Por: Sofía Zúñiga.   Hace 2 días
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Dichosamente se han levantado voces acerca del proyecto de ley Programa Nacional de Alfabetización Digital (22.206) y se logró librarlo de la vía rápida en la Asamblea Legislativa, otorgando el espacio de discusión que requiere. Este texto propone transferir a la Administración Central fondos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) que cuenta con más de $300 millones.

  • Las telecomunicaciones cumplen un rol fundamental en el desarrollo socioeconómico de los países, en la Cuarta Revolución Industrial: la Revolución Digital.

Bien demostró esta pandemia la esencialidad de las telecomunicaciones en la continuidad de la educación, de muchos puestos de trabajo remoto y la producción en general. Pero ésa fue solo una pincelada. Costa Rica no puede competir en un mundo globalizado sin telecomunicaciones de punta, y no puede ofrecerlas sin infraestructura de punta.

Costa Rica no necesita “calles de lastre”, necesita al menos “carreteras pavimentadas” en zonas rurales y “súper autopistas” de telecomunicaciones en ubicaciones de zonas francas, zonas urbanas de alta densidad, recorrido de backbones, etc.

La obligación de despliegue de infraestructura no es exclusiva de los operadores de telecomunicaciones. Fonatel, en estricto cumplimiento del principio de universalidad, es esencial para robustecer la infraestructura y redes de telecomunicaciones en regiones no rentables, asegurando allí el acceso a servicios de telecomunicaciones.

  • Se proponen cambios estructurales y discordantes, y contratación de urgencia amparada en la pandemia por la COVID-19.

El proyecto propone cambios estructurales profundos y discordantes con la normativa marco de las telecomunicaciones. Fonatel tiene un fin asignado por la Ley General de Telecomunicaciones: financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad. Esta ley (artículo 32 incisos c y d) contempla al menos cuatro objetivos que incluyen, pero tampoco se limitan, al sector educación y la alfabetización digital (estos son solo una porción del pastel), de modo que la ejecución de estos objetivos no amerita un proyecto de ley.

La propuesta en trámite debilita al ejecutor - la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel)- de los objetivos de acceso y servicio universal concernientes al despliegue de infraestructura y acceso a servicios en zonas no rentables. Así, puede preverse una disminución en la inyección de capital de Fonatel en el despliegue de infraestructura, frenando su crecimiento y mejoramiento. A la postre, también alejaría más de la meta de despliegue de redes 5G y, como un efecto dominó, impacta negativamente la competitividad país y el desarrollo socioeconómico de Costa Rica. Tan importantes son estos objetivos de acceso y servicio universal, como lo es la conectividad en centros educativos y la alfabetización digital al punto que, sin los primeros, no es posible alcanzar los segundos objetivos.

Además, el proyecto excluye de la definición de la agenda digital a dos actores esenciales: Sutel (técnico especializado) y los operadores/proveedores (contribuyentes y actores in situ). Además, atenta contra la neutralidad tecnológica, esto es muy grave.

La iniciativa violenta el diseño institucional plasmado en la normativa marco, cuidadosamente delineado. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el ente rector con funciones de definición de política pública, incluyendo el principio de universalidad, ahora se pone el sombrero de regulador-ejecutor de Fonatel. Se altera la lógica y la garantía de especialización e independencia del regulador (Sutel) que ejecuta los fondos Fonatel, quien ahora se debilita atropelladamente, reservándole solo algunas competencias de ejecución.

Partiendo de que el sector educación es solo una arista de ese complejo diamante denominado acceso y servicio universal, el proyecto propone transferir al Ministerio de Educación Pública (MEP), el rector de educación, competencias de ejecución de Fonatel, e introduce al MEP en una arena desconocida, altamente técnica y sensible como son las telecomunicaciones, justificado en que un objetivo de universalidad es llevar conectividad a centros educativos. Bajo esta lógica, si la conectividad fuera para centros turísticos, también daríamos poderes de ejecución de Fonatel al Instituto Costarricense de Turismo.

Quinto, COVID-19 no es una carta abierta para actuar al margen de la ley. El proyecto transfiere poderes de disposición de Fonatel de un regulador especializado e independiente, a dos ministros bajo el control del Presidente, tampoco es conveniente tantos administradores del mismo fondo, además multimillonario. Asimismo, mantiene los controles de contratación administrativa y rendición de cuentas para Sutel, pero los excluye para Micitt y MEP y, más grave aún, autoriza su ejecución bajo el procedimiento de contratación de urgencia por dos años, amparados en la pandemia.

Esta propuesta es lógica inversa, siendo las telecomunicaciones punta de lanza hacia el desarrollo socioeconómico en la Cuarta Revolución Industrial, se requieren estrictos mecanismos de ejecución de Fonatel para garantizar su uso exclusivo para las metas de universalidad.

La cura parece ser peor que la enfermedad, es preferible el actual nivel de eficiencia y ejecución presupuestaria, pero con la meta de universalidad caminando, que la historia que vislumbra esta iniciativa. Y a todo esto: ¿para qué un proyecto de ley con el fin de llevar conectividad a centros educativos y alfabetización digital? El marco normativo de telecomunicaciones contiene todo lo necesario para lograr ese objetivo: el Ejecutivo puede emitir directrices, Micitt puede hacer uso del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y demás instrumentos de política pública. Cuando algo es prioridad se logra.

La solución no es crear una ley más, mucho menos si violenta la legalidad, controles y rendición de cuentas de fondos públicos. La solución es respetar el Estado de Derecho, el diseño vigente y fortalecerlo. A menos que el fin último no sea la universalidad del servicio. Confiamos en que los diputados nos demostrarán lo contrario y que COVID-19 no es solo una excusa, confiamos en que votarán negativamente el proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Sociales que actualmente lo discute y lo archivarán.