Las cámaras empresariales calificaron como apresurado el proceso de implementación y obligatoriedad de las factura electrónica impulsado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributación.
Los empresarios presentarán un diagnóstico que resumirá las diferentes situaciones que se están enfrentando y propuestas de solución a las autoridades en los próximos días.
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“No es un buen momento para crear enojo, cuando se discute el plan fiscal”, dijo Alvaro Sáenz, coordinador de la comisión fiscal de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).
Sáenz y representantes de las cámaras de exportadores, turismo y agricultura enumeraron los problemas que enfrentan diferentes sectores para la adopción de la factura electrónica durante el congreso organizado por Deloitte este 31 de julio en el Hotel Crown Corobicí.
Para la Uccaep es apresurado e inoportuno obligar a los contribuyentes a implementar el sistema de factura electrónica en momentos que se valora, como parte del plan fiscal en discusión en la Asamblea Legislativa, la transformación del impuesto de ventas en impuesto al valor agregado (IVA).
El cambio en el tributo implicaría una modificación de los mismos sistemas que se están utilizando en la actualidad.
No es el único problema planteado por los empresarios y los especialistas de Deloitte, a partir de las experiencias que han tenido con las firmas que han implementado los sistemas de facturación.
1. Los proveedores de servicios no están certificados
Hacienda no está certificando a los desarrolladores de sistemas de facturación que se están comercializando.
“Estamos depositando información empresarial y comercial en empresas que no están certificadas”, alertó Sáenz.
La certificación debería garantizar a los contribuyentes que las empresas proveedoras cumplen con los requerimientos para mantener la privacidad, integridad, confidencialidad y seguridad de los datos de las empresas, productores y profesionales independientes.
En Guatemala la Autoridad Tributaria certifica a los proveedores y no se puede usar un sistema de una firma que no esté avalada de esa forma.
En Costa Rica, pese a que la Asociación GS-Uno y los mismo proveedores se lo han planteado, Hacienda y Tributación se niegan a certificar a las compañías y sus servicios.
Otra consecuencia es que no hay uniformidad entre los sistemas ofrecidos.
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2. No se consideran los plazos o ciclos de pagos de productos de agrícolas
Los empresarios afirman que Hacienda no investigó ni preguntó a los productores sobre los procesos de producción, comercialización, entrega de productos y pago, tanto en ventas locales como para exportación donde la cancelación se hace posteriormente.
El problema es que la factura electrónica exige la emisión del comprobante de forma inmediata. Sin embargo, en la realidad los procesos de comercialización no operan así.
Por ejemplo, cuando un productor de leche entrega su producto –ordinariamente hace tres entregas por semana– la compañía de lácteos no le paga contra entrega.
Primero realiza una serie de análisis de calidad y luego hace la cancelación, normalmente una semana después.
En el caso del café, la liquidación de la cosecha tampoco se realiza de forma inmediata a la entrega. Se efectúa ocho meses después.
La situación también se presenta con el como arroz, en la zafra (donde el precio es autorizado por la Liga de la Caña en el siguiente periodo fiscal) y productos perecederos (como las carnes y las frutas) cuya cancelación se realiza semanas o meses posteriores.
Lo mismo ocurre en ganadería, donde el precio final se define después de la entrega del ganado.
“Nos preocupa la premura el apuro que sentimos de la administración tributaria”, señaló Edgar Rodríguez, representante de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.
Rodríguez agregó que incluso la misma Hacienda ha reconocido las limitaciones para cumplir los procesos de contabilidad a nivel de pequeños productores de café y vendedores de ferias de agricultura, al incluirlos en el régimen simplificado, donde no deben usar la factura electrónica.
Otra situación que se da aquí son las dificultades para el uso de la tecnología en algunos segmentos de productores y para diferenciar entre las compras personales y las de las fincas.
Tampoco se consideró el proceso de cancelación de viáticos en las empresas, donde hay un lapso de tiempo entre la emisión de tiquetes o facturas por gastos de ejecutivos o colaboradores y la presentación de sus informes a nivel interno y la liquidación correspondiente.
En el sector de turismo tampoco se puede emitir una factura previa cuando el turista ingresa al hotel o contrata un servicio, pues el comprobante electrónico sólo se puede emitir una vez concluida la venta.
Como medida temporal, las empresas están recurriendo a letras de cambio.
3. Confusión para exportación
Similares situaciones ocurren para el sector exportador, donde hay dudas sobre el uso de la factura electrónica en caso de la contratación de servicios tercerizados.
Los empresarios también señalan que hay tratamientos diferentes a nivel tributario y aduanero.
“Hay una nebulosa”, dijo Mauricio Quesada, representante de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco). “Existe un vacío de información incluso para casos de contingencias”.
En las exportaciones se presentan diferencias de cantidad (por deterioro natural) entre el producto empacado y transportado al puerto y el embarcado finalmente.
Actualmente, en el primer paso se genera una factura provisional y la factura final se elabora normalmente cuando ya se ha concluido el último paso.
Esto no se puede hacer con la factura electrónica, pues la normativa no permite facturas provisionales ni tampoco se permite emitir facturas en fechas posteriores.
La situación también produce otro problema. El certificado de origen debe llevar el número de factura y no puede existir diferencia entre el consecutivo del comprobante finalmente elaborado y el que lleva el certificado.
Una situación adicional se presenta con el comprador de la mercadería, que por ubicarse fuera del país no está en la obligación de brindar la aceptación de los comprobantes electrónicos.
“Se trabaja como en islas”, acusó Carla Coghi, socia de impuestos y lega de Deloitte. “No hay comunicación entre Tributación, Aduanas y Procomer. Hacienda debió acercarse a los sectores. Si lo hubiera hecho se habría minimizado el impacto”.
4. Sin Internet
Las cámaras acusaron a Tributación de no considerar que hay productores que deben recorrer caminos durante horas para llegar a un sitio con disponibilidad de Internet.
La misma Hacienda realizó una consulta de urgencia a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) sobre la situación de la cobertura de Internet.
También hay hoteles en zonas donde no hay cobertura de Internet, lo que impide el uso de la factura electrónica.
5. No modificaron el Código de Comercio
Hacienda no modificó el código de comercio para efectos del cobro de las facturas, lo que también impacta negativamente al financiamiento vía factoreo.
El código de comercio, dijo Sáenz, exige la firma de las facturas.
Al emitir una resolución, que no tiene carácter de ley ni de decreto, no se modificó ni actualizó el código de comercio para que esa firma sea la digital.
Eso, dicen los empresarios, obstaculiza el factoreo y el cobro de facturas en las empresas.
6. “De un mes a otro, no es gradualidad”
Los empresarios también cuestionaron que los calendarios establecidos para el primer y segundo semestre implique la gradualidad en la implementación de la factura electrónica.
Aseguraron que se requiere una “verdadera gradualidad”, que implique un proceso de educación de los contribuyentes y de la población, pues no hay dominio de la materia tributaria.
Asimismo, Tributación debe investigar y dialogar con los sectores para que puedan ver las particularidades de los sectores.
Las cámaras alertaron que tampoco Hacienda tiene suficientes recursos para la atención de los contribuyentes, tanto en el centro de llamadas como en sus oficinas.
Acusaron que falta capacitación de los funcionarios, pues hay un desigual dominio de los requerimientos y de la normativa de facturación electrónica, lo que impide la solución a los problemas que les plantean los contribuyentes.
“Hacienda delega en los contribuyentes toda la responsabilidad”, criticó Sáenz.
