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La creatividad parece ilimitada para presentar proyectos de ley que intentan cubrir necesidades que el Estado no puede resolver con las instituciones y programas existentes.
En la actualidad en la Asamblea Legislativa circulan siete proyectos que tienen en la mira usar recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para diversos fines, incluyendo algunos distintos a los de su creación.
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Otros plantean dejar formalizada la creación de bonos de conectividad a través de leyes, ante la aparente resistencia del Poder Ejecutivo y el rector del sector, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), de tomar decisiones más expeditas y de política pública.
Históricamente los recursos de telecomunicaciones fueron usados por distintos gobiernos latinoamericanos para diferentes urgencias desde que inició la apertura del sector en los años 90.
Cuando se planteó la apertura en Costa Rica, en el Tratado de Libre Comercio de República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos se incluyó un compromiso para destinar recursos a un regulador independiente y a proyectos que cierren la brecha digital.
El compromiso, reiterado en otros tratados posteriores y varias veces refrendado por resoluciones de la Sala Constitucional, se materializó en la Ley General de Telecomunicaciones (No. 8642).
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Así nació Fonatel, como “instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos, así como las metas y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT)”.
Una década más tarde, los legisladores y el Poder Ejecutivo miran a los recursos de Fonatel casi como varita mágica o una caja chica a disposición.
Estas son las propuestas legislativas:
Empleo para mayores de 45 años
El proyecto No. 21.252, presentado por el diputado Carlos Avendaño, propone fomentar trabajo para personas mayores de 45 años, con dificultades de empleabilidad por razones de edad, y plantea utilizar recursos de Fonatel para capacitación tecnológica.
En su artículo 4 se estipula que se destinará un 10% de los recursos de Fonatel a favor del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para el desarrollo de programas de educación para personas mayores de 45 años con énfasis en el aprendizaje de otros idiomas, computación y uso de Internet y herramientas telemáticas.
La iniciativa lleva las firmas de los diputados Eduardo Cruickshank, Melvin Núñez y Giovanni Gómez, así como de las diputadas Mileidy Alvarado y Xiomara Rodríguez.
Fue presentado en febrero de 2019.
Para la industria este es uno de las acciones que deberían ser valoradas a nivel del Micitt para incluirla como política pública en el PNDT.
Asimismo, revela la intención de cubrir una necesidad que las diferentes entidades, como el INA, no estarían resolviendo, lo cual es también más materia administrativa que legal.
Pago de deuda pública
El proyecto conocido como Ley Pagar se impulsa bajo expediente No. 21794 plantea el pago de intereses y amortización de la deuda pública y reforma la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos (No. 9371) del 28 de junio de 2016.
La iniciativa del Poder Ejecutivo plantea que varias instituciones autónomas, fondos y dependencias estatales trasladen al Ministerio de Hacienda “los montos económicos exactos” planteados en el mismo proyecto.
Se incluyen 11 entidades, entre las que está Fonatel que deberá cumplir con ¢40.000 millones. Según el artículo 16 esos recursos están disponibles “en sus superávits institucionales del ejercicio económico previo”.
El último artículo, el 19, indica que Hacienda está obligada a utilizar los recursos para pago del servicio de la deuda del Estado, incluyendo intereses y amortización de la deuda.
Sutel y la industria de telecomunicaciones han reiterado que Fonatel no tiene superávit, que los recursos están comprometidos en proyectos para cumplir el PNDT y que los tratados comerciales firmados por Costa Rica, entre otros, hacen inviable legalmente ese traslado de recursos.
El Micitt estudiaba la viabilidad legal de esta propuesta, pero el tema originó la renuncia de Luis Adrián Salazar y Edwin Estrada como ministro y viceministros de esta cartera.
A la Omar Dengo
La diputada Yorleny León presentó el proyecto que traslada la administración y los recurso de Fonatel a la Fundación Omar Dengo (expediente No. 21.920).
La iniciativa implica reformar la Ley General de Telecomunicaciones de junio de 2008 y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones (No. 8660) de agosto de ese mismo año.
La reforma se enfoca en los artículos de ambas leyes vigentes que están relacionados con Fonatel y en se basa en informes de la Contraloría de 2013, 2015 y 2016 que reportan la lentitud en la ejecución de los proyectos por parte de Sutel.
Asimismo, se indica que los costos administrativos alcanzan hasta casi ¢2.110 millones, un 6,67% de los ingresos del Fondo, lo que demostraría deficiencias tanto de Fonatel como de Sutel.
El proyecto propone que la Fundación Omar Dengo sustituya a Sutel como la encargada de proponer, diseñar y ejecutar los proyectos que el Poder Ejecutivo defina en el PNDT, los cuales serán asignados a los operadores con licitaciones, tal como se realiza actualmente.
La Contraloría General de la República y el Programa Institucional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic), de la Universidad de Costa Rica, advirtieron que no es factible trasladar competencias y funciones del Estado a entidades privadas, entre otras observaciones que plantearon a este proyecto.
Sutel y la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) sostienen que Fonatel incrementó la capacidad de ejecución presupuestaria en los años 2017, 2018 y 2019.
Además, se advierte sobre el incremento del techo en gastos administrativos del 1% establecido en la Ley General de Telecomunicaciones a un 3% como se propone en esta iniciativa.
Acceso a Internet en comunidades
El proyecto Ley de Acceso Universal y Solidario de Telecomunicaciones en todo el Territorio Nacional (expediente No. 21.945) fue planteado por el diputado Óscar Cascante a finales de abril de 2020, ya en plena pandemia del COVID-19.
Para ese momento la euforia por la capacidad de realizar teletrabajo y educación remota habían dado paso a las preocupación por los problemas de conectividad y acceso a Internet.
El proyecto plantea “rescatar” los programas de acceso, garantizar Internet en los hogares en comunidades rurales y urbanas de menor desarrollo y fortalecer la instalación de infraestructura tecnológica.
Para las pymes registradas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio se propone un subsidio del 50% de la tarifa de Internet.
Propone que Sutel sea la encargada de brindar conectividad de banda ancha a centros educativos (1 Mbps mínimo por estudiante) y un subsidio del 50% a estudiantes becados de las universidades públicas y privadas.
Lo que plantea el proyecto ya forman parte de las decisiones que debe tomar el Micitt para integrarlo en el PNDT en forma más expedita, de forma que pase a ser parte de las obligaciones de Sutel.
Economía solidaria
El proyecto de Ley de Fomento Socioeconómico Local (No. 21.970) fue presentado por 13 legisladores, encabezados por Daniel Ulate el 19 de mayo.
La iniciativa propone crear un consejo que impulse el desarrollo territorial y un modelo de “economía social solidaria” como respuesta a la crisis creada por la pandemia.
También crea un fondo cuya administración estaría a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco) y establece la creación de consejos especiales de desarrollo municipal.
La idea del proyecto es que se impulsen empresas comunales, municipales y cooperativas, centros de comercialización y ferias para pequeños y medianos productores, y plataformas “telemáticas” de mercadeo.
Se establece varias fuentes de financiamiento, incluyendo “infraestructura productiva local” y el 5% de las utilidades del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, mientras que Fonatel subsidiará por dos años el pago de Internet a las pymes.
Bono conectividad educativa
El diputado Wagner Jiménez propuso el proyecto de Ley de Creación del Bono Conectividad para la Educación (expediente No. 22.106), el cual fue presentado en estas últimas semanas de julio.
Se basa en el informe del Estado de la Educación, perteneciente al Programa del Estado de la Nación, que alerta sobre la brecha de acceso a Internet a nivel educativo en las regiones.
El proyecto solo tiene dos artículos.
En uno se indica que Fonatel financiará los costos de conectividad a Internet para estudiante de primaria, secundaria y postsecundaria en condición de pobreza, así como de los docentes que atienden poblaciones vulnerables.
El otro artículo obliga al Ministerio de Educación Pública a establecer en 30 días hábiles un reglamento junto con Sutel para definir el perfil de los beneficiarios y los criterios de asignación de recursos.
Este es otro proyecto que la industria considera intenta llenar el vacío provocado por la indefinición del Poder Ejecutivo y del Micitt en la materia.
Pensiones alimenticias
El proyecto de Ley para Garantizar las Pensiones Alimenticias en el Marco de la Crisis Derivada de la Enfermedad COVID-19 (No. 22.019) fue presentado por la diputada Paola Vega.
El objetivo planteado es garantizar el derecho a alimentos de las personas beneficiarias de una pensión alimentaria.
Autoriza, además, la suspensión temporal y excepcional del apremio corporal a personas deudoras de esta pensión, siempre que se cumpla lo primero.
En un segundo artículo indica que tiene aplicación temporal y excepcional.
Crea un Fondo de subsidio de pensiones alimentarias con los ingresos de Fonatel, “mediante el traslado excepcional y temporal de la contribución parafiscal”.
Como en el proyecto de uso de recursos de Fonatel para pago de deuda pública, esta iniciativa podría carecer de viabilidad legal.
