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Luego de un atípico periodo de ocho meses de sesiones extraordinarias en las que tuvo en sus manos el control de la agenda legislativa (por una reforma constitucional de los plazos ordinarios), el Gobierno fue incapaz de lograr la aprobación de dos de sus principales prioridades en el Congreso.
La mayoría de los proyectos relacionados con nuevos ingresos de la agenda acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentran estancados en comisiones de la Asamblea; mientras que el andamiaje para poner en marcha el Fondo Nacional de Avales y Garantías –que permitiría subsidiar el acceso a crédito para empresas afectadas por la pandemia– apenas logró su dictamen, tras 10 meses de discusiones.
Los cinco proyectos para oxigenar las arcas del Estado y el texto que pretende apoyar al sector privado en aprietos son las principales apuestas del Ejecutivo para estabilizar la economía costarricense ante dos de sus principales amenazas: un desequilibrio financiero del Estado que amenaza con una crisis de deuda en el mediano plazo y un tejido empresarial que perdió una buena parte de su capacidad de empleo con la llegada de la COVID-19.
La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, consideró en entrevista con EF que las dos son asignaciones pendientes, pero que no serán abandonadas por el Gobierno. También señaló que hubo situaciones que detuvieron el trámite de proyectos, como contagios de coronavirus en el Congreso, el trámite del plan de empleo público (otra de las grandes prioridades del Ejecutivo) y la priorización de otros proyectos de interés para grupos de diputados.
La legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta del Congreso, Silvia Hernández; sin embargo, señaló que la lentitud en el trámite de la agenda FMI y el fondo de avales son un reflejo de una desconexión entre el discurso y la acción del Ejecutivo. Según comentó a este medio, el interés por aprobar estos proyectos no se acompañó de “acciones congruentes para facilitar el diálogo y el trabajo fluido con las distintas fuerzas políticas”.
Grandes atrasos
Tanto los proyectos de la agenda con el organismo internacional como la iniciativa del fondo de avales sufren importante retrasos, en relación con sus expectativas de aprobación o la urgencia con que se anunciaron.
La agenda convenida con el FMI contempla siete proyectos con un efecto fiscal que se esperaba empezar a sentir desde 2021 y que pretendía realizar un ajuste entre gastos e ingresos del 3,4% del PIB, para 2023.
De esos siete proyectos, el programa de financiamiento ya se aprobó definitivamente y el plan de empleo público está en su etapa final; sin embargo, la suerte es distinta para los otros cinco proyectos que, en su conjunto, buscan aumentar los ingresos del Estado en un tercio del impacto total esperado.
Estos proyectos son uno que impondría un sistema de renta global para personas físicas y que aumentaría la base de contribuyentes de ese tributo; otro que reformaría el impuesto a las casas de lujo y uno más que habilitaría un nuevo gravamen a los premios de lotería.
Además, otro proyecto plantea obligar a las empresas del Estado a dar una contribución especial al Ministerio de Hacienda por cuatro años; mientras que una quinta iniciativa busca estandarizar en 15% todas las tasas a las rentas de capital, eliminar la exoneración de renta del salario escolar y aumentar en cinco puntos porcentuales los importes sobre las remesas.
Todos estos proyectos siguen estancados, en etapa de audiencia o consulta, en las comisiones de Asuntos Hacendarios, Asuntos Económicos y Asuntos Jurídicos, en el Congreso; a pesar de que el Poder Ejecutivo las puso en discusión desde finales de 2020 e inicios de 2021.
Las expectativas del Fondo y el Gobierno eran que la gran mayoría de estos planes estuvieran aprobados durante la primera mitad de 2021, según indicaron en enero pasado el ministro de Hacienda, Elian Villegas, y la jefa de misión del FMI que visitó a Costa Rica, Manuela Goretti. Pero ese plazo ya se incumplió y el trámite legislativo está muy lejos de siquiera acercársele.
Por su parte, el proyecto de fondo de avales se presentó desde agosto pasado, como una de las principales herramientas para revertir las cifras de desempleo. El proyecto se anunció justo después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) alertó sobre las peores cifras de desempleo por la pandemia, que cerraron el primer trimestre de 2020 en 24%.
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Sin embargo, 11 meses después y a pesar del reclamo de diversos sectores, el proyecto –que habilitaría al Estado para aportar hasta 75% de los avales y garantías necesarios para ayudar a empresas afectadas por la pandemia a acceder a nuevo financiamiento o readecuaciones de deudas– todavía no se aprueba.
Poca coordinación
Para la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, uno de los principales problemas para avanzar con este tipo de proyectos es una débil gestión política por parte del Ejecutivo.
“Recientemente el Presidente (Carlos Alvarado) señaló que la Ministra de la Presidencia y él habían cumplido, porque ya le habían enviado a la Asamblea Legislativa un conjunto de proyectos de ley para la estabilidad fiscal; pero desde mi óptica eso es muchísimo más que sentarse en un escritorio, imprimir un documento, enviarlo a la Asamblea y decir ya cumplí”, subrayó.
Hernández, además, señaló que la discusión central del proyecto de ley marco de empleo público (21.336), que recién superó su etapa de consulta de constitucionalidad, también acaparó tiempos legislativos y provocó que algunos proyectos quedaran relegados hacia el final de sesiones extraordinarias “sin ningún tipo de consenso político”.
A pesar de las críticas, la ministra Dinarte asegura que el Gobierno trabajará para viabilizar los proyectos de la agenda del FMI y apurar el texto de avales. Según dijo, sobre esta última propuesta solo quedan pocos detalles por definir en relación con qué entidad será fiduciaria de los recursos.
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Tanto Hernández como Dinarte sí coincidieron en que se aprobaron proyectos positivos y que otros más quedaron en marcha.
Destacaron la reestructuración del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el convenio de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la reforma de contratación administrativa y las iniciativas de atracción de inversionistas y de “nómadas digitales”, principalmente.
Asimismo, hicieron énfasis en la pronta posibilidad de aprobar la amnistía para trabajadores informales y patronos por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
