El proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) finalmente superó su paso por la Comisión de Gobierno y Administración para llegar al plenario legislativo, el último peldaño antes de ser sometido a votación en primer debate.
El martes 9 de marzo, los diputados de este foro legislativo concluyeron la discusión de las 775 mociones presentadas. El reglamento legislativo confiere a los diputados dos días para presentar mociones a los proyectos de ley, bajo el artículo 137, con el fin de proponer modificaciones al texto. Cada una se revisa y se somete a votación en la comisión legislativa antes de enviar el proyecto al pleno.
Finalmente, los congresistas aprobaron 117 mociones con las cuales introdujeron ajustes importantes a la iniciativa de ley con respecto al texto que presentó el Gobierno el 8 de abril del 2019.
La normativa de empleo público es considerada por el Ejecutivo como la principal reforma estructural de los últimos años y permitiría reducir el gasto corriente en el segundo disparador después de los intereses de la deuda: las remuneraciones de los funcionarios estatales.
Este proyecto es uno de los siete expedientes que se incorporaron en el programa de ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo fin es revertir el déficit primario en un superávit de 1% del Producto Interno Bruto (PIB) al 2023 y bajar la deuda pública al 50% de la producción nacional en 2035.
Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, la reforma al empleo público tendría un rendimiento anual del 0,7% del PIB, es decir, unos ¢243.000 millones en colones corrientes.
Principales ajustes
El controvertido proyecto se discute en medio de un adverso clima político supeditado al acuerdo con el FMI, al ajedrez legislativo de cara a la elección del Directorio el próximo 1.° de mayo, y a los vientos preelectorales del 2022.
Su paso por la comisión estuvo marcado por la aprobación de dos mociones que modificaron el artículo 6 con el fin de dar un trato diferenciado a las universidades públicas.
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Víctor Morales, del PAC, solicitó a los congresistas que reiteren mociones en el plenario (que fueron rechazadas inicialmente en comisión), para aclarar que las universidades públicas deben quedar sujetas al modelo de salario global, pero respetando su autonomía constitucional.
Fue justamente el oficialista junto con diputados de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio y un independiente, quienes aprobaron las tres mociones que abrieron la puerta para que las universidades se autorregulen en materia de empleo público.
Por otra parte, la comisión logró construir acuerdos para saldar −en teoría− dos de los temas más álgidos al calor de esta discusión: la rectoría del empleo público y las convenciones colectivas.
La moción 82 del liberacionista Luis Fernando Chacón le devuelve la rectoría política al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y el ámbito técnico quedará en manos de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).
Mientras que sobre las convenciones colectivas, el principal acuerdo se concretó con la moción 56, la cual establece que no se podrán crear nuevos pluses, compensaciones o incentivos para los empleados públicos por esta vía.
Los diputados todavía pueden hacer más cambios al proyecto de ley por medio de dos mecanismos. El primero es reiterar mociones en el plenario que se deberían aprobar con mayoría simple; el segundo es devolver el texto a comisión y abrirle otros dos días de revisión, lo cual alargaría más el trámite.
Esta iniciativa de ley ingresó a Cuesta de Moras el 8 de abril del 2019 y tras quemar una serie de procesos internos dentro del Congreso, logró llegar a su último paso este miércoles 10 de marzo.
En su camino cercano la iniciativa requerirá de mayoría calificada (38 votos) para lograr su aprobación legislativa, debido a que el Poder Judicial considera que afecta su funcionamiento y organización, tal y como lo aclaró la Corte Plena el 23 de noviembre del 2020.
