EscucharLa realidad de las empresas estatales deja sensaciones mixtas. Por un lado, ocho entidades registraron ganancias en 2023 (cinco de ellas más que en el año anterior y tres, menos); por el otro, cuatro registraron pérdidas (solo una de ellas en menor medida).
Este recuento de EF recoge la información financiera de 12 de las 13 empresas propiedad del Estado costarricense. El Consejo Nacional de la Producción (CNP), responsable de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), afirmó no contar con sus estados financieros auditados de 2023 hasta el 6 de junio pasado; es decir, más de cinco meses después de concluido ese período.
En consonancia con años anteriores, la operación del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de los bancos Nacional (BNCR) y de Costa Rica (BCR) siguen siendo particularmente rentables.
Pero, a diferencia de las pérdidas de hace solo dos años, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cerró 2023 con los mejores números de la lista de activos del Estado; mientras que la Refinadora de Petróleo (Recope), con pérdidas.
Otras empresas como el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) solo acrecentaron su récord de años consecutivos en números rojos.
¿Rentables o no rentables? Analizamos las cifras de cada empresa estatal.
Empresa por empresa
Instituto Costarricense de Electricidad
El ICE fue la empresa estatal con un mejor balance financiero en 2023, al igual que ocurrió en 2022.
En total, sus estados financieros auditados reflejaron ganancias por más de ¢278.000 millones en ese período, a pesar de que la institución enfrentó un delicado aumento en sus gastos por los efectos del fenómeno de El Niño, que obligó a producir más energía por medio de combustibles.
El Instituto pagó ¢58.068 millones más en combustibles que en 2022 para satisfacer la demanda eléctrica. Sin embargo, también se vio beneficiado por la caída de un 12,2% en el precio del dólar, que redujo el peso de su deuda en esa moneda. En sus estados financieros, se estimó que la ganancia neta por fluctuaciones cambiarias fue de ¢166.000 millones.
No todas las ganancias del ICE se explican por ese efecto cambiario. El Instituto igualmente habría registrado un balance positivo por más de ¢112.000 millones: el más significativo de todo el sector público en 2023, tal como explicó el gerente de Finanzas del ICE, Keiner Arce, el 24 de abril, durante el acto de presentación de los resultados financieros. “Es el mejor resultado histórico en el ICE desde su existencia por encima del de 2022”, remarcó.
El conglomerado del ICE está compuesto por el propio Instituto y también por todas sus subsidiarias. Ellas son la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Radiográfica Costarricense (Racsa), la Compañía Radiográfica Internacional Costarricense y Gestión de Cobro.
Bancos estatales
El Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, por otra parte, generaron ganancias por varios miles de millones de colones (como suelen hacer). A pesar de que el negocio bancario enfrentó un año complejo en 2023, el BN registró utilidades por más de ¢37.700 millones (ligeramente superiores que las de 2022); mientras que el BCR, por más de ¢22.000 millones (menos de la mitad que en el año anterior).
Según explicaron especialistas del mercado bancario a EF, a finales de 2023, las altas tasas de referencia empleadas por el Banco Central para frenar la inflación redundaron en menores utilidades por intermediación financiera; lo cual se reflejó en la cartera de crédito. Según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el acumulado de los bancos costarricenses llegó a sufrir una caída del 3,9% interanual en ese rubro, a mediados del año pasado, para poner la situación en contexto.
En cuanto a la caída en el tipo de cambio, esta afectó principalmente las ganancias de las entidades financieras con una cartera más dolarizada. Esa realidad, sin embargo, está mucho más ligada a los bancos privados.
A pesar de las complicaciones del 2023, le gerente general interina del BN, Rosaysella Ulloa, aseguró en marzo que los resultados de ese período son muestra de “liderazgo, solidez y solvencia” del banco, que continúa siendo el más influyente del país por su tamaño.
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Instituto Nacional de Seguros
Al igual que los bancos estatales, el Instituto Nacional de Seguros mantuvo su tradición como generador de ganancias. Las utilidades del INS fueron de ¢27.400 millones en 2023, aunque cayeron un 21% en la comparación interanual.
La entidad atribuyó esta reducción al comportamiento del tipo de cambio. Sin la apreciación de más del 12% del colón frente al dólar, indicó el Departamento de Comunicaciones a EF, las ganancias habría alcanzado cifras de ¢59.834 millones en 2022 y ¢89.799 millones en 2023.
Además, la institución recordó que los resultados de cada año por parte del INS ya de por sí sufren rebajos por cerca del 50% de las utilidades; un porcentaje que se redistribuye en dividendos para el Estado, impuestos, contribuciones al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IV) y otros rubros a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otros.
“Esos son los números que realmente reflejan lo que está generando el negocio. El tema del tipo de cambio es una variable exógena”, subrayó la entidad sobre su comportamiento en el período 2023.
Junta de Protección Social
La Junta de Protección Social, por otra parte, generó ganancias por poco menos de ¢3.700 millones en 2023: un monto similar al de años recientes.
La mayor parte de los ingresos de esta entidad, sin embargo, se destinan casi inmediatamente a instituciones de bien social en campos como el cuido de adultos mayores o personas con discapacidad, a la atención de pacientes de cáncer o en cuidados paliativos, a hospitales y clínicas, etc.
La institución registró ingresos por venta de loterías y juegos de azar por ¢255.686 millones en 2023, un 16% más que el año anterior.
Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Otra empresa estatal que cerró en números positivos fue el AyA. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados concluyó 2023 con utilidades por ¢2.500 millones: una situación que contrasta con los números de la entidad entre 2015 y 2022, período en el que sumó pérdidas por varios miles de millones de colones (de entre ¢8.500 millones y ¢23.300 millones al año).
¿A qué respondió la mejoría de 2023? Según los estados financieros, los ingresos de la entidad aumentaron un 2% por el servicio de acueductos, un 3,8% por el de alcantarillados y un 4,7% por el de hidrantes. Estos factores implicaron un incremento de más de ¢4.000 millones en sus dineros recibidos; a lo cual se sumaron ingresos financieros por más de ¢8.100 millones relacionados con la apreciación del colón frente al dólar.
La situación del AyA, sin embargo, sigue siendo endeble. El propio presidente de la institución, Juan Manuel Quesada (quien fue nombrado a inicios de año en el cargo), reconoció en una reciente entrevista con EF que la administración de la entidad ha sido deficiente y que “no ha habido” la cantidad suficiente de obra pública para atender las necesidades crecientes suministro de agua por parte de la población.
Asimismo, la Contraloría General de la República (CGR) señaló en un reciente informe sobre la entidad que “la gestión ineficiente del portafolio (de inversiones) ha llevado al AYA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios”. Esto, añadió propicia que “cada año se incremente la proporción de ingresos para destinarla al pago de obligaciones”.
Correos de Costa Rica
En cuanto a Correos de Costa Rica, que sufrió una pequeña interrupción en su tendencia de generación de utilidades en 2022, recuperó las cifras positivas en 2023.
Según su memoria institucional de ese año, registró ganancias por ¢1.246 millones, luego de haber reportado pérdidas por ¢555 millones en el período inmediatamente anterior.
El resultado de 2023, indicó el presidente de la Junta Directiva, Harold Montero, en el mismo documento, es “el mayor superávit en la historia de la empresa”.
Asimismo, el gerente general, Mauricio Rojas, agregó en el mismo documento que la entidad superó sus récords en envíos procesados y pasaportes tramitados, al tiempo que fortaleció sus canales de autogestión para facilitar el acceso a servicios.
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
El Incop, que administra los puertos del Pacífico, también obtuvo ganancias. Sus utilidades fueron de ¢564 millones en 2023; sin embargo, la cifra apenas superó la tercera parte del beneficio que había registrado en el año inmediatamente anterior.
Según los estados financieros de la institución, Incop sufrió pérdidas contables de hasta ¢1.070 millones por la apreciación del colón.
La empresa también experimentó una reducción en sus ingresos por servicios (de 5,4%, según su resumen financiero) y por cobros de canon (16%); contabilizada en unos ¢836 millones y, según el criterio de la entidad, la situación también habría estado relacionada con los efectos del tipo de cambio.
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Consejo Nacional de la Producción
El CNP, que incluye a la Fábrica Nacional de Licores, indicó ante la consulta de EF (el 6 de junio pasado) que sus consultores privados aún no terminan de auditar los estados financieros de 2023. Además, añadió a través de su oficina de comunicación que no deseaban remitir balances preliminares.
La situación de esta entidad, sin embargo, es tradicionalmente deficitaria desde 2016, cuando presentó utilidades por última vez.
En 2022, las pérdidas de la institución superaron los ¢4.500 millones.
Sistema Nacional de Radio y Televisión
El Sinart, como ha sido la costumbre de la red de medios de comunicación del Estado, registró pérdidas en 2023. El balance negativo alcanzó los ¢884 millones: el peor registro en los últimos cinco años.
Los números negativos han acelerado un proceso de reestructuración interna en la institución que inició desde 2020 y ahora se ha tenido que amplificar.
El presidente ejecutivo Fernando Sandí alertó sobre una posible “quiebra técnica” a inicios de este 2024, ante el desequilibrio entre ingresos y gastos que se ensanchó hasta los ¢362 millones en el primer trimestre del año.
Según calificó el jerarca en una audiencia legislativa, es “urgente” reducir la estructura de costos de la institución, que ha experimentado una reducción en sus ingresos por transferencias del Estado, por pauta de otras instituciones públicas y por las actividades comerciales de su agencia de publicidad.
Para continuar con su reestructuración, el Congreso aprobó el 17 de mayo pasado una asignación presupuestaria al Sinart por unos ¢1.000 millones con la que, entre otras cuestiones, podría despedir, liquidar o trasladar a otras instituciones a 78 funcionarios (36% del personal).
Refinadora Costarricense de Petróleo
Recope registró pérdidas por casi ¢1.000 millones en 2023. Este monto difiere de los estados financieros anteriores, en los cuales se solían apreciar utilidades por varios miles de millones de colones.
La entidad encargada del suministro de combustibles en Costa Rica atribuyó la situación a supuestas distorsiones en la metodología de fijación de precios que utiliza la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) desde 2022.
”Aresep tiene en la metodología una variable denominada “diferencial de precios”, que se estipuló hace muchos años, antes de que se cambiara la fórmula en mayo del 2022. (...) El precio que se fijaba a los consumidores estaba en función de estimaciones y, entonces, era necesario integrar una variable que le devolviera a los costarricenses el dinero que se había pagado de más o devolverle a Recope el dinero que perdió, a raíz de estimaciones inexactas”, explicó Karla Montero, gerente general de Recope, a través de un comunicado de prensa. “Desde mayo del 2022, la metodología calcula la tarifa con información real del costo de adquirir el producto en el mercado internacional, por lo que no es necesario integrar ese “diferencial de precios”, reclamó.
Sobre estos reclamos de Recope, Aresep ha justificado que las metodologías vigentes obligan a aplicar ese ajuste cada seis meses, en marzo y septiembre de cada año, “en estricto apego a la técnica y a la ley”.
Junta Administradora Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica
Japdeva, otra institución tradicionalmente deficitaria, registró pérdidas por poco más de ¢1.200 millones en 2023. La entidad caribeña, sin embargo, estabilizó sus niveles de pérdidas en cifras relativamente menores, luego de registrar desajustes de hasta ¢18.500 millones en 2019 y ¢9.700 millones en 2020.
La situación de Japdeva en últimos años implicó la necesidad de aplicarle varios rescates financieros por parte del Gobierno Central y de girarle créditos, por unos ¢55.000 millones, para mantenerla a flote. Al mismo tiempo, la entidad ha aplicado un plan de reestructuración interna y de disminución de su personal.
Consultado por el periódico La Nación a finales del año pasado, el gerente administrativo de la Junta, Anner García, explicó que la empresa ya había llegado al punto de trabajadores requeridos, pero que solo podría llegar a un equilibrio definitivo de cuentas si se materializaban nuevos negocios o Aresep aprobaba un aumento de tarifas para la entidad. Este último objetivo se logró en diciembre pasado, después de 11 años sin ajustes, y según estimaciones iniciales el cambio podría representar ingresos adicionales por hasta ¢13.300 millones anuales.
El efecto final de este cambio, sin embargo, se observará hasta la cuentas de este 2024.
Instituto Costarricense de Ferrocarriles
Por último, el Incofer fue la empresa del Estado que registró más pérdidas en 2023, con un monto cercano a los ¢6.700 millones. La entidad encargada del servicio de trenes no ha logrado llevar a destino sus planes para dejar atrás años de pérdidas sostenidas, las cuales hasta ahora han sido subsidiadas con transferencias del Estado.
Incofer además perdió a su presidente, Mario Arce, en octubre. Él fue destituido y en su puesto fue nombrado Álvaro Bermúdez; quien aseguró en una reciente entrevista con EF que, en las condiciones actuales de la empresa, “para que el servicio de tren sea rentable, la tarifa tendría que alcanzar los ¢3.000″.
Para dar un mejor servicio y ampliar horarios de atención, el nuevo jerarca considera que el Estado tendría que subsidiar aún más a la entidad. Sin embargo, por ahora se hace “todo lo posible” para incrementar la gestión de los permisos de uso, los ingresos por publicidad y el transporte de carga hacia el Atlántico, que cada vez toma más fuerza como fuente de ingresos para la institución.
Planes de venta
El presidente Rodrigo Chaves ha planteado su deseo de que el Estado venda algunos de sus activos para pagar alguna fracción de la deuda pública y aumentar así la capacidad estatal para invertir en otros campos. Con ese objetivo, ha señalado e impulsado la venta del BCR y del INS (un 49% de su propiedad); así como de la Fanal y del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), en menor medida.
El expresidente del Incofer, Mario Arce, también planteó la posibilidad de convertir a esa entidad en una empresa mixta, de capital público y privado. Pero finalmente se desistió de esa idea.
Ninguna de estas propuestas, sin embargo, ha logrado mayor éxito en el Congreso y tampoco cuentan con respaldo popular, según las encuestas más recientes de la Universidad de Costa Rica (UCR). En su último estudio de opinión política, el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) determinó que solo un 32,7% de los costarricenses apoya los planes de privatización del Ejecutivo.
