Luego de recibir la autorización récord por parte de la Asamblea Legislativa para emitir hasta $5.000 millones en títulos de deuda externa (popularmente conocidos como eurobonos) entre 2023 y 2025, el Gobierno de la República dejó de acudir con la frecuencia acostumbrada a la Asamblea Legislativa para la aprobación de créditos con organismos internacionales.
Si se revisa el archivo de Cuesta de Moras, el Gobierno solo tocó la puerta del Congreso para pedir dos autorizaciones de este tipo entre mayo de 2022 y abril de 2024, de las cuales obtuvo el respaldo necesario para una operación por $700 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinada a atender 2.500 proyectos de infraestructura “en riesgo inminente”.
Pasada la primera mitad del cuatrienio, sin embargo, la tendencia parece estar cambiando.
El Ministerio de Hacienda envió dos proyectos de ley a la Asamblea relacionados con nuevos préstamos internacionales en los últimos cinco meses; y anunció cuatro operaciones adicionales en curso. Se trata de un paquete por unos $1.300 millones en dos años, aproximadamente, según detalló en el proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2025.
Este viraje ocurre en un contexto marcado por dos problemas principales para la hacienda pública. Por un lado, las altas tasas de interés que siguen vigentes en los principales mercados occidentales para mantener a raya la inflación y, por otro, el aumento de las necesidades de financiamiento del Gobierno Central, ante la desaceleración en el crecimiento de sus ingresos tributarios.
Durante la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional 2025, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, subrayó la necesidad de los créditos internacionales de apoyo presupuestario —que usualmente ofrecen tasas más bajas y plazos de pago más altos— para reducir el costo del endeudamiento. Asimismo, recordó que este 2025 está programado el pago de un vencimiento por $500 millones en el mes de abril y que el país deberá decidir “cómo lo vamos a financiar”.
Reapertura crediticia
El Ejecutivo buscará la aprobación de cinco operaciones con cuatro entidades multilaterales (la Alianza Francesa de Desarrollo, el BCIE, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial), por unos $1.300 millones, para apoyar el financiamiento presupuestario de los próximos dos años.
De las cinco operaciones, una ya se presentó a los diputados para su autorización. Otros dos están en proceso de estructuración con las entidades financieras, un cuarto crédito está en proceso de aprobación por parte de instituciones públicas y uno más está en trámite de elaboración del expediente legislativo.
Hacienda prevé necesidades de financiamiento de un 8,9% del PIB en 2025, de las cuales espera satisfacer más de una quinta parte con dinero proveniente de este tipo de operaciones.
En este 2024, las necesidades fueron ligeramente menores (un 8,8% del PIB); sin embargo, Hacienda atribuye el aumento del próximo año, “principalmente”, a “la posible fluctuación del tipo de cambio entre colones y dólares” que, según dice, “podría ser consecuencia de la materialización de diversos eventos imprevistos en el entorno macroeconómico” en 2025.
Además de los créditos internacionales, Hacienda querría realizar una nueva emisión de eurobonos por $1.000 millones en 2025; sin embargo, requiere de cambios legales para poder activar esa vía de financiamiento. Esos cambios legales se relacionan con los plazos y las metas condicionales (pues algunas no se alcanzarían) que inicialmente impusieron los diputados para los desembolsos de 2024 y 2025.
Tensión legislativa
Según expuso el Ministerio de Hacienda en el plan de gastos para 2025, los créditos con organismos internacionales dan liquidez al Gobierno y, como usualmente se utilizan para el pago del servicio de la deuda ya adquirida, solamente implican un cambio de la fuente de financiamiento.
Por eso, añadió, son mecanismos de financiamiento que “se mantienen presentes en la estrategia de financiamiento del Gobierno Central”.
No obstante, el Ejecutivo priorizó las emisiones de eurobonos en los últimos años, por encima de la aprobación de créditos con organismos internacionales.
Si se revisa el archivo de la Asamblea Legislativa, solo se encuentran cuatro proyectos de ley para la autorización de este tipo de financiamientos presentados en los últimos dos años y cuatro meses por el Gobierno de la República.
El único aprobado fue el crédito por $700 millones con el BCIE para atender proyectos de infraestructura de urgencia; mientras que los otros tres se tratan de dos expedientes muy recientes, que apenas inician su discusión legislativa; así como una operación fallida, por diferencias entre el Gobierno y los diputados sobre el destino de los recursos.
Este último proyecto fue un doble crédito con la Alianza Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $380 millones, que incluso llegó a ser aprobada en primer debate por el Congreso; pero que luego el Poder Ejecutivo objetó porque los diputados le obligaban a usar un 15% de los recursos para amortizar parte de la billonaria deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Finalmente, el Gobierno desistió del crédito por ese motivo y el texto nunca fue aprobado.
A pesar de que esa discusión quedó en pausa, se desconoce cómo las tensiones que quedaron expuestas en ese momento podrían afectar las negociaciones futuras.
Endeudamiento creciente
A pesar de que la situación del endeudamiento público se ha estabilizado en los últimos años, Hacienda estima que el acumulado de obligaciones como porcentaje del PIB crecerá en 2025, pasando del 61% al 62% de la producción.
Según la cartera, este aumento sería circunstancial, principalmente si se materializan cambios en la tendencia del tipo de cambio.
En los últimos meses, la apreciación del colón frente al dólar presionó a la baja el cálculo del endeudamiento como porcentaje del PIB. En cambio, si el dólar se aprecia producto de nuevas medidas de política monetaria, el efecto podría ser el contrario, pues la deuda en dólares se debe colonizar para hacer este cálculo como proporción de la producción.
Además, Hacienda reconoce una desaceleración del crecimiento de los ingresos tributarios; lo cual implica una mayor necesidad de financiamiento.
Según las estimaciones actuales de Hacienda, se espera que los ingresos tributarios cierren este 2024 en ¢6,54 billones, un 1,9% más que el año pasado, pero casi ¢400.000 millones menos del monto que se esperaba a inicio de año.
Gran parte de esa caída se explica por un menor rendimiento del impuesto sobre la renta, debido al tipo de cambio y su efecto sobre las ganancias de personas y empresas que comercian en dólares.
Hacienda espera una recuperación del 5,7% en la recaudación tributaria de cara a 2025, producto de “un mayor crecimiento económico, una inflación que se aproxime a la meta definida por el BCCR (Banco Central de Costa Rica), así como una leve depreciación del tipo de cambio“. Pero esto podría cambiar ante eventos inesperados, cambios que se realicen en el Presupuesto Nacional durante su discusión legislativa (el plan de gastos plantea una reducción del 1,9%) o la aprobación de proyectos de ley para modificar o reducir tasas de impuestos, como ha ocurrido habitualmente con el marchamo.
Según el ministro Acosta, por eso será clave que la Asamblea Legislativa evite caer en “cantos de sirena” y apruebe nuevas exoneraciones, para darle sostenibilidad a la economía costarricense.
Por otra parte, consultada sobre posibles incrementos presupuestarios en campos como la educación pública, la diputada Paulina Ramírez señaló que el país ha avanzado en algunas metas fiscales incluso más rápido de lo esperado, por lo que debería haber espacio para realizar balances entre el equilibrio fiscal y el financiamiento de la inversión social, de ser necesario. Ramírez es diputada de Liberación Nacional y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en donde se debatirán posibles cambios al plan de gastos para 2025 durante las próximas semanas.
