Mediante un proyecto de ley, se intenta permitir que los trabajadores puedan retirar todo el monto acumulado en su Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP), una vez cumplidos los requisitos para pensionarse. La idea parece que ha suscitado cierto entusiasmo entre alguna parte de la población. En la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) vemos con bastante reserva un proyecto como ese, pues en su apoyo se han señalado algunos argumentos más bien emotivos, pero de difícil sustentación.

Una primera inquietud radica en lo que podríamos llamar la trampa del efectivo. De pasar el proyecto, se estaría poniendo de repente en la mano de las personas, una suma de dinero que acumularon sin darse cuenta a lo largo de 15, 20 o 25 años, que desde luego será mucho mayor al salario mensual que han recibido en promedio, lo que genera una falsa sensación de un capital que se generó ayer. Y no es así. Tomó muchos años llegar a eso.

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Un segundo problema está asociado a la equivocada idea de que es un mero ahorro. Aunque pudiera ser visto como tal, lo cierto es que casi todos los países han creado condiciones e incentivos para que los trabajadores puedan constituir, durante toda su vida laboral, una reserva que les permita disponer de ingresos para cuando ya no pueden hacerlo mediante el trabajo. O sea, es un esfuerzo de la sociedad entera en favor del bienestar general.

La tercera inquietud que mantiene la OCF es que esos recursos acumulados deben rendir para un período cada vez más prolongado de vejez, porque las personas tienen una expectativa de vida más amplia. El manejo de esos fondos requiere habilidades para defenderlos de la inflación, de la devaluación y desde luego de alguien que nos quiera defraudar.

Ello nos lleva a las debilidades que hemos identificado en la OCF en materia de educación financiera de la población. Si bien el Estado viene realizando variados esfuerzos para superar esa limitación, liderados por el MEIC, la realidad es que las personas se quejan en forma sistemática del limitado dominio de los conceptos básicos para el manejo adecuado de sus inversiones.

Dudosas bondades

Un argumento que se ha mencionado en apoyo del proyecto, es que la devolución del ROP permitirá a algunas personas crear su negocio propio. Aunque desde luego todos tienen ese derecho, las estadísticas nacionales apuntan a que más de la mitad de los emprendimientos fracasan antes de los tres años, porcentaje que aumenta al 70% al quinto año. Nada nos permite concluir que será diferente solo porque el negocio se financió con el ROP.

Algunos han argumentado que esa plata “es suya” y que nadie les puede decir qué hacer con ella. Es un razonamiento atractivo pero engañoso. También podría justificar que se exija a la CCSS que nos devuelva el ahorro que hacemos para el régimen de Enfermedad y Maternidad, sobre todo si gozamos de buena salud. Es cierto que hicimos un ahorro, pero está destinado a financiar nuestra atención médica.

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Finalmente, otras personas han mencionado que se debiera devolver porque solo ganan las Operadoras de Pensiones. Es el argumento más débil. Si se consideran las casi dos décadas de existencia, podemos confirmar que el rendimiento histórico ha estado alrededor de 14% a 15%, mientras que las OPC solo cobran una fracción. El problema es que nos concentramos en lo que nos cobran hoy, olvidando lo que ganamos hace cinco o diez años.

Desde la perspectiva de la Oficina del Consumidor Financiero, sentimos la obligación de llamar la atención respecto a los severos perjuicios que podría tener la devolución del ROP, frente a las dudosas bondades que se han propuesto.

Sin duda, casi dos décadas de experiencia permiten identificar mejoras a los reglamentos para la distribución del ROP, y de hecho ya algunas se han mencionado. Pero si la totalidad de esos recursos se devolviera, y no fueran manejados con la debida prudencia, podríamos estar condenando a una vejez de miseria a una parte de nuestros conciudadanos. Suponer que el Estado pueda para entonces asumir su atención, no solo sería ingrato sino poco inteligente.