Por: Manuel Avendaño A..   15 octubre, 2018

La intensa discusión sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es apenas el primer paso de una serie de reformas que necesita el país para lograr el equilibrio financiero y dejar atrás su apremiante déficit fiscal.

El siguiente es una reforma al empleo público y no solo para el Gobierno Central, sino también para todas las instituciones del Estado.

El primer borrador del proyecto de ley de reforma al empleo público saldrá a la luz a finales de este año y llegaría a la corriente legislativa en el primer trimestre del 2019. Así lo pactaron el 23 de agosto, en Casa Presidencial, el Gobierno y la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).

Los detalles sobre las modificaciones que tendrá este nuevo texto todavía son una interrogante, pero la iniciativa ya se gesta en el Ministerio de Hacienda.

La reforma fiscal aprobada en primer debate, el viernes 5 de octubre, contiene modificaciones en el pago de incentivos, pero estas acciones son insuficientes.

El Gobierno quiere recortar el insostenible crecimiento de la planilla estatal, pero también pretende generar mayor eficiencia en las instituciones mediante una nueva ley de empleo público.

En la Asamblea Legislativa, Wagner Jiménez, diputado del PLN, presentó el martes 9 de octubre un proyecto de ley para proteger el pago del sobresueldo que reciben los docentes por el recargo de “labores especiales” de índole administrativa.

Este texto -que goza de la venia del Ministerio de Educación Pública (MEP)- es una corrección que acordaron las bancadas legislativas tras la aprobación de la reforma fiscal en primer debate.

Una reforma mayor

El pasado 30 de mayo, pocas semanas después de asumir el poder, el gobierno de Carlos Alvarado anunció una serie de 28 medidas para contener y recortar el gasto público. El grueso de estas acciones apuntaban a los principales disparadores que son el pago de incentivos y pluses salariales en el sector público.

El Ejecutivo puso en marcha cinco directrices y cuatro decretos para implementar las medidas de contención del gasto público, entre las que destacan que el aumento de los salarios se hará con base en un monto fijo. También se impusieron límites al crecimiento de incentivos como las anualidades, la carrera profesional y la dedicación exclusiva.

El 1.° de junio, Carlos Alvarado y Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, explicaron en conferencia de prensa en Casa Presidencial, que es urgente aprobar una nueva ley de empleo público.

El Gobierno anunció, inicialmente, que el proyecto para reformar los salarios de los trabajadores del Estado y para buscar mayor eficiencia en las instituciones públicas, llegaría al Congreso en un plazo de 12 meses. El mensaje no gustó en las filas del PLN.

“No hay despidos, ni reducciones en remuneraciones actuales, ni violación alguna en derechos adquiridos. Un país, para progresar, necesita del apoyo de los funcionarios públicos, que trabajemos en conjunto para llevar a cabo la tarea”, Carlos Alvarado, presidente de la República.

Alvarado aclaró que esta propuesta de ley buscará crear un nuevo sistema de salarios para los empleados públicos que empiecen a trabajar en el futuro. El texto también propondrá un nuevo sistema de evaluación para los trabajadores del Estado.

Las negociaciones políticas previas a la aprobación de la reforma fiscal llevaron al Gobierno y a la bancada liberacionista a sellar un pacto. Tras una reunión en Casa Presidencial, los diputados del PLN acordaron dar sus votos -17 en teoría, 15 en la práctica- para apoyar el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a cambio, el Gobierno debía acelerar la redacción del borrador de la reforma de empleo público para que esté listo a finales del 2018.

“El Gobierno se comprometió a construir un primer borrador con los lineamientos que debe tener la nueva ley de empleo público en temas como rectoría y medidas a aplicar, pero ese texto estará listo a finales de año con el compromiso de que el proyecto final esté listo en el primer trimestre del 2019”, Silvia Hernández, diputada del PLN.

La fracción del PLN espera recibir la primera versión del texto en noviembre y empezar un trabajo conjunto de cambios con el Gobierno y otras fuerzas políticas para que llegue a la corriente legislativa en el primer trimestre del 2019.

Para complementar la reforma del empleo público, los verdiblancos también pidieron al Ejecutivo convocar de manera sostenida durante las sesiones extraordinarias del Congreso, los proyectos de ley de teletrabajo, educación dual y alianzas público-privadas para el desarrollo de obra pública.

Primeros recortes

Rocío Aguilar trazó la ruta para lograr el equilbrio financiero del Estado. El 31 de mayo, la jerarca aseguró en el plenario legislativo que se requieren tres pilares para reducir el déficit: implementar las acciones para contener el gasto público, aprobar la reforma fiscal y reformar el empleo público.

Las acciones implementadas por el Gobierno para contener el crecimiento del gasto en el pago de incentivos y pluses salariales a empleados públicos generaron un ahorro de ¢79.722 millones entre abril y octubre de este año.

Si la reforma fiscal supera el tamiz de la constitucionalidad y logra su aprobación en segundo debate, se introducirían una serie de modificaciones que atacan directamente a los principales disparadores del gasto dentro del rubro de las remuneraciones.

Por ejemplo, la compensación por dedicación exclusiva que actualmente se paga en un 65% para quienes tienen licenciatura y 30% para bachillerato, se recortará a la mitad en ambos casos, es decir 30% para licenciatura y 15% para bachillerato.

El pago de anualidad se otorgará únicamente a los empleados públicos que obtengan la calificación de "muy bueno" o la nota del 80% y serán evaluados por un mecanismo de seguimiento cuantitativo. Las jefaturas solo aportarán el 20% del total de la nota.

El proyecto 20.580 contempla más límites al pago de anualidades, carrera profesional y otros incentivos salariales. Sin embargo, estas acciones apenas permiten atenuar el crecimiento del gasto corriente (salarios, transferencias y pensiones).

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR), puso en evidencia que, en 2016, el 99,9% de los funcionarios del Régimen del Servicio Civil obtuvo una nota que les permitió recibir el pago del incentivo salarial por desempeño.

La Contraloría indicó que en la actualidad en la medición por desempeño no existe ninguna relación con el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emplean una estructura de remuneraciones conformada por un salario base que represente el 90% del sueldo y los incentivos tienen un peso de apenas el 10% del dinero que se paga cada mes.

El Gobierno trabaja en el proyecto de ley para reformar el empleo público y los detalles sobre el contenido del texto todavía no trascienden. Sin embargo, el equilibro financiero del país se logrará con la implementación de la reforma fiscal y con un Estado más eficiente que reduzca el gasto en salarios públicos.