EscucharUn cambio tributario buscará atraer a más inversionistas extranjeros que deseen invertir en deuda interna del Estado costarricense. Se trata de una modificación que les permitiría acceder a estos bonos sin tener que pagar cargas adicionales al 15% de renta que usualmente se cobra sobre las rentas de capital.
Actualmente, los inversionistas foráneos tienen que pagar un 15% de renta sobre las ganancias que obtienen de los instrumentos financieros y, además, pueden llegar a cancelar hasta un 15% adicional por concepto de remesas, cuando envían los recursos fuera del país. Pero cargas como esa segunda imposición del 15% –que no tienen que pagar los inversionistas locales si mantienen sus recursos en suelo costarricense– ahora quedarían eliminadas.
El cambio se desprende de la aprobación del proyecto de Ley de Promoción y Apertura del Mercado de Deuda Pública Interna Costarricense (22.893) en la Asamblea Legislativa. La iniciativa contó con el apoyo unánime de 43 diputados, este 8 de diciembre en primer debate, y su aprobación final se ratificaría en los próximos días.
La eliminación de cargas impositivas para los inversionistas extranjeros busca incrementar el dinamismo del mercado de deuda interna costarricense, el cual es bastante limitado en cuanto a participantes, pero es esencial para el Ministerio de Hacienda, porque le otorga la mayor cantidad de recursos con que financia las necesidades del Gobierno Central.
¿Cambio sustancial?
El cambio en la legislación es sustancial, según explicó a EF el gerente general de BN Valores, Melvin Garita. Se trata de una reforma que brinda mayor seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros y, en ese sentido, consideró que puede atraer a más participantes al mercado de deuda interna pública de Costa Rica.
“En el pasado, estos temas legales o jurídicos generaron problemas serios a algunos inversionistas, sobre todo de la región centroamericana, y esa incertidumbre hizo que muchos de ellos dejaran de invertir en el mercado nacional, por retenciones de impuestos adicionales a las que ellos eventualmente estaban esperando que se les realizara”, anotó.
Entre esas experiencias anteriores de capitales centroamericanos se recuerdan inversiones de fondos de pensiones salvadoreños. Ellos alegaron problemas de retenciones de impuestos que no esperaban y luego dejaron de invertir en el país.
El proyecto de ley que se aprobó en primer debate eliminaría la posibilidad de que se hagan retenciones de otras cargas. Textualmente, el proyecto dice que el impuesto a las rentas de capital, del 15%, será considerado “como impuesto único y definitivo” para este tipo de operaciones.
El proyecto de ley original había recibido críticas de diversos sectores, incluida la Bolsa Nacional de Valores (BNV). No obstante, luego recibió diversas modificaciones y ahora cuenta con el visto bueno de esa empresa privada, que provee infraestructura necesaria para realizar gran parte de las colocaciones.
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El plan inicialmente era más amplio y, además, realizaba modificaciones el mercado de deuda secundario que finalmente fueron removidas.
Según César Restrepo, director general de la BNV, la equiparación de impuestos para participantes extranjeros es “vital” y aporta en la intención de tener un mercado de capitales más robusto, con más participantes y con una inversión extranjera más pujante.
“Ya la ha habido (inversión extranjera), pero sin duda alguna puede ser mayor”, opinó. “El país tiene muchas ventajas y fortalezas que se deben aprovechar y eso implica tener una tributación más equitativa para la inversión extranjera (...) Esto puede generar valor en el sentido de que, cuando vos estás ofreciendo deuda, entre más participantes tengás, tenés mayores opciones de recoger una tasa mucho más viable”.
Proyecto con camino
La reforma para atraer inversionistas extranjeros al mercado de deuda interna costarricense se presentó a la corriente legislativa desde la administración anterior, del expresidente Carlos Alvarado. Más tarde, fue retomada por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, cuyo Ministerio de Hacienda sostuvo la posición de que mejoraría la competencia por los títulos locales y, con ello, las condiciones de los instrumentos colocados por el Gobierno, como tasas de interés y plazos de pago.
Inversionistas extranjeros ya podían participar en el mercado de deuda local. Sin embargo, la nivelación en materia de impuestos con los inversionistas locales busca evitar un efecto disuasorio, según coinciden especialistas.
El proyecto de ley estaba activo desde enero en el Congreso, pero los consensos necesarios para su aprobación llegaron hasta finales de noviembre pasado.
La aprobación del proyecto se fijó como un compromiso de los diputados con el Gobierno –junto con la autorización para que el Ministerio de Hacienda emitiera hasta $5.000 millones en títulos valores de deuda externa durante los próximos cuatro años– y, a cambio, el Gobierno pactó clarificar mejor sus rutas en cuestiones como la implementación de los nuevos sistemas tributarios del proyecto conocido como “Hacienda Digital” y la colocación de escáneres para controlar el tránsito de mercancías por puestos fronterizos claves.
Además de los cambios tributarios, la iniciativa clarificó cuestiones relacionadas con la liquidación transfronteriza de las operaciones con extranjeros y con los servicios de custodia de los valores para entidades del extranjero.
El mercado de deuda interna es crucial para el Gobierno de Costa Rica, pues en él coloca la mayor parte de su endeudamiento. Para acceder al mercado local, Hacienda no requiere de mayor aprobación legislativa que la otorgada al Presupuesto Nacional y eso facilita las gestiones.
Ello se refleja en los saldos históricos de deuda del Ministerio de Hacienda, los cuales dan cuenta de que el portafolio actual se reparte un 74% en colocaciones locales y un 26% en el extranjero (entidades multilaterales o mercados internacionales).
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Cambio recomendado
La falta de profundidad y de competencia en el mercado de deuda costarricense ha sido una crítica constante de organismos internacionales y de calificadoras de riesgo crediticio para el país.
Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó en su último informe de Estudios Económicos sobre Costa Rica, publicado en 2020, que el país era una de las economías emergentes “con la menor proporción de inversionistas extranjeros” y que “ampliar la base de inversionistas le ayudaría a disminuir los costos de su financiamiento”.
La OCDE señaló que para eso Costa Rica ha emitido bonos en el mercado internacional, pero advirtió de que ese ese movimiento es insuficiente, porque “puede aliviar las presiones financieras a corto plazo y proporcionar algunos ahorros, en comparación con la colocación de la deuda en los mercados locales a los inversionistas locales”; pero “también conlleva riesgos de moneda extranjera y es probable que los ahorros sean limitados”.
En ese sentido, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, calificó el proyecto como una pieza clave para una gestión más eficiente de la deuda pública, durante una conferencia de prensa, el 22 de noviembre pasado.
Según observó entonces, el proyecto es clave y se suma a otros, como el permiso para buscar $5.000 millones en el mercado internacional, para delinear un panorama más alentador en relación con la gestión del endeudamiento público en el mediano y largo plazo.
Además, en una entrevista que concedió a EF en junio pasado, el jerarca destacó que el cambio traería mayor competencia al mercado local y recordó que inversionistas extranjeros ya han realizado inversiones en el país, pero que el cambio permitiría hacer de esos trámites cuestiones “más sencillas y cotidianas”.
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Un 74% del saldo de deuda pública del Gobierno Central se ha colocado en el mercado interno. (Mayela Lopez)
Pero, ¿hay apetito?
César Restrepo, de la BNV, aseguró que es difícil pronosticar qué tan efectiva será la reforma y cuál es el nivel de apetito por la deuda interna costarricense que podrían tener inversionistas extranjeros; sin embargo, enfatizó en que el cambio legal marcha en la dirección correcta para facilitar más operaciones.
El ministro Acosta sostiene que los antecedentes existentes hasta ahora, a pesar de la carencia de tratos tributarios favorables como el que ahora se aplicaría, hablan de la “rentabilidad” de la deuda costarricense y de que existen “posibilidades”.
“Cuando mejoremos las condiciones vamos a tener mucha más competencia”, dijo a EF.
Mucho dependerá en las condiciones a las cuales Hacienda quiera colocar sus recursos y el nivel de riesgo que perciban los inversionistas en el mercado costarricense, que tiene sus propias reglas, sus propias autoridades y, en caso de colocaciones en colones, posibles consideraciones cambiarias.
“Ese tipo de condiciones implica que esos inversionistas tengan que contemplarlo dentro de sus niveles de precios”, observó Melvin Garita. “Pero ya eso se verá en el spread (...) eventualmente el inversionista será el que considere si venir a lidiar con las normas y los tribunales de Costa Rica le implica 25 puntos base más de rendimiento, 50, 100 o si confía lo suficiente en las leyes, los tribunales y el sistema jurídico costarricense para invertir en el mismo nivel que en otros mercados”, puntualizó.
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En cuanto al atractivo de invertir en colones, el economista comentó que los cambios impositivos más bien podrían ayudar a entidades a disminuir sus riesgos cambiarios ya existentes en el país. Apuntó especialmente a empresas que quieran realizar un manejo de riesgo cambiario más eficiente, cuando manejan sus balances en dólares pero que tienen que hacerle frente a gastos en colones.
“Una de las formas que se utiliza para cubrir el riesgo cambiario, sobre todo en transnacionales que hacen pagos en colones, es a través de un forward del tipo de cambio, pero otra forma de hacerlo es a través de inversiones en colones. Entonces este tipo de aclaraciones jurídicas como la que plantea la ley, eventualmente, podría potenciar una demanda de títulos que hoy no necesariamente estaba llegando al mercado por esa incertidumbre”, explicó.
La votación en segundo debate de la iniciativa se pactó para el próximo 13 de diciembre. Si se repite la votación del primer debate, podría ser ley de la República antes de que finalice el 2022.
La reforma además va de la mano con los objetivos del programa de financiamiento por $1.778 millones ligado a reformas estructurales que el país mantiene en marcha con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A esa entidad, el Gobierno costarricense le prometió mejorar el funcionamiento del mercado de deuda primario y y fomentar la participación de no residentes en el mercado de deuda, “aliviando las barreras regulatorias y armonizando el régimen fiscal”.
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