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El Gobierno envió este miércoles a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del préstamo por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se trata de un contrato que le permitirá a Costa Rica acceder a un una facilidad Servicio Ampliado (SAF) como parte del programa de ajuste fiscal que se concretó con el Fondo el pasado 25 de enero.
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Este proyecto de ley es independiente, es decir, su aprobación no está ligada al avance o aval del Congreso a las otras seis iniciativas que se tramitan en Cuesta de Moras y que forman parte del plan de ajuste fiscal.
El paquete total de proyectos de ley para implementar este acuerdo fiscal está constituido por:
1- Reforma al empleo público
2- Pago de dividendos de empresas estatales
3- Eliminación de exoneraciones
4- Impuesto a los premios de lotería
5- Renta global dual
6- Impuesto a las casas de lujo
7- Contrato de crédito por $1.750 millones con el FMI
La facilidad de Servicio Ampliado tiene un plazo de 10 años, cuatro años de gracia y una tasa de interés del 2,05%. La Constitución Política establece que todas las autorizaciones de endeudamiento del país deben ser aprobadas por mayoría calificada en el plenario (38 votos).
¿Pronta aprobación?
El pronto aval legislativo al empréstito internacional permitiría que el Fondo haga un primer desembolso por $292 millones, los tractos restantes se girarán cada seis meses conforme avance la implementación del programa de ajustes fiscal negociado con el organismo.
Cada semestre los equipos técnicos del FMI harán exámenes de cumplimiento al país y con base en los avances se desembolsarán los nuevos recursos. Si un proyecto de ley propuesto en el plan no tiene viabilidad política o se cae en el Congreso, el Gobierno puede plantear otra medida que genere el mismo rendimiento fiscal para compensar, pero los giros de dinero se podrían atrasar.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, enfatizó en la importancia de aprobar el crédito para enviar buenas señales a los mercados y calificadoras, y para generar confianza en otras entidades internacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), que tendrían una mejor perspectiva para otorgar más financiamiento al país este año.
“La disminución de las tasas de interés, mayor inversión privada, más obra pública, más empleo y mejor distribución de la riqueza, son los resultados deseables de la estabilidad fiscal producto del proceso de ajuste fiscal que lleva adelante el Estado costarricense. El crédito de $1.750 millones con el FMI constituye una parte indispensable de ese proceso, por eso hago un llamado respetuoso a las diputadas y diputados para que aprueben este empréstito”, indicó Villegas, en un comunicado.
Con el plan negociado, el Gobierno espera revertir el déficit primario en un superávit de 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2023 y bajar la deuda pública al 50% de la producción nacional en 2035.
El ajuste fiscal total iniciaría en 1,06% del PIB este año, pero llegaría al 4,74% para 2025. Una cifra calificada por Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), como “profunda e importante”.
El Gobierno cerró la negociación técnica del programa con el FMI el pasado 25 de enero y el Directorio Ejecutivo del Fondo lo aprobó el 1.° de marzo.
De acuerdo con Villegas, el crédito por $1.750 millones debe aprobarse cuanto antes en el Congreso para poner en marcha el plan y para acceder a nuevos recursos de otros organismos con el fin de cambiar deuda cara por otras más barata.
Contra el tiempo
El ministro recuerda que los otros seis proyectos de ley deben recibir el aval legislativo antes de julio, una condición que por los tiempos del Congreso, por la cercanía de la elección del Directorio el próximo 1.° de mayo y por tratarse de año preelectoral; es difícil de cumplir.
La reforma al empleo público, uno de los proyectos más controvertidos del programa, concluyó este martes fase de modificaciones en la Comisión de Gobierno y Administración, los diputados de este foro discutieron 475 mociones, y ahora el expediente pasará al plenario.
Sobre esta iniciativa, considerada por el Gobierno como la principal reforma estructural en las últimas décadas para reducir el gasto público en el segundo disparador tras los intereses de la deuda, prevalecen algunas dudas como la concesión para que las universidades públicas sigan regulando el salario con base en sus políticas internas y no se sujeten del todo a los nuevos mandatos.
El avance de los otros proyectos es lento en las diferentes comisiones por la dinámica legislativa y por factores políticos como el camino a las elecciones nacionales del 2022.
