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La Administración de Guillermo Solís decidió “resetear” la iniciativa de Gobierno Digital, reasignándola a una gerencia de dos personas en el Viceministerio de Telecomunicaciones, reminiscente de la oficina adscrita a Casa Presidencial donde hace 15 años arrancó el programa.
Tras la disolución de la Secretaría Técnica en Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), la rectoría quedaría en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), para lo cual se emitirá un decreto en el primer trimestre del 2016.
En enero se iniciarían los talleres con los sectores públicos y privados para formular la propuesta. “El objeto es dinamizar la estructura actual”, dijo Emilio Arias, viceministro de telecomunicaciones.
Este viceministerio, “como órgano técnico especializado de la rectoría”, definiría la política pública en materia de gobierno electrónico y asumiría la labor de ser el ente articulador del Estado que garantice que se cumplan las disposiciones.
Se deberá dotar a la gerencia de Gobierno Electrónico con los recursos necesarios, pues el mismo Arias admitió la escasez de personal y presupuesto.
El cambio va en concordancia con el criterio de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) y la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), para quienes la rectoría en el Ejecutivo se enfocaría en los temas importantes, evitaría conflictos de intereses y sería más transparente en los temas digitales.
Faltaría que el sistema de compras se ubique en la nueva entidad encargada del gobierno digital, según Fabio Masís, director ejecutivo de Incofom.
Como un decreto no es suficiente, se impulsará después un proyecto de ley que defina el modelo, la estructura orgánica, funciones, competencias y organización de una “secretaría técnica fortalecida” o de una agencia especializada. La ley garantizaría la seguridad jurídica y la estabilidad, lo que no le ocurrió a la Secretaría Técnica.
La nueva instancia sería como el gerente de informática del Estado o Chief Information Officer (CIO), idea que –según el especialista Roberto Sasso– tiene más de 20 años de impulsarse en el país sin éxito. En otras naciones, esa ha sido la vía para impulsar la digitalización de operaciones y servicios estatales, como en el caso de Singapur o de Uruguay.
Evitar errores
Uno de los retos de la nueva propuesta será no repetir la historia de los últimos años.
La Secretaría Técnica de Gobierno Digital fue creada en la Administración Arias como la unidad ejecutora de una comisión constituida por varios ministerios y encabezada, primero por la Vicepresidencia de la República –Kevin Casas en un inicio y Laura Chinchilla después– y más tarde por el Ministerio de Planificación.
En vísperas de la apertura del mercado de telecomunicaciones, fue trasladada al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con la excusa de que ahí tendría recursos para sus proyectos, incluido el de compras públicas (Merlink).
Desde ahí Merlink alcanzó a 75 instituciones, 11.012 proveedores, 16.964 usuarios y 16.151 trámites de compras por $609 millones. Solo en el 2013 se ahorró $101 millones al Estado en precios y papelería, dijo Francisco Calvo, gerente de Racsa.
Con CrearEmpresa, a octubre del 2015, se contabilizaron 22.638 inscripciones de sociedades y la creación de una empresa bajó de 60 a 20 días. La Ventanilla Electrónica de Servicio (VES) ha atendido 20.000 gestiones de renovación de documento migratorio conocido como Dimex, 53.000 de pasaportes y 25.000 de permisos de portación de armas.
Además, se desarrolló el sistema de control de portación de armas (95.318 solicitudes), Regístrelo (la inscripción de productos pasó de 385 a 23 días naturales) y el servicio 1311-CR (573.982 llamadas atendidas sobre información de servicios).
De la mano de varias entidades se conformó un portafolio de nuevos servicios en línea.
La Secretaría Técnica se mantuvo en el ICE a pesar de los llamados de esta misma entidad y diferentes sectores en 2008 y 2012 para crear una agencia. También la Contraloría General de la República, Infocom y Camtic alertaron de la inconveniencia de esta situación en el 2012.
“El problema radica en que provoca desigualdades con los demás operadores y se desvirtúa la naturaleza de dirección de Gobierno Digital”, argumentó Otto Rivera, director ejecutivo de Camtic.
Tras la instalación de la Secretaría Técnica en el ICE, dejó de operar la comisión de Gobierno Digital y quedó al garete la generación de políticas públicas y normas como el impulso a la interoperabilidad de plataformas (que los sistemas se puedan comunicar entre sí para evitar trámites innecesarios).
Aún así, a principios del 2015 el mismo gobierno de Solís –por iniciativa de la exministra de Ciencia y Tecnología, Gisela Kopper, y del vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas– definió que Racsa se haría cargo del “nuevo” Sistema de Compras Públicas (Sicop), basándose en la infraestructura de Merlink.
Simultáneamente el consejo directivo del ICE decidió trasladar y disolver a la ahora llamada División de Gobierno Digital en Racsa.
En agosto se determinó que no era posible mantener las condiciones salariales que tenía el personal de esa división en el ICE. Así debían ser liquidados y luego se les contrataría según los términos de Racsa.
Calvo explicó que el traslado se justifica porque Radiográfica se perfila como empresa de integración en infocomunicaciones y “se tiene mucha similitud” con las iniciativas de Gobierno Digital.
La integración, según lo establecieron los directivos del ICE, se hará en dos etapas: a más tardar el 31 de enero del 2016 deberá estar en planillas de Racsa el personal de proyectos de la Secretaría y antes del 31 de enero del 2017 el personal de las “plataformas y administración del sistema Merlink (Sicop)”.
Toda la experiencia de los 40 funcionarios de la Secretaría Técnica no se rescataría en el Micitt. Emilio Arias explicó que, al estar bajo el esquema laboral del ICE, “no es viable jurídicamente” que migren al Gobierno Central.
Alinear instituciones
El otro reto es generar una política, normativas e iniciativas claras y que alinien a las instituciones públicas, más que con un decreto, con una ley que dé paso a la creación de la agencia.
Cuando la Comisión y la Secretaría Técnica de Gobierno Digital fueron creadas –durante la administración Arias– los planteamientos eran ambiciosos para el ambiente local, especialmente dado a preferir la descentralización y debido a la mezcla de resistencias de las instituciones públicas, sus direcciones de tecnología y hasta algunos de sus proveedores.
“El Gobierno Digital, en cualquier país, requiere un liderazgo centralizado”, dijo Roberto Sasso, presidente del Club de Investigación Tecnológica. “En Costa Rica hay aversión a eso”.
Para ganar voluntades, desde el inicio se apostó al sistema de compras públicas Merlink como el proyecto clave que facilitaría la integración de entidades de Gobierno Central, instituciones autónomas y municipalidades.
También desde el inicio fue evidente el choque contra la barrera de contención creada alrededor del sistema de CompraRed, del Ministerio de Hacienda.
En el camino, hasta los municipios crearon su sistema de compras públicas.
Embarcadas con la instalación de la Secretaría Técnica en el ICE, ni la administración de Laura Chinchilla ni la actual de Guillermo Solís –en estos dos años– aprovecharon este tiempo para impulsar el proyecto de crear una agencia que funcione de modo similar a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) o al Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Ambos pueden ser modelos de cómo operar con más eficiencia.
Ahora se deberá avanzar por el largo laberinto de la “construcción” de un decreto para reasignar la tarea; resolver con claridad el rol de Racsa y los proyectos que venía ejecutando la Secretaría Técnica.
A la subsidiaria del ICE le interesa postularse como unidad ejecutora dada la debilidad de la gerencia de gobierno electrónico en el Viceministerio. Luego con la creación de una ley que concrete la idea del Gobierno Digital en el país, lo que llegaría a tomar forma, algún día, más de 15 años después de que la tecnología empezó a desbordar a las instituciones públicas.
Así funciona en otros lados
Hay varias experiencias en varios países de impulso de Gobierno Digital mediante una agencia.
Uruguay
Agencia: Agesic
Funciones: Formular las políticas, planes y estrategia de desarrollo de Gobierno Electrónico y Gobierno Abierto; asesora a instituciones.
Singapur
Agencia: Infocomm Development Authority (IDA)
Funciones: Trabaja con el Ministerio de Finanzas; define políticas, normas, proyectos y sistemas de Gobierno.
Perú
Agencia: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (Ongei).
Funciones: Rectoría. Lidera proyectos y normativa de Gobierno Electrónico.
Estados Unidos
Agencia: General Services Administration (GSA).
Funciones: Su misión es “entregar valor” e impulsar innovación en servicios tecnológicos de Gobierno.
Colombia
Agencia: Dirección de Gobierno en Línea
Funciones: Establece estrategia y lineamientos de servicios en línea, apoya implementación de planes.
Fuente: Sitios web de las entidades.
