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La nueva legislación impulsa beneficios fiscales para aquellas personas extranjeras que quieran invertir en Costa Rica, bajo distintas figuras migratorias. (Foto: Rafael Pacheco) (Rafael Pacheco Granados)
Costa Rica contará con una nueva normativa para brindar exoneraciones y atraer a personas extranjeras que quieran invertir sus capitales en el país, bajo las categorías migratorias ya existentes de rentistas, inversionistas y pensionados.
Se trata del proyecto de ley para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados (22.156), que recibió su visto bueno definitivo en el Congreso este 22 de junio, tras poco menos de un año en corriente legislativa.
Quienes impulsaron el texto aseguran que servirá para dinamizar la economía; sin embargo, existen dudas sobre el verdadero impacto.
Los beneficios fiscales que plantea otorgar la nueva ley se girarían durante los próximos cinco años y las personas que accedan a ellos los mantendrían por un plazo de 10 años desde su otorgamiento.
EF revisó la iniciativa recién aprobada por el Congreso, a la cual únicamente le resta la firma del presidente Carlos Alvarado para convertirse en Ley de la República.
¿Para quiénes aplica la ley?
El texto dice aplicar para aquellas personas consideradas inversionistas, rentistas y pensionados, según la Ley General de Migración y Extranjería (8764); como una forma de “contribuir a la reactivación económica costarricense en un período pospandemia de COVID-19″.
Esta ley permite al país otorgar residencias temporales y define a los rentistas como aquellas personas que puedan comprobar que disfrutan de rentas “permanentes y estables, provenientes o generadas del exterior”, de al menos $2.500 mensuales.
“Con dicho monto, el interesado podrá solicitar su permanencia legal, la de su cónyuge y la de sus hijos menores de veinticinco años o los hijos mayores con discapacidad”, dice el artículo 82 de la normativa vigente.
Por su parte, la nueva ley define como inversionistas a las personas que, por el plazo de la ley, declaren una inversión de al menos $150.000, según el tipo de cambio oficial del Banco Central (BCCR), en “bienes inmuebles, bienes inscribibles, acciones, valores y proyectos productivos o de interés nacional”.
Este monto reduce el actual requerido para acceder de a una residencia temporal como inversionista, que es de $200.000, según el artículo 87 del Reglamento de Extranjería y Créa Día del Costarricense en el Exterior (37112-GOB).
También se incluirá como inversionistas a quienes inviertan en fondos de capital de riesgo o en proyectos de infraestructura turística sostenible.
¿Qué beneficios obtendrían estas personas?
La normativa establece cinco posibles incentivos para los rentistas, inversionistas o pensionados que quieran trasladarse al país:
- Exoneración para la importación de menaje de casa (muebles, electrodomésticos, artículos de decoración, utensilios de cocina, etc.), por una única vez (o reemplazo no gravado por robo o destrucción en Costa Rica)
- Exoneración para la importación de hasta dos vehículos de transporte terrestre, marítimo o aéreo
- Exoneración de impuestos para las sumas que declaren como ingresos para acceder a los beneficios (no de las rentas que generen sus inversiones en Costa Rica)
- Exoneración de un 20% del impuesto al traspaso de bienes inmuebles adquiridos en el país
- Exoneración para la importación de instrumentos o materiales para el ejercicio profesional o científico de su actividad económica
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¿Cómo tendrían que solicitar el beneficio?
La nueva ley establece que el Ministerio de Gobernación y Extranjería deberá disponer de una “ventanilla única” para atender estas categorías. Los detalles del proceso quedarán sujetos a la reglamentación que haga el Poder Ejecutivo, la cual deberá estar lista en un plazo máximo de 60 días después de la entrada en vigencia de la regulación.
La norma sí establece que quien altere o falsifique documentos para acceder a los beneficios será sancionado con una multa equivalente al 10% de los impuestos que le fueron exonerados, además del pago de los mismos, “sin perjuicio de otras sanciones administrativas o penales que correspondan”.
También dice que el beneficiario podrá renunciar a su condición, en cuyo caso deberá cancelar los impuestos de los que fue eximido.
Lo mismo se menciona para aquellas personas a las que se les retire el estatus por razones fundamentadas en la Ley de Migración, como constituir “una amenaza en materia de seguridad y orden públicos”.
¿Qué beneficios traerá la nueva ley al país?
La propuesta la presentaron Mileidy Alvarado, de Restauración Nacional (PRN); María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN). La diputada Solís aseguró durante la discusión de la iniciativa en primer debate que esta únicamente se trata de un mecanismo adicional para atraer inversión extranjera.
“Nos hace competitivos con países como nuestro vecino Panamá, que ofrece condiciones más atractivas económicamente hablando, con mayor infraestructura vial y más barato para vivir”, aseguró Solís.
No existen mayores cifras ni proyecciones certificadas sobre el impacto de la iniciativa; sin embargo, un análisis económico hecho por Servicios Técnicos del Congreso determinó que estas exoneraciones podrían generar impactos positivos a través de mayor consumo y empleo, pero que eso dependerá de “la cantidad de personas que ingresen por esta propuesta y del nivel de ingresos que posean y agreguen a la economía”.
No obstante, también determinó que no se puede hablar de esta iniciativa como un plan que permita reactivar la economía en términos generales, porque “su implementación depende de una serie de variables exógenas, de las decisiones personales de personas de otras culturas y expectativas”.
En 2019, año prepandemia, Costa Rica aprobó 248 solicitudes de residencia para pensionados extranjeros, 169 para rentistas y 261 para inversionistas.
¿Qué críticas ha recibido la normativa?
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) advirtió sobre la necesidad de establecer controles más fuertes, para evitar que los beneficios atraigan a capitales producto de actividades delictivas. Entre otras recomendaciones, planteaba prohibir que se traslade dinero en efectivo y ejercer un mayor escrutinio a aquellas personas que renuncien a los beneficios, recomendaciones que finalmente no fueron contempladas.
Ante esos señalamientos, la diputada Solís había asegurado que para atender esas inquietudes ya existen los controles de la Ley General de Migración, entre otras.
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y exministro de Economía, Welmer Ramos, criticó también que el proyecto exonera recursos a personas extranjeras de mayor capital, al tiempo que se impulsan reformas en impuestos como un sistema de renta global que reduciría el mínimo exento salarial de los nacionales.
