53 diputados de todas las fracciones aprobaron, este 24 de noviembre, en primer debate la autorización para que el Gobierno emita hasta $5.000 millones en títulos de deuda externa, popularmente conocidos como “eurobonos”, durante los próximos tres años.
El permiso es una gran victoria para el Gobierno, que ahora podrá realizar la mayor colocación de títulos en el mercado internacional que jamás haya podido realizar cualquier otra administración en su cuatrienio. La de la expresidenta Laura Chinchilla recibió autorización para colocar $4.000 millones y solo pudo realizar las primeras emisiones de ese paquete durante su período constitucional.
En total, el Ministerio de Hacienda podría colocar hasta $1.500 millones en el primer semestre de 2023 y hasta otros $1.500 millones adicionales en el segundo semestre del mismo año. Además, podría buscar otros $1.000 millones hasta diciembre de 2024 y otros $1.000 millones a más tardar en diciembre 2025.
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El Gobierno logró conjuntar los votos necesarios para aprobar la autorización, a pesar de que solo cuenta con 10 diputados entre los 57 totales que componen el Congreso. Lo hizo después de alcanzar un acuerdo político con los diputados de oposición de la Comisión de Asuntos Económicos, este 21 de noviembre, tras realizar una serie de promesas que satisficieron a los legisladores.
Si la administración coloca los $5.000 millones en los próximos tres años obtendría a través de esa vía el financiamiento necesario para un 66% de sus necesidades en dólares para el pago de amortizaciones e intereses, según los registros de endeudamiento del Ministerio de Hacienda para ese trienio.
Negociación efectiva
El Gobierno pujó por la autorización para emitir títulos de deuda externa desde inicios de su cuatrienio en mayo pasado; sin embargo, el trámite se atrasó en Cuesta de Moras y la autorización no llegó hasta ahora, meses y medio después.
El Ejecutivo contaba con el respaldo mayoritario de la Comisión de Asuntos Económicos para acceder a $6.000 millones en cuatro años, pero una minoría –de tamaño considerable en términos generales, que habría dificultado la aprobación definitiva del proyecto en el Plenario legislativo– se mostraba reacia a respaldar ese monto.
Diputados de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Unidad Social Cristiana (PUSC) argumentaban que era arriesgado dar ese monto tan alto al Gobierno, sin contar primero con compromisos fiscales por parte del Gobierno que dieran seguridad sobre el uso correcto de los recursos.
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Esos congresistas llegaron a proponer montos menores para una primera autorización, de entre $1.500 millones y $3.000 millones. Pero finalmente cedieron a $5.000 millones, mucho más cerca de las pretensiones del Gobierno.
Para lograr ese resultado, el Ejecutivo desarrolló una serie de mesas de negociación con los legisladores en las últimas semanas y en la última, este 21 de noviembre, llegó a un acuerdo que se anunció hasta horas de la noche. Según dijo entonces el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el Gobierno se comprometió a:
- Publicar y dar seguimiento a un cronograma para la implementación de escáneres en los puestos fronterizos del país que permitan atacar problemas como el contrabando, la evasión fiscal y el narcotráfico
- Publicar y dar seguimiento a un cronograma de avance sobre el proyecto de “Hacienda Digital” que, entre otras cuestiones, busca modernizar las herramientas tributarias digitales costarricenses
- Aprobar el proyecto de ley para mejorar los controles sobre el manejo de la liquidez del Gobierno Central, que ya está en trámite del Congreso
- Aprobar el proyecto de ley que busca abrir el mercado de deuda interna a inversionistas extranjeros
- Formar una mesa de trabajo con diputados para acordar siguientes pasos en el proceso de consolidación fiscal
- Y construir una “Ley Marco de Deuda Pública”, para “dar un marco que le permita al país tener certeza sobre los procesos de endeudamiento”
Todos estos compromisos aliviaron a los diputados de la Comisión de Económicos que todavía tenían dudas, los cuales aseguraron entender las promesas como garantía suficiente.
La diputada Monserrat Ruiz, del PLN, aseguró que la negociación fue un “buen ejercicio” y demostró que “el trabajo conjunto entre poderes Ejecutivo y Legislativo puede ser real”; mientras que Sofía Guillén, del FA, añadió que “todas las partes se escucharon y aprendieron a ceder un poquito”. Ambas habían sido parte del grupo que optaba por autorizaciones de endeudamiento mucho más chicas.
Guillén celebró, además, que cuestiones como la implementación de escáneres en puertos y fronteras claves ahora sean un requisito directo para la realización de las dos últimas emisiones de títulos, si el Gobierno realmente quiere concretar esos movimientos.
Cifra alta
$5.000 millones de endeudamiento externo en tres años implican un monto muy alto para el Gobierno.
Para ponerlo en contexto, Hacienda contabiliza vencimientos e intereses en moneda extranjera por $7.626 millones en los próximos tres años, por lo que el Gobierno podría acceder a un 65,6% de esos recursos en el mercado externo, si pone en marcha todas las emisiones autorizadas.
El resto de esas necesidades en dólares las podría obtener a través de empréstitos con organismos multilaterales o de colocaciones en el mercado interno, según prefiera.
Los $7.626 millones se dividen en: $2.424 millones de amortizaciones y $1.135 millones de intereses de deuda interna, así como $2.715 millones de amortizaciones y $1.351 millones en intereses de deuda externa. En otras palabras, parte de los recursos obtenidos en el mercado internacional (si Hacienda decide emitir los $5.000 millones totales a través de eurobonos) incluso podrían emplearse para sustituir deuda que actualmente la tienen agentes del mercado local.
Entre los vencimientos de deuda externa está uno muy cercano, de $1.000 millones, de un viejo título colocado en 2012, cuya fecha de pago está pactada para el 26 de enero; sin embargo, es poco probable que se realice una colocación de nuevos títulos antes de ese momento por las complejidades logísticas de las colocaciones. Ante ello, el Gobierno ha trabajado para encontrar otras fuentes de recursos para su financiamiento.
El proyecto de eurobonos especifica que el uso de los $5.000 millones tendría que abocarse ”con la finalidad exclusiva de sustituir colocaciones de deuda bonificada interna por externa y/o cancelar vencimientos de deuda”.
Consultado sobre la magnitud del monto de endeudamiento externo autorizado, el ministro Acosta señaló que se trata de una cifra satisfactoria. Se querían $1.000 millones más en un inicio, pero se acordó con los diputados lo que fue “viable”. “Es un acuerdo aceptable para todos y que está en línea con el interés de ver esto no solo en el corto plazo sino en el mediano y largo plazo”, puntualizó, el 21 de noviembre pasado.
Hacienda sostiene que acudir al mercado externo en los próximos años será esencial para evitar presiones mayores sobre las tasas de interés locales y sobre el tipo de cambio. El discurso ha calado en las principales representaciones del sector empresarial.
En ese sentido, el Gobierno también negocia y tramita créditos con organismos multilaterales, incluidas sus operaciones en marcha con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos $2.500 millones en conjunto, sujetos al cumplimiento de metas fiscales, de los cuales ya ha recibido $810 millones en el último año.
El permiso de endeudamiento aún debe tramitarse en segundo debate. No obstante, la primera votación con 53 congresistas a favor augura un buen escenario para su aprobación definitiva antes del cierre de este mes de noviembre.
