Por: Manuel Avendaño Arce.   28 agosto, 2019
El puerto Gastón Kogan de Moín, administrado por Japdeva, reporta menos trabajo desde la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) operada por APM Terminals. Fotografía: Jorge Castillo.
El puerto Gastón Kogan de Moín, administrado por Japdeva, reporta menos trabajo desde la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) operada por APM Terminals. Fotografía: Jorge Castillo.

Los trabajadores de la la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) tendrán un mes para elegir el camino por el cual saldrán de la planilla de la institución, una vez que entre en vigor un proyecto de ley aprobado por el plenario legislativo la tarde de este miércoles.

En una ajustada votación, con 38 sufragios a favor y 12 en contra, el Congreso avaló en primer debate el proyecto de Ley de Transformación de Japdeva y Protección de sus Personas Trabajadoras (21.426).

La iniciativa todavía debe someterse a segundo debate el próximo jueves 5 de setiembre para quedar en firme y cuenta con el rechazo de los diputados del Partido Restauración Nacional (PRN), los del bloque Nueva República y de David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Las opciones para salir de la institución portuaria son un traslado horizontal a otras entidades del Gobierno, un complaciente bono por renunciar y un régimen de prejubilación al que podrían optar solamente 276 funcionarios.

Estas alternativas tiene como objetivo reducir entre un 70% y un 80% la planilla de entidad portuaria, integrada actualmente por 1.186 trabajadores.

La nueva normativa permitirá que Japdeva se quede con un grupo de entre 356 y 237 empleados para alcanzar un tamaño sostenible que le permita superar la crisis financiera y dedicarse a la venta de servicios portuarios, diversificación de negocios, desarrollo de proyectos con impacto social y, gracias a la ley, comercialización de consultorías, asesorías y capacitación para clientes locales e internacionales.

La aprobación de este texto, que todavía debe ser votado en segundo debate, se complementa con un presupuesto extraordinario por ¢5.753 millones que recibió la aprobación legislativa el pasado 23 de julio. Ese dinero se destinó para financiar el pago de salarios de los trabajadores de Japdeva por tres meses.

La intención original del Gobierno era obtener un presupuesto extraordinario por ¢23.679 millones que se iban a destinar de la siguiente forma: ¢16.237 millones para financiar los bonos, preavisos, liquidaciones y censantías de sus empleados; ¢5.753 millones para pagar salarios por un trimestre y ¢1.689 millones para el primer año del régimen de prejubilación.

Sin embargo, los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios decidieron recortar el monto y solo dieron sus votos para inyectar recursos de emergencia que permitieran sostener la planilla por tres meses más, mientras avanzaba la discusión del proyecto de transformación de la junta portuaria.

Bonos para renunciar

Para animar a sus trabajadores a que se vayan, la entidad portuaria creó un complaciente programa de movilidad laboral.

El artículo 4 del proyecto de ley que el Gobierno presentó el 28 de mayo, llama a esta bonificación “incentivo adicional por transformación institucional” y reconocerá el pago de la cesantía proporcional a los años de servicio laborados de forma continua e ininterrumpida, hasta un máximo de 12 años.

El incentivo entregará ocho meses de salario promedio de los últimos seis meses laborados a quienes ganan menos de ¢1 millón bruto al mes. Por ejemplo, un trabajador que gana ¢850.000 cada mes, podría recibir ¢6,8 millones con este bono adicional.

Mientras que para quienes ganan más de ¢1 millón al mes, el incentivo será de cuatro mensualidades de salario promedio con base en los últimos seis meses de trabajo.

Si se toma el salario promedio de los trabajadores de Japdeva, que es de ¢2,1 millones mensuales, quiere decir que un empleado se retiraría con su liquidación legal más un bono de ¢8,4 millones.

Los funcionarios que opten por esta modalidad no podrán ocupar nuevos puestos en el sector público durante los siguientes 12 meses.

Quienes se acojan a la prejubilación no podrán pedir el pago de este bono.

Régimen prejubilatorio

El proyecto crea un sistema prejubilatorio que se incluirá en el régimen de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, un modelo que ya estaba cerrado.

El pasado lunes 27 de mayo, el Gobierno anunció que se endeudará por ¢225.380 millones ($380 millones) para cubrir el 21% de las pensiones con cargo al presupuesto que debe pagar este año a 61.360 personas.

En el sistema de pensiones con cargo al presupuesto existen tres regímenes prejubilatorios creados para funcionarios del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop). A estos se sumaría el de Japdeva.

Esta modalidad se podrá aplicar para los empleados que tengan 55 años o más, y que cuenten con 25 años de cuotas reportadas ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

No podrán beneficiarse de este sistema quienes se reinserten al mercado laboral o quienes recibieron el pago del bono adicional para salir de la institución.

El monto de la prestación económica asignable, en cada caso, será el equivalente a un sesenta y tres por ciento (63%) del salario promedio calculado con los doce (12) mejores salarios mensuales de los últimos cinco (5) años laborados en la Administración Pública.

De acuerdo con Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, 276 funcionarios cumplen con los requisitos para la prejubilación.

Bajo este modelo les pagará, mes a mes, un monto correspondiente al 63% del salario promedio calculado con base en los 12 mejores sueldos mensuales de los últimos cinco años laborados en el sector público, hasta que cumplan la edad para ingresar al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Esto quiere decir que, si un empleado hombre se prejubila con 55 años, se le pagará una pensión cada mes durante siete años con el dinero de los impuestos, hasta que cumpla 61 años y 11 meses para ingresar al régimen de la CCSS, siempre y cuando cumpla con las cuotas.

Los montos de la prejubilaciones se ajustarán únicamente cuando el Gobierno decrete incrementos a los salarios del sector público con base en la inflación.

Los guardarraíles

El texto que aprobó el plenario legislativo este miércoles también incluye una serie de precisiones que se agregaron para proteger las finanzas de las instituciones públicas y de la propia Japdeva.

En el artículo 2 del proyecto se delimitó que la junta administradora de los puertos del Caribe queda facultada para determinar la estructura administrativa y operativa adecuada para su correcto funcionamiento y para tomar las acciones necesarias que le permitan mantener únicamente a los empleados que requiere para “garantizar la continuidad de la institución y el equilibrio financiero”.

Mientras que el artículo 5 de la iniciativa autoriza a las instituciones del sector público no financiero, a transferir recursos de superávit libre acumulado hasta el 31 de diciembre del 2019 para cubrir gastos corrientes de Japdeva.

El monto que transfieran estas entidades a la junta portuaria no podrá superar los ¢10.000 millones y debe ser devuelto por Japdeva de acuerdo con condiciones financieras establecidas por el Ministerio de Hacienda. El dinero para subsanar esas deudas no podrá salir de destinos específicos de la entidad portuaria como, por ejemplo, el canon que se nutre con recursos de la concesión de APM Terminals.

Si las instituciones del sector público no financiero tiene deudas y generan un sobrante de dinero al final del año, tendrán que usar esos recursos para pagar sus pasivos y podrán transferir el saldo restante a las arcas de Japdeva.