EscucharLos acuerdos alcanzados en el diálogo nacional convocado por el Gobierno y la Asamblea Legislativa, que culminó el 21 de noviembre pasado, incluyen varios relacionados con la gestión de la deuda pública.
Entre ellos: transparentar integralmente la gestión de la deuda; diversificar los instrumentos de financiamiento, incluyendo la emisión de bonos verdes; intensificar la gestión de pasivos aprovechando instrumentos como los canjes, diversificación de productos financieros u otros; modificar la legislación vigente que permita analizar la habilitación de mecanismos de convocatoria desde Costa Rica para inversores extraterritoriales.
Son propuestas dignas de consideración. En su estudio económico sobre Costa Rica, publicado en julio pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca la mejora en la gestión de la deuda como un tema clave para enfrentar el problema fiscal. Dado el incremento en el gasto por intereses, que en el 2019 superó el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), mejorar esa gestión permitiría reducir riesgos y contener el costo del financiamiento.
Por un lado, recomienda acabar con la fragmentación institucional, ya que diferentes dependencias están a cargo de la deuda local y externa, creando duplicaciones e ineficiencias. Por otro lado, sugiere reducir la dependencia de inversionistas locales ampliando la base de inversionistas extranjeros. El Gobierno ya emite bonos para ser colocados en el exterior (los llamados eurobonos) pero son emisiones en moneda extranjera, que conllevan riesgos de tipo de cambio.
Según la OCDE, otros países de América Latina han podido atraer cada vez más inversionistas internacionales a deuda en moneda local, reduciendo tanto la carga de intereses como los riesgos cambiarios. Considera que Costa Rica tiene el potencial de seguir ese ejemplo y comenzar a atraer inversionistas extranjeros a la deuda denominada en colones, para lo cual debe mejorar la comunicación con los mercados, centralizar la gestión de la deuda en una sola dependencia y reducir las asimetrías de información.
El tema no es nuevo, como lo revela un informe contenido en nuestra edición anterior. Ya en la Administración Chinchilla se había intentado y en noviembre del 2018 la actual Administración buscó una vía rápida para lograrlo mediante la figura de los contratos de colocación, un instrumento que consiste en la venta de bonos de deuda interna a inversionistas, incluyendo inversionistas extranjeros, con la intermediación de puestos de bolsa y bancos locales. Una novedad sería hacerlo con bonos en moneda nacional.
Recordemos que el tratamiento como deuda interna evita la necesidad de pasar caso por caso por aprobación legislativa por mayoría calificada, como lo exige la Constitución para empréstitos externos.
Según lo explicado en nuestro informe en la edición anterior, el Gobierno está contemplando la posibilidad de impulsar reformas legales que faciliten ese tipo de colocación. No es que la legislación actual impida a inversionistas extranjeros adquirir bonos de deuda interna, pero darle un mayor impulso posiblemente requeriría ajustes en algunas leyes, incluyendo la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley Reguladora del Mercado de Valores.
Entre los aspectos legales y operativos que habría que revisar está lo relacionado con la custodia de los títulos, la debida identificación de los beneficiarios para efectos de la legislación contra el lavado de dinero y la normativa sobre movimientos de capitales. También es muy relevante el tratamiento tributario, pues con la retención del 15% de impuesto sobre la renta a los intereses, el inversionista extranjero podría quedar expuesto a doble imposición en su país de residencia, en ausencia de tratados tributarios que regulen el tema.
Un aspecto importante y difícil de cambiar es el de la ley y jurisdicción aplicables. A diferencia de la deuda externa, que suele incluir cláusulas de sumisión a leyes y tribunales extranjeros, la deuda interna se rige por las leyes locales. Ante un eventual atraso o impago, el inversionista extranjero tendría que buscar recuperar ante los tribunales nacionales, lo que podría dar menos confianza e incidir al final en el costo del financiamiento.
Nos parece conveniente que esos y otros aspectos técnicos sean debidamente analizados por el Gobierno para buscar ampliar la base de inversionistas extranjeros hacia deuda en moneda nacional. Incluso podría aprovecharse la oportunidad para plantear una modernización de la legislación que rige la emisión y gestión de la deuda pública en general, a fin de buscar más eficiencia y transparencia como recomienda la OCDE.
Pero tengamos en mente dos consideraciones importantes. En primer lugar, un manejo responsable de la política fiscal y monetaria es indispensable para poder generar confianza y atraer a inversionistas extranjeros a deuda local, sobre todo la denominada en moneda nacional, a costos razonables. Sin una solución fiscal sostenible y reactivación económica, el panorama no sería fácil.
En segundo lugar, medidas para mejorar la gestión de la deuda son importantes, pero no son la panacea. Necesitamos adoptar medidas estructurales que reduzcan el peso de la deuda y la magnitud del déficit y concretar lo más pronto posible un convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le de credibilidad al país, si aspiramos a lograr una verdadera solución al problema fiscal.
