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Publicamos en la sección de Finanzas de esta edición un balance de la actual situación económica del país, elaborado por la periodista María Esther Abissi. En este editorial retomamos el tema, porque estamos convencidos de que Costa Rica transita por un momento clave y crítico.
Nos encontramos en el inicio de la Administración del presidente Carlos Alvarado Quesada y en el arranque de la definición de nuevas políticas económicas.
La economía costarricense muestra una desaceleración de la actividad productiva. El Indicador Mensual de la Actividad Económica (IMAE) marca con claridad una disminución del crecimiento económico en los últimos 24 meses.
En el último mes de información disponible (abril del presente año) la producción del país creció por debajo del 3 %.
La desaceleración se observa en la mayoría de las actividades económicas, pero es más pronunciada en el sector de la construcción privada, la cual está en números rojos. Este es un síntoma inequívoco del retroceso de la inversión privada.
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¿De dónde proviene la pérdida de impulso en la actividad económica del Costa Rica? ¿De la economía externa o de la demanda interna?
La respuesta es muy clara. No viene de la parte externa. Por el contrario, la economía mundial ha fortalecido su crecimiento y las exportaciones de bienes de nuestro país han crecido un 6 % en lo que va del año.
Las políticas de apertura económica, el establecimiento de tratados de libre comercio con distintas naciones y regiones, la diversificación de la base exportadora y las políticas de atracción de inversión extranjera directa (IED) son una de las fortalezas de la economía costarricense. En este primer semestre del 2018 nuestro país no ha caído en una recesión gracias al impulso del motor externo de la economía.
Demanda interna
La desaceleración económica en estos primeros seis meses del año tiene su origen, fundamentalmente, en la reducción de la demanda interna: menor crecimiento del consumo de los hogares y la contracción de la inversión de las empresas.
El motor interno de la economía costarricense no ha funcionado porque el financiamiento del alto déficit fiscal ha estrujado al sector privado (hogares y empresas) y ha acaparado al ahorro nacional.
La radiografía del crecimiento económico del país en el primer semestre del 2018 nos dice lo que hemos hecho bien en materia de políticas de apertura y atracción de IED y nos recuerda que hemos fracasado en lograr una política fiscal medianamente equilibrada que sostenga la estabilidad y el crecimiento económico.
La debilidad del crecimiento económico ha llevado a una alta tasa de desempleo de la fuerza de trabajo. Esta fue mayor del 10 % en el primer trimestre de este año. Lamentablemente, miles de personas sin empleo pagan las duras consecuencias de una desacertada política fiscal.
La alta tasa de desempleo no solo es el resultado coyuntural del menor crecimiento económico de los últimos meses; es también consecuencia de la falta y de las deficiencias de educación técnica para adecuar la oferta laboral a los requerimientos de la demanda de trabajo por parte de un sector productivo que ha sufrido transformaciones originadas principalmente por un vertiginoso cambio tecnológico. Los colegios técnicos del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se han quedado cortos en este proceso de adecuar la oferta laboral a los requerimientos de la demanda.
Líneas de acción
El escenario de inicio del gobierno del mandatario Alvarado sugiere tres líneas de acción en política económica.
Primero, se deben mantener y reforzar las políticas de apertura económica y atracción de la inversión extranjera directa. La Administración no debe prestarle atención a los consabidos cantos de sirena de los promotores del proteccionismo, incluidos los provenientes del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Segundo, es urgente ejecutar las medidas para reducir el déficit fiscal. El Poder Ejecutivo ha lanzado señales esperanzadoras en esta materia. Ha dado pasos importantes (aunque insuficientes, como lo ha reconocido) para reducir el gasto, ha prometido austeridad en el gasto para el 2019 y ha actuado con diligencia en la tarea de promover la reforma fiscal en la Asamblea Legislativa.
Es siempre oportuno y necesario reiterar que ese poder de la República es el único foro autorizado por nuestro ordenamiento jurídico y democrático para el debate y votación de estos proyectos. No es este un asunto que deba ventilarse en las calles, por más que algún diputado populista y demagogo insista en mezclar la curul y el micrófono de esta por el asfalto y el megáfono.
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Tercero, es indispensable ejecutar una agenda para la reactivación económica. No es suficiente únicamente con las medidas fiscales. En esta agenda se trata de impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.
Dos acciones serán fundamentales para reactivar la economía: la construcción de infraestructura y que el INA y el MEP asuman un papel protagónico para formar trabajadores con la educación técnica requerida por la economía moderna.
En conclusión, la situación económica actual requiere con urgencia de políticas para lograr un mejor equilibrio de las finanzas públicas, pero no debemos olvidar la agenda para reactivar la economía y generar más y mejores empleos.
