En materia de gobierno digital, Costa Rica presenta situaciones tanto en la columna del haber como en la del debe.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) anunció, a partir de este lunes 22 de junio, la disposición de una plataforma en Internet para la presentación de denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor para cuando las personas consideren que enfrentan algún presunto incumplimiento a sus derechos.
La plataforma en línea, con la que se pretende modernizar la gestión de trámites, se denomina Consumidor CR y sustituye al sistema anterior. Los usuarios deben utilizar este canal para la gestión de casos nuevos y de los que se encuentran en trámite.
El MEIC indicó que el servicio cuenta con una interfaz de navegación, un panel principal para monitorear el estado de los expedientes, un registro de trazabilidad y auditoría, roles de usuario diferenciados y un módulo de atención virtual para la revisión previa de los requisitos.
¿Funcionará como se promete?
Un proyecto que no va conforme a las promesas iniciales es el de Hacienda Digital, que se aprobó finalmente en marzo del 2020, con un crédito original por $156 millones del Banco Mundial.
Seis años después apenas tiene un avance del 21%, tiene habilitados apenas algunos sistemas (como el de Tribu, para presentación de declaraciones y pago de impuestos) y están pendientes los de gestión financiera, administración tributaria y de aduanas, reportó en este mes de junio de 2026 el diario La Nación.
El préstamo otorgado para este proyecto fue calificado por el Banco Mundial como de “alto riesgo”, entre otras razones por la capacidad institucional para implementarlo y sostenerlo.
Está por verse si se completará.
La población y las empresas esperan que los trámites y los servicios de las instituciones públicas mejoren, sean más expeditos, resuelvan las necesidades de cada sector y, en la actualidad, se realicen mediante medios digitales. Las expectativas, sin embargo, son muy superiores a la realidad.
Así lo confirma un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual muestra que Costa Rica presenta rezagos y desafíos en materia de gobierno digital y, en especial, en la implementación de iniciativas en línea, pese a los avances destacados anteriormente.
El DGI analiza a los 44 países de la OCDE, incluyendo 36 miembros y 8 adherentes, y compara los esfuerzos realizados para la transformación digital.
Avances y desafíos globales
El informe de la OCDE muestra que el 69% de los países analizados muestran avances en el acceso a los servicios en línea mediante el uso de la identidad digital.
El puntaje promedio del DGI aumentó un 14% entre 2023 y 2025, pasando de 0.61 a 0.70 (en una escala de 0 a 1).
Asimismo, la mayoría cuentan con una estrategia, programas de formación y usan la inteligencia artificial (IA) en sus gobiernos, principalmente para mejorar los procesos internos y los servicios públicos.
La OCDE resaltó que la mayor parte de los países miembros y adherentes cuentan con infraestructura digital central, sistemas de interoperabilidad (que facilita la disponibilidad de información de la persona cuando realiza trámites en diferentes entidades) y, en términos de gobernanza, avanzaron en estrategias de datos e identidad digital.
Sin embargo, la mayoría no evalúa si las inversiones en tecnologías digitales e inteligencia artificial (IA) están logrando los resultados planteados, quedan lagunas para desbloquear plenamente su valor, necesitan definir regulaciones a la IA y la identidad digital aún no garantiza un acceso directo a los servicios públicos. Un tercio tiene pendiente adoptar la interoperabilidad en forma generalizada.
Además, deben reforzar las bases para usar la IA de forma segura y a gran escala, el apoyo a la adquisición y aumentar la adopción de herramientas como las evaluaciones de riesgos y los registros de transparencia. “El reto para los gobiernos ahora es igualar el ritmo de adopción con una gobernanza bien diseñada, capacidades digitales y evidencia”, señala el reporte.
El ranking del Índice de Gobierno Digital lo encabezan Corea, Australia y Portugal, mientras que el primer país latinoamericano es Chile, seguido por Colombia.
La posición de Corea se sustenta en los avances en gestión de datos (1,00) y en su infraestructura, mientras que Australia se ubicó de segundo por la gobernanza de las inversiones en tecnologías y a su enfoque en el diseño centrado en el usuario y Portugal está de tercero por su infraestructura pública digital y el establecimiento de estándares de servicio con carácter de obligatoriedad.
La puntuación de Costa Rica
La OCDE señala que Costa Rica registra puntuaciones inferiores al promedio de la organización en las dos dimensiones evaluadas, tanto en el DGI como en datos.
En la DGI el país se ubicó en la última posición, a pesar del salto de 0,22 a 0,45 puntos entre 2023 y 2025. En cada una de las dimensiones de este índice, Costa Rica está por debajo de los promedios respectivos de la OCDE. Lo mismo ocurre a nivel de disponibilidad, acceso y uso de datos.
En el primer caso, en el DGI, se avanzó en la integración de tecnologías digitales y en la colocación de las necesidades de los usuarios en el centro del diseño de servicios. Aquí se muestran avances en la priorización de proyectos digitales y uso de métodos como el pensamiento de diseño y sitios web de consulta pública para probar servicios.
Pero los resultados deben mejorar en la gestión estratégica de datos, la capacidad de anticipar necesidades antes de que el usuario las solicite, falta de infraestructuras comunes integradas y estándares de servicios.
En el segundo caso, en datos, los resultados sugieren que Costa Rica enfrenta desafíos sustanciales y que deberá mejorar en la ampliación del rango de conjuntos de datos disponibles, en el desarrollo de mecanismos para promover la reutilización de la información, en interoperabilidad y en la disponibilidad y accesibilidad de datos abiertos.
La OCDE detalla que Costa Rica reporta la ausencia de sistemas de intercambio de datos a través de sistemas interconectados e interoperables, notificaciones digitales, pagos digitales, correo digital e identidad digital.
En materia de gobernanza, la estructura está liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) a través de la Dirección de Gobernanza Digital y la Comisión de Alto Nivel para el Gobierno Digital.
Pero, según el reporte de la OCDE, el país no dispone de un modelo de propuesta de valor, financiación, metodología de evaluación de impacto, seguimiento de proyectos, análisis costo-beneficio ex post, estándares de diseño de servicios, consultas de impacto digital, entrega omnicanal o métricas de rendimiento.
Qué se debe hacer
Las recomendaciones de la OCDE se enumeran en cuatro prioridades:
—Pasar a la adopción masiva: convertir la infraestructura digital compartida, como los sistemas de identidad digital, intercambio de datos y plataformas comunes, en una norma de uso obligatorio para las instituciones públicas.
—Fortalecer la gobernanza de las inversiones y las habilidades: adoptar modelos de financiación por etapas y definir estrategias para el desarrollo del talento digital con el fin de disminuir la dependencia de proveedores externos.
—Escalar una IA confiable: establecer condiciones para el uso de la inteligencia artificial (IA) a escala, incluyendo la capacitación para roles públicos, el uso de registros públicos de algoritmos y la evaluación sistemática de los impactos en la práctica.
—Entregar servicios integrales: aplicar estándares de servicio de manera rutinaria en la aprobación de presupuestos y simplificar la experiencia ciudadana mediante el intercambio seguro de datos entre agencias bajo el principio de una sola vez.
Para Costa Rica, la recomendación indica:
—Reforzar componentes más amplios de su marco de inversión digital: debe avanzar hacia la disposición de un modelo estandarizado de propuesta de valor, financiación, metodología de evaluación de impacto, seguimiento de proyectos y análisis costo-beneficio ex post.
—Desarrollar una supervisión más estratégica de las inversiones digitales.
—Fortalecer las capacidades para la prestación de servicios: diseño de servicios, consultas de impacto digital, entrega omnicanal, métricas de rendimiento y medición de costes de transacción.
