Tarde e insuficiente. Así califican los operadores privados a la directriz del Ministerio de Hacienda que pide a las entidades públicas justificar sus contratos directos de servicios de telecomunicaciones con los dos proveedores estatales.
La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) considera que la medida va en la dirección correcta, pero que debe ser reforzada.
Se requiere, según el sector, una mayor fiscalización de parte de la Contraloría General de la República y la aplicación de las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo de las empresas públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Más que equilibrar la cancha entre proveedores, lo relevante para el país es que las instituciones públicas adquieran sus servicios en condiciones competitivas y a través de procesos transparentes, como lo sugiere la OCDE”, indicó Vanessa Castro, presidenta de Infocom.
Vistazo
Desde hace años se advirtió que las entidades públicas realizan la mayoría de adjudicaciones de telecomunicaciones a través de contratos directos.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y su subsidiaria Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) han sido contratadas por un total de ¢169.912 millones desde el 2013 por diferentes entes estatales.
El 89% del monto corresponde al ICE.
Durante lo que llevamos del 2019, el 75% de los adjudicaciones al Instituto y la totalidad de las adjudicaciones a Radiográfica fueron a través de contrataciones directas.
Solamente el 7% de los contratos con el ICE fueron por adjudicados mediante licitación, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República.
En términos monetarios, el 67% del monto total adjudicado al ICE corresponde a contratos directos y 31% vía principio de contratación administrativa, que en la práctica es un procedimiento similar.
Los representantes de las entidades públicas contratantes alegan que realizan cotizaciones y estudios de los servicios disponibles en el mercado, que la Ley de Contratación Administrativa (7.494) se los permite y que el contrato directo agiliza el proceso.
Positiva
La circular de Hacienda, emitida el 16 de octubre anterior, recordó a las entidades que desde el 2008 las entidades públicas se encuentran en la facultad para contratar a proveedores privados de servicios de telecomunicaciones.
Reconoce, además, que las entidades públicas pueden basarse en los artículos 2 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 del respectivo reglamento para realizar procedimientos contractuales “amparados a la excepción de los procedimientos ordinarios de contratación” con proveedores públicos.
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Tales contrataciones “excepcionadas” deberán acreditar en el expediente los estudios técnicos y legales que determinan la selección del proveedor público, así como analizar su idoneidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Debe apegarse, además, a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, igualdad y libre competencia.
“La directriz emitida por Hacienda apunta en la dirección correcta”, coincidió Juan Manuel Campos, director ejecutivo de Ciber Regulación.
Insuficiente
La directriz no es novedosa.
En agosto del 2015 el mismo Ministerio emitió una circular similar. Ni cambió la tendencia ni garantizó que el Estado tenga acceso a los servicios de telecomunicaciones en las mejores condiciones y a mejores precios.
Para el sector se requiere mayor fiscalización de la Contraloría y aplicar las recomendaciones de la OCDE en el campo de la contratación y la gestión institucional, que se basan en principios de transparencia, competencia abierta y no discriminación.
Infocom insiste que las entidades deberían aprovechar las ventajas de tener un mercado en competencia.
Sería necesario un paso más efectivo. Campos, de Ciber Regulación, aboga por garantizar las condiciones de igualdad y simetría con una reforma a la normativa de contratación administrativa.
Un proyecto de ley (21.546) introducido el 8 de noviembre propone eliminar 26 excepciones con las cuales se realiza una buena parte de las contrataciones en el Estado.
Más que un corolario para un negocio que prácticamente se ha mantenido cautivo para los proveedores estatales, también implicaría que ICE y Racsa deberán encontrar mayores eficiencias para competir por los contratos públicos.
