La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) presenta esta semana su descargo ante los casi 30 recursos de objeción contra los carteles del concurso de frecuencias de radio y televisión.
La entidad publicó los pliegos a finales del pasado mes de setiembre y, de inmediato, levantó un polvorín. La industria alega que el proceso incumple la legislación, los precios base para la subasta favorecen a los grandes capitales y no se distingue entre emisoras culturales, religiosas y comunales de las comerciales.
Asimismo, objeta varias condiciones que deberían cumplir los concesionarios pues elevan los costos, ya tienen una amplia cobertura, y son “desproporcionados e irracionales”.
“El espectro (radio)eléctrico es un bien demanial del Estado sobre el cual las personas no pueden ejercer derechos de propiedad”, insistió Glenn Fallas, director general de calidad de la Sutel.
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¿Sutel indicó al Poder Ejecutivo que lo que procedía era la extensión de los títulos habilitantes por cinco años más, para un total de 25?
Todas nuestras actuaciones surgen de 98 solicitudes de prórroga que envió el Poder Ejecutivo en el 2024. Las atendimos oportunamente. Pero el Ejecutivo nos remitió además la instrucción de la licitación. Nos corresponde atender ambas. El decisor es el gobierno.
¿Esos estudios que ustedes realizaron era para extenderlo por 5 años más?
Sí, de conformidad con lo que nos solicitó, era para valorar una prórroga de cinco años, considerando el plazo máximo de 25 años, según la Ley General de Telecomunicaciones o LGT (N.° 8642).
¿Ustedes le dijeron al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) que el procedimiento debía ser ese, el de la extensión?
Nosotros atendimos los requerimientos del Micitt sobre las solicitudes de prórroga, por un lado, y la instrucción para hacer el procedimiento concursal, por el otro. El gobierno decide si da prórrogas o si se inicia el concurso.
Uno de los cuestionamientos es precisamente si la Superintendencia tiene que realizarlo. Se alega que debe ser el Micitt.
No voy a entrar en tanto detalle porque es parte de las cuestiones que se recibieron. Es fundamental considerar las disposiciones de la LGT y de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (N.° 7593) donde hay múltiples potestades de la Sutel en lo que corresponde al espectro radioeléctrico.
El artículo 29 de la LGT le da un tratamiento especial a los servicios de radiodifusión, que dependen de ese recurso. En todo caso son redes de telecomunicaciones, según la misma definición de la LGT. Entonces, pues, les aplica la legislación vigente.
¿Ustedes consideran que se cumple con los requerimientos legales, uno de los primeros aspectos que se cuestionó?
El mismo Poder Ejecutivo lo reconoce y nosotros también.
Uno de los puntos que más se cuestiona es el de los precios para la subasta, que no se sabe de dónde salen.
El espectro radioeléctrico tiene un valor y es un bien demanial. Es del Estado, ningún tercero puede disponerlo como si fuera una propiedad privada y para recibir una concesión se debe pagar al Estado una retribución por el plazo correspondiente.
Debemos llamar a la objetividad. Si algo es muy caro o muy barato, debe haber una referencia respecto a qué. Realizamos un estudio, que está publicado en cada uno de los expedientes de la licitación, donde se hizo una comparativa internacional con otros países que han hecho licitaciones de radiodifusión. Para FM, por ejemplo, se consideraron 305 observaciones de países como México, Estados Unidos y Perú.
Estos estudios no consisten en poner el valor que le dio otro país. Es tomar esos insumos y traducirlos a la realidad nacional: cantidad de personas, ancho de banda, costo y valor nacional del dinero.
Debemos ver los valores anualizados y por mes. Si nosotros tomamos esos valores, por ejemplo en el caso de la región Chorotega, y los dividimos entre 15 años serían $1.600 por año y $136 por mes. Es menos si se consideran 25 años.
Los concesionarios alegan no tener la capacidad para pagar, que no se hace una diferenciación entre las emisoras comunales, religiosas, culturales y comerciales y que todas aparecen como comerciales.
Debemos considerar que la instrucción del Micitt sí hace una diferenciación. Se exceptúa a radios y televisoras de las universidades de Costa Rica (UCR) y Estatal a Distancia (UNED), el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER).
Estamos obligados porque es el Poder Ejecutivo el que define los objetivos, las bandas que incluye y el Plan Nacional de Atribución de Frecuencia (PNAF), que define a las emisoras culturales que debemos respetar. La instrucción emitida indica que se debe buscar el valor del mercado.
Los empresarios dicen que los costos aumentan con varios requerimientos del pliego: las emisoras ubicadas en región central tendrían que cubrir todo el país, la cantidad de transmisores por región y la ubicación de las torres o los transmisores (que no pueden ser en zonas altas).
Hay que considerar los objetivos de política pública y lo que establece el PNAF en función de la libertad de expresión y el acceso de la población a los servicios.
Según las mediciones que se realizan, hay regiones con baja cobertura de radio y televisión. Por eso el PNAF dispone las características técnicas del uso del espectro. Y todo eso nos lleva a plantear el diseño del cartel, para que las personas en zonas rurales tengan un acceso similar a las del Valle Central.
Somos neutrales. Reconocemos la importancia de los servicios de radiodifusión. Pero hay que revisar si la forma en que esto se viene realizando es la óptima.
¿Esos requerimientos aumentan los costos para los concesionarios?
Son los requerimientos que deben cumplir los nuevos concesionarios. Si hay un concesionario con menos transmisores, pues sí se le incrementarán los costos.
Ellos dicen que en la actualidad las coberturas que existen permiten que el servicio llegue a la población.
El informe muestra que hay zonas rurales completamente desprovistas del servicio de televisión.
¿Y en el caso de radio?
También. No hay que ir muy largo: cuando uno viaja fuera del Valle Central se corta la señal en muchas estaciones. Son contadas las que se mantienen durante el recorrido. Conforme llega a zonas rurales decae la cantidad de emisoras a las cuales puedes ingresar.
Uno de los puntos que se cuestionan es que se utiliza la regionalización del Ministerio de Planificación (Mideplan) y que de acuerdo a la ciencia y técnica así no es como las señales se propagan y tienen alcance.
En el expediente de cada licitación están los informes de cumplimiento de política pública que muestran técnicamente por qué las regiones de Mideplan tienen aislamiento radioeléctrico entre ellas.
Las Cámaras indicaron que presentaron casi 30 observaciones al borrador del pliego y Sutel las descartó.
Valoramos todas las observaciones que se presentaron. Sin embargo, una gran cantidad no eran ni sobre el pliego ni el propio planteamiento de la Sutel. Eran sobre la decisión adoptada para el inicio de los concursos.
