa con sus acreedores financieros y comerciales, para establecer bases bajo las cuales la empresa pueda seguir operando.

"Entonces, los primeros meses de este año fueron complicados porque en la etapa muy temprana de un convenio preventivo se estaban negociado formas de mantener el financiamiento y la proveeduría, ya sea del sector financiero o del sector comercial".

¿Ese proceso de negociación ha sido exitoso?

–Digamos que esa etapa se logra cumplir con un éxito importante, porque con la mayoría de las instituciones financieras reguladas se logran acuerdos que conducen a una restructuración de la deuda de Casa Blanca, en términos muy apropiados: se alcanzan plazos de 15 años con cinco años de gracia y cosas de ese tipo.

"Todo esto en paralelo a la gestión en el Juzgado Concursal, hasta ahora estos son acuerdos entre Casa Blanca y sus acreedores, que no van a contra pelo de lo que a ley prevé, pero no están avalados por la etapa que sigue, que es una junta de acreedores".

¿Lograron acuerdos con los 202 acreedores?

–En esa etapa temprana se logra lo que llamamos un acuerdo marco con varios acreedores, que es lo que conduce a los términos en que esto se restructure. Lo esencial de ese acuerdo se incorporó al expediente en el Juzgado, de manera que la solicitud hoy ante el Juzgado Concursal es totalmente compatible con las cosas con que se ha avanzado.

Pero, ¿con cuáles acreedores lograron acuerdos?

–Con las instituciones financieras reguladas que también son las grandes. Con algún sector financiero no regulado, que se compone por financistas independientes de mucha menor cuantía, no se han alcanzado acuerdos porque el acuerdo marco prevé que con estos inversionistas habría que hacer pagos de intereses al momento de hacer una readecuación y la empresa en este momento, por mandato de ley, no puede hacer pagos financieros. Entonces, al estar inhibidos de hacer pagos financieros, pues no podemos llegar a ningún arreglo que tenga que ver con pagos.

Menos presión

Entonces, ¿estos acuerdos le bajaron la presión a las finanzas de la empresa?

–Le bajamos presión a las finanzas y a los acreedores porque para ellos es importante tener un acuerdo para una readecuación, por una formalidad.

Los acreedores de Casa Blanca estaban compuestos por bancos, financistas independientes y proveedores. ¿Cómo negociaron con los últimos?

–Con los proveedores alcanzamos acuerdos en dos grandes grupos, algunos proveedores nos están vendiendo lo que nosotros llamamos uno a uno, es decir, nos entregan el monto que paguemos y algunos aplican ese pago a facturas viejas y otros nos hacen ventas contra pago. En general, con la gran base de proveedores que estuvimos trabajando antes de enero, seguimos trabajando.

¿Rompieron relación con algunos proveedores por la situación de la empresa?

–Salieron pocos proveedores, no pasan de tres y quizá con algún proveedor nosotros decidimos no seguir, pero la base no ha cambiado. Decidimos cambiar algunos proveedores por otros, por temas de márgenes o comerciales.

¿Los proveedores les siguen vendiendo a crédito?

–Antes trabajábamos a crédito, lo que pasa es que el monto de crédito acumulado para pagar a los proveedores está congelado, no es que hemos pagado el crédito con proveedores, es que no lo hemos ni aumentado ni disminuido. No lo hemos disminuido porque, por ley, no podemos hacerlo y no lo hemos aumentado, porque los proveedores tampoco nos van a dar más crédito.

"Entonces, nos hemos enfocado en mantener ese monto y hemos logrado mantener la base. En cualquier momento entra un proveedor nuevo y nos ofrece productos, se trabaja con ellos de contado directo".

EF informó en enero que Casa Blanca presentó una deuda de $61,5 millones con 202 acreedores. ¿La deuda se mantiene en ese monto?

–Ese número de alrededor de $60 millones es una cifra con que se presentó al Juzgado, eso se ha reducido sustantivamente a $40 millones, por varias acciones.

"Lo primero es que, entre enero y diciembre, una cuenta muy importante por el orden de $9,3 millones (en referencia a acreedores amigos y empresas ligadas al dueño de Casa Blanca) fue capitalizada, entonces ya no está como pasivo, sino que está como parte del patrimonio.

¿Cuáles son otras acciones que permitieron reducir la deuda?

–Se logró un acuerdo con dos entidades financieras para entregar dos garantías como pago y eso redujo la deuda en unos $2 millones. Luego hemos hecho daciones de pago con dos proveedores que eran los únicos que tenía una garantía real (propiedades inmuebles), entonces como esa garantía de todos modos está comprometida, se hicieron daciones de pago y se bajaron, con un proveedor $500.000 y con el otro $350.000

¿Qué se ha hecho con el resto de la deuda?

–Hay otros pasivos que son recurrentes, como alquileres. Cuando usted cita los 202 acreedores y $61,5 millones, ahí había hasta el recibo de la luz, entonces mucho de eso sigue estando ahí, se actualiza todos los meses y está rotando mucho.

"Pero, los pasivos de gran peso, que son los financieros, han tenido esas modificaciones en los meses que han pasado este año".

¿Cuántos acreedores legalizaron la deuda ante el juzgado concursal?

–Hay 83 legalizaciones que son esencialmente los actores financieros, hay uno que otro proveedor, pero la gran mayoría de los proveedores no legalizaron, que no quiere decir que renuncien a su derecho, simplemente que no se manifiestan en el proceso y les limita alguna participación en el proceso. Ahora el proceso vela por los intereses de todos los acreedores, no solo de los que legalizan.

¿Cuánto falta para concluir el convenio preventivo?

–Actualmente estamos a la espera de que el juez convoque a una junta de acreedores y no hay plazo perentorio para que el juez tenga que resolver eso. No tengo ningún elemento para decir cuándo va a ocurrir, pero nuestro interés es que se dé lo más pronto posible, porque la junta de acreedores es un paso esencial para darle seguridad jurídica a todos los actores.