Un nuevo proyecto de ley (el octavo) que plantea el uso de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) genera dudas y algunos cuestionamientos de la industria.
Se trata del proyecto de Ley Rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas e hipotecas en situación de vulnerabilidad y estímulo a la producción (No. 22.128), presentado por un grupo de diputados encabezado por Erwen Masis.
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El proyecto asigna al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) el desarrollo de una plataforma tecnológica para simplificación de trámites y le encarga la tarea de ejecutar un programa cierre de brecha digital.
En este caso se indica que los costos deberán ser cubiertos por Fonatel.
La iniciativa deja de lado, de esta forma, la participación de otros operadores de telefonía móvil, Internet y de la industria informática, incluso.
“Nos parece que retrocede en materia de apertura”, advirtió Vanessa Castro, presidenta de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).
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“En un ambiente en el que se desreguló el mercado de telecomunicaciones, sería materialmente imposible que se aprobara una ley que privilegie a un operador para construir redes y proveer servicios de telecomunicaciones”, indicó Juan Manuel Campos, director general de Ciber Regulación y especialista legal en el campo.
Proyecto
La iniciativa de ley plantea la necesidad de evitar el cierre de empresas y su impacto en el sector financiero, especialmente, debido a la situación creada por el COVID-19 y se propone la restauración de la economía costarricense.
Para ello propone la creación de fideicomisos de recuperación para propiciar la ayuda empresarial, un fondo para micro y pequeñas empresas y para los productores agropecuarios, y para el sector inmobiliario.
Plantea también “mejorar el acceso a Internet para aumentar la productividad y el mejoramiento empresarial, disminuyendo la brecha digital, mediante una mejor infraestructura y modernización del sector”.
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Asimismo propone la simplificación de trámites municipales.
En el artículo 18 asigna al ICE la tarea del desarrollo de una plataforma tecnológica, centro de datos y todos los aspectos relacionados con las comunicaciones, conectividad de las instituciones y seguridad de la información.
En el artículo 20 también encarga al Instituto la ejecución de un programa nacional de cierre de brecha digital, con conectividad de banda ancha por medio de fibra óptica y tecnología 5G, y con recursos de Fonatel para las comunidades de menor índice de desarrollo.
Vanessa Castro, de Infocom, señaló que no han conversado con Masís para tratar de entender las razones del proyecto, pero adelantó que tal como está planteados los artículos 18 y 20, así como el transitorio tercero, se contradicen principios básicos de competencia.
El transitorio tercero le encarga el ICE la ejecución de la infraestructura en tres años y presentar un plan en tres meses, al tiempo que asigna responsabilidades de supervición y sanciones de destitución al quien ocupe la presidencia ejecutiva y la gerencia general del Instituto si se incumple.
“Contraviene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y algunas disposiciones legales”, dijo Castro.
Por su parte, Campos advirtió que el proyecto ley presenta un grave problema de constitucionalidad en el artículo 20, dado que pretende encargarle al ICE el cierre de la brecha digital.
Con ello transgrede el TLC con Estados Unidos en el Anexo 13 (compromisos de Costa Rica, numeral tercero, inciso 2 y acápite 1) que estableció un régimen de competencia para servicios móviles e Internet.
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Campos recordó que los tratados una materia de superior jerarquía de la legislación y no se puede, por medio de una legislación ordinaria, suprimir lo acordado en un tratado.
Además, el especialista legal recordó que los recursos de Fonatel se asignan a los operadores mediante proceso concursal, según lo establecido en el artículo 36 (inciso b) de la Ley General de Telecomunicaciones (No. 8642).
¿Dineros ociosos?
En la Asamblea Legislativa se han planteado desde el mes de marzo un total de seis proyectos, incluyendo esta nueva iniciativa.
Ya antes existían dos más, una de ellas del Poder Ejecutivo para utilizar recursos de Fonatel para pago de deuda pública.
En total, suman ocho proyectos y la mayoría parte del supuesto de que los recursos del Fondo no se están utilizando, contradiciendo diferentes criterios e informes recientemente publicados.
Tanto criterios de la Contraloría General de la República como un reciente estudio de la firma Deloitte advirtieron sobre la improcedencia legal de las iniciativas.
Asimismo, junto a un criterio del Programa Institucional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic), de la Universidad de Costa Rica, recalcaron la imposibilidad de trasladar Fonatel a un ente privado como la Fundación Omar Dengo, tal como lo propone uno de los proyectos.
La Contraloría y Prosic también indicaron que los problemas de Fonatel han tenido que ver con la complejidad legal y estructural en que fue creado.
Infocom también ha apuntado a la lentitud del Poder Ejecutivo para determinar y ajustar las metas y acciones de los cuatro programas buena parte de las dificultades para que Fonatel cumpla plenamente su cometido.
La misma Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) reitera que se requieren ajustes y que los recursos, provistos por los operadores como una carga parafiscal, se encuentran comprometidos siguiendo los lineamientos del Poder Ejecutivo.
Una revisión de lo realizado por Fonatel muestra que sus cuatro programas se encuentran en implementación y con una ejecución presupuestaria del 80% promedio en los últimos tres años.
Actualmente el programa recibió el mandato de brindar Internet y computadora portátil a 46.000 hogares durante 2020 y 2021.
Sutel y los Ministerios de Educación Pública y de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones conformaron, además, una mesa de trabajo para buscar alternativas a los estudiantes de primaria y secundaria que no tienen conexión a Internet.