Tecnología

La interoperabilidad, que facilitaría trámites públicos, sigue en el papel

La Contraloría ordenó al Micitt definir, oficializar y divulgar una estrategia y los instrumentos normativos de interoperabilidad

Cuando un ciudadano o empresa acude a una institución a realizar un trámite, digital o presencial, sus datos deberían estar a disposición mediante sistemas informáticos conectados entre varias entidades, para no tener que andar de institución en institución y de departamento en departamento solicitando y presentando los mismos documentos.

Esa es la interoperabilidad y en Costa Rica, pese a que hace 21 años se mencionó en una conferencia del Ministerio de Hacienda, todavía sigue en el papel. Incluso, el pasado 12 de noviembre, la Contraloría General de la República tuvo que ordenar al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) definir, oficializar y divulgar una estrategia y los instrumentos normativos de interoperabilidad.

En el Micitt afirman que ya casi. “Por parte del Micitt se impulsa un decreto, el cual se espera sea oficializado en los próximos meses, en el tema normativo”, dijo Jorge Mora Flores, director de Gobernanza Digital del Micitt. “En la parte de normas durante el segundo semestre del 2021 trabajamos en una propuesta de decreto que incluye la interoperabilidad y esperamos que se encuentre publicado a inicios del 2022″.

En noviembre, precisamente, se inició el trabajo de la reglamentación de la Ley de la Agencia Nacional de Gobierno Digital (N° 9943) la cual será el ente ejecutor de la interoperabilidad técnica.

“Este reglamento estará para el mes de marzo de 2022. Se inició a nivel técnico una prueba de concepto para el proyecto de Carpeta Personal Digital la cual está incluyendo el sistema de interoperabilidad y se estará concluyendo como prueba de concepto en el primer trimestre del 2022″, agregó el funcionario. De ser así, saldría en la víspera del cambio de gobierno.

El informe de auditoría de la Contraloría recalcó que esas faltas afectan al proyecto de Hacienda Digital, que implementa el Ministerio de Hacienda y que precisamente se fundamenta en la interoperabilidad. La Contraloría llamó la atención de que incluso este proyecto ni siquiera está incorporado en la Cartera Nacional de Proyectos de Gobierno Digital a cargo de Micitt ni está alineado con la Estrategia de Transformación Digital.

“Pese a los esfuerzos realizados por el Ministerio (de Hacienda) para completar actividades que le permitirían iniciar la ejecución del proyecto una vez aprobada la ley del contrato de préstamo, es hasta diez meses después (9 de setiembre de 2021) que se conforma la Unidad Coordinadora del Proyecto”, advirtió el informe.

La Contraloría también encomienda a Hacienda definir, oficializar, divulgar e implementar estrategia de interoperabilidad, el plan integral y los procesos transversales “que aborda el proyecto de Hacienda Digital”, alineada con el Código Nacional de Tecnologías Digitales.

El Micitt reconoce que la interoperabilidad facilita y agiliza la implementación de trámites y gestiones a los usuarios, brindando beneficios como automatización de servicios, reducción de costos, salud ciudadana, transparencia de la información, visión integral de servicios, análisis e inteligencia de datos, escalabilidad y atención proactiva.

Que todas las instituciones trabajen “conectadas” se traduciría en ahorros anuales de más del 8% del Producto Interno Bruto, dice Micitt basándose en el informe de Transformación Digital que la Contraloría General de la República publicó a mediados del 2020.

Qué encontró la Contraloría
Principales hallazgos de la auditoría realizada:
No se cuenta con un enfoque estratégico en torno a procesos transversales a nivel país, con instituciones como Micitt, BCCR y TSE, entre otras, para coordinar acciones, facilitar la articulación de esfuerzos y aprovechar las fortalezas de la arquitectura tecnológica existente que propicie la eficiencia y la calidad de los servicios a la ciudadanía.
No se ha definido la capacidad organizativa y técnica para implementar el proceso de interoperabilidad de acuerdo con lo que establece el Código Nacional de Tecnologías Digitales.
No se han alineado las prioridades respecto a: accesibilidad, usabilidad y experiencia del usuario; identidad y autenticación ciudadana; interoperabilidad; y plataformas de servicio digitales compartidos con la Estrategia de Transformación Digital.
No se ha definido un marco regulatorio que sustente expresamente la interoperabilidad a nivel nacional, ni la estrategia de implementación para Costa Rica, lo que afecta al proyecto de Hacienda Digital.
No se ha definido y documentado la capacidad organizativa y técnica para implementar la interoperabilidad, ni los niveles de interoperabilidad (legal, organizativa, semántica y técnica).
Fuente: Contraloría General de la República, informe DFOE-FIP-IF-00005-2021.

¿Referente regional?

En el Ministerio de Hacienda resaltaron que la Contraloría contempló varios de los planteamientos que se le realizaron. “El órgano contralor valora parcialmente los argumentos establecidos por nuestra institución”, aseguró Alicia Avendaño, directora de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación y directora interina del Proyecto de Hacienda Digital.

El proyecto contempla la integración (ya realizada) de los sistemas de ese mismo Ministerio en las áreas de administración financiera y talento humano, aduanas y tributación. También de 60 programas informáticos que no se comunican, tienen casi tres décadas y generan altos costos de mantenimiento y operación.

Avendaño indicó que en Hacienda se conformó un equipo de 27 personas de diversas dependencias que identificaron 327 requerimientos de intercambio de información. Una parte es con otras entidades (como registro nacional, seguridad social, tribunal electoral y comercio).

“Es necesario revolucionar las formas y mecanismos tradicionales para realizar intercambios de información con entidades y lograr una completa transformación de los trámites y gestiones, para automatizarlos, y de esta forma alcanzar niveles de eficiencia y seguridad no conocidos hasta la fecha”, recalcó Avendaño.

Armar esas otras piezas del rompecabezas implica avanzar en la interoperabilidad a nivel del Estado.

Mora, del Micitt, dijo que las disposiciones de la Contraloría están alineadas con el trabajo que se realiza en gobernanza, transformación digital e interoperabilidad, donde ya se tiene un marco (que incluye protección de datos) y un código de tecnología digitales, tras un año de cooperación técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que fue destacado por la misma Cepal como “referente regional”.

El funcionario reconoció que la estrategia de transformación digital se definió y se dio a conocer en forma tardía (octubre de 2018 y durante 2019, respectivamente). En 2020, debido a la pandemia y un ajuste de prioridades en el Micitt, se “dificultó la incorporación de proyectos en la Cartera Nacional de Proyectos”.

Hacienda Digital fue aprobado en la Asamblea Legislativa en agosto de 2020 como una solución para facilitar el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto público y facilitar la gestión de la deuda.

La solicitud de incorporarse a la cartera de proyectos fue presentada en setiembre de 2021 y a la fecha se encuentra en análisis por parte de la Dirección de Gobernanza Digital del Micitt.

Aquí se revisa si cumple con el Código Nacional de Tecnologías Digitales en cuanto a accesibilidad, usabilidad y experiencia de usuario, seguridad y neutralidad tecnológica, infraestructura y tecnología en la nube e interoperabilidad.

Antes que eso ocurra hay un flujo de 10 proyectos, entre los que se encuentra el certificado COVID-19 QR para nacionales y turistas, tres portales (de gobierno digital, de datos abiertos y de consulta pública), identidad digital y la “implementación técnica de la interoperabilidad”.

Micitt dice aquí ya se tiene el código (donde se define el modelo: cada institución u organización produce y mantiene sus datos e interopera con un ente rector federado, la Agencia de Gobierno Digital), la ley 9943 que encarga a la Agencia de la responsabilidad y el reglamento de estándares para datos de la salud en atención de pacientes y de creación de la Comisión Nacional de Estandarización de Datos de Salud. Pero, hasta ahí.

El Micitt instaló el sistema de interoperabilidad X-Road (desarrollado y utilizado en Estonia) en uno de sus servidores. Hace cinco meses realizó un taller de capacitación con funcionarios de 23 entidades públicas y privadas. Y ahora habrá que esperar.

Aparte que falta la aprobación del decreto ejecutivo, la misma Dirección de Gobernanza Digital concluiría una prueba de concepto hasta el primer trimestre del 2022 “para incorporar a las primeras instituciones”. En el país hay más de 300 entidades públicas.

Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos. Escribe para El Financiero y es autor del blog "La Ley de Murphy".