Sin embargo, lejos de ser una buena noticia, esta caída en el empleo informal solo evidencia la desproporcional vulnerabilidad que han enfrentado los costarricenses que laboran dentro de la informalidad. El empleo formal perdió a 116.000 trabajadores entre marzo y junio de este año, pero el empleo informal decreció en 346.000 personas en el mismo periodo. Y si comparamos las cifras con lo observado el año anterior, la conclusión es la misma; mientras que la variación interanual del empleo formal al segundo trimestre del 2020 fue del -10%, la variación interanual del empleo informal fue del -31%.

De cada cuatro personas que perdieron su empleo en los últimos meses, tres eran trabajadores informales, consecuentemente solo uno era trabajador formal. Pero este es un reflejo del empleo del país para marzo, abril y junio; y sin duda variará considerablemente para los meses posteriores.

¿Qué implica estar en la informalidad?

Cuando se analiza la informalidad se encuentran dos conceptos diferentes; informalidad empresarial y la informalidad laboral.

En el primer caso, una empresa se encuentra operando informalmente cuando no cumple con la legislación o normativa que se le ha impuesto, lo que involucra reglas tributarias, ambientales, comerciales y hacendarias entre otras. Pero esta normativa acarrea costos, no solo monetarios, sino también burocráticos. Y cuando los costos son lo suficientemente altos como para que no sea rentable asumirlos, la empresa decide operar fuera del marco de la ley.

De forma análoga, la informalidad laboral se presenta cuando las condiciones laborales de un trabajador no son las mínimas establecidas por la ley, esto implica estar en planilla, salario mínimo, seguridad social, jornadas máximas, etcétera. De igual manera, la formalidad en el empleo acarrea costos para las empresas, en muchos casos difíciles de sostener, lo que implica que los negocios terminan optando por contratar personas fuera del marco formal (demanda). Sin embargo, el trabajador podría rechazar un empleo en tales condiciones, pero la realidad es que gran parte de la población lo termina aceptando (oferta). ¿Por qué? Simple y sencillo: porque no tienen otra opción. Las personas quieren trabajar con condiciones favorables, donde se les garantice sus derechos; pero ese anhelo se frustra por factores como la falta de educación académica, las pocas opciones disponibles, la gran cantidad de personas buscando trabajo simultáneamente y muchos otros más.

Los trabajadores no se encuentran en la informalidad porque quieren, sino porque es la única opción que tienen para llevar sustento a sus familias.

Políticas inefectivas para la creación de empleo formal

En los últimos tres años el empleo formal se había mantenido sumamente constante, promediando los 1,17 millones de personas. No así el empleo informal, que enfrentó variaciones más abruptas entre 819.000 y 1.040.000 personas, con una tendencia creciente.

Esto evidencia que las políticas de empleo de los últimos años no han tenido mayor efecto en la creación de empleo formal, si no que más bien, han incentivado la informalidad. Al punto que el comportamiento del empleo total del país obedece directamente a los cambios que enfrenta el empleo informal.

Son las condiciones normativas, políticas y económicas, las que empujan a las personas a desempeñarse fuera de la formalidad; además de un costo mayor al beneficio y más opciones tangibles. Y si estas condiciones no cambian, la informalidad no cambiará.

¿Qué fue primero, la informalidad en el empleo o la informalidad en la empresa?

Si bien es cierto que puede existir empleo informal en empresas formales, no puede existir empleo formal en empresas informales. Por lo que el primer paso para reducir la informalidad del empleo es la formalización de los negocios; y esto solo se logra eliminando todos los obstáculos burocráticos y costos financieros que convierten el proceso de formalización en un campo de batalla que no cualquiera está dispuesto a cruzar y no todos lo que deciden cruzarlo lo sobreviven.

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Costa Rica, el 30% de los comercios han tenido que cerrar sus puertas tras la emergencia nacional; esto implica que cerca de 5.500 compañías ya no están operando (sólo de este sector). Sin embargo, estos cierres acarrean un efecto dinámico, aunque una proporción de esas firmas no van a volver a abrir sus puertas, otra parte se va a reinventar, y otras nacerán.

Ante este escenario, pretender que un negocio recién nacido tenga que combatir contra un ambiente hostil de formalización y que, además, sea medido con la misma vara que se mide un negocio con años de operación, es absurdo. Lo que termina obligando a que los emprendimientos operen en la informalidad durante sus primeros años, y algunos casos durante toda su vida.

Crisis y oportunidades de mejora

A pesar de todo, siempre se pueden visualizar escenarios positivos. Este es un momento clave para crear políticas que incentiven la formalidad. La COVID-19 sin duda ha causado grandes estragos económicos y los mayores efectos aún no los hemos visto.

No obstante, la crisis va a pasar, y cuando pase, vendrá un periodo de adaptación de los negocios, muchos habrán muerto, otros se adaptarán y otros nacerán; y es imprescindible que todos estos cambios se den dentro de la formalidad. Lo cual se logrará sí y sólo sí estar en regla representa algo positivo para el negocio y no una dificultad, como lo es actualmente. El Ejecutivo y el Legislativo deben enfocarse en proyectos de ley que vayan en esa línea, como el expediente 22.108, que reduce las trabas de formalización y crea incentivos para que los nuevos negocios se formalicen, facilitándoles las condiciones para operar en sus primeros años de vida.

Las futuras nuevas empresas deben nacer dentro de la formalidad, y así, los empleos que estas generen serán empleos formales y estables. El empleo perdido en los últimos meses debe y se va a recuperar eventualmente; pero acelerar ese proceso y encaminarlo a la formalidad es responsabilidad de los creadores de política pública del país.