El meollo de la discordia radica en dos puntos: la posibilidad de autocultivo para las personas acreditadas como pacientes y el límite de 1% de tetrahidrocannabidiol (THC) permitido para los productos que se comercialicen en el país.

El THC es el componente psicoactivo de las plantas Cannabis, presente en mayor medida en la marihuana. El Ejecutivo quiere reducir ese porcentaje al 0,3%, según publicó el diario La Nación.

Sin embargo, luego del anuncio del Gobierno persiste la duda de qué herramientas y plazos tiene para plantear las modificaciones que desea hacerle al texto.

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¿Cuáles son los caminos?

Antes de responder esto, es necesario hacer un repaso breve por el trámite de un proyecto de ley. En resumen, un proyecto debe superar en la Asamblea Legislativa dos debates, es decir, dos discusiones con sus respectivas votaciones. Tras esto se convierte en decreto legislativo.

Posteriormente, el texto pasa al Ejecutivo para su debida firma y publicación en el diario oficial La Gaceta. No obstante, el presidente de la República también puede vetarlo completa o parcialmente.

Aquí es donde hay que recurrir al artículo 126 de la Constitución Política, el cual dice: “Dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo podrá objetarlo porque lo juzgue inconveniente o crea necesario hacerle reformas; en este último caso las propondrá al devolver el proyecto. Si no lo objeta dentro de ese plazo no podrá el Poder Ejecutivo dejar de sancionarlo y publicarlo”.

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El decreto legislativo 10.113 denominado Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial llegó a la Presidencia el 17 de enero, por lo que su plazo de 10 días vence el 31 de este mes.

Si se sigue la lógica del artículo 126, el Ejecutivo tiene hasta ese día para vetar los artículos de la ley con los que esté disconforme y devolverla al Congreso con su propuesta.

El Ejecutivo tiene la potestad de hacer dos tipos de veto: de conveniencia o de constitucionalidad.

El primero significa simplemente que el Gobierno no está de acuerdo con todo o parte del texto; mientras el segundo se hace cuando existen dudas sobre la constitucionalidad del proyecto, es decir, cuando se cree que puede ir en contra de la Constitución.

Luego del veto, el documento vuelve al Congreso. Ahí se traslada a la comisión que dictaminó el proyecto originalmente.

La comisión tiene un mes (con posibilidad de prorrogarse) para entregar un informe en el que puede decidir entre dos alternativas:

1. No acepta el veto del Ejecutivo y propone el resello. Esto significa que va al Plenario para una aprobación ahora sí definitiva, en la que se necesita una sola votación con 38 votos a favor.

2. Acepta y aprueba las reformas del Ejecutivo, con lo que pasa al Plenario. Pero, en este caso, se requieren los dos debates como si se fuera un proyecto nuevo.

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El trámite se complica si se trata de un veto de constitucionalidad, pues se puede o no mandar a la Sala Constitucional.

En el caso del proyecto de cannabis, este ya pasó por esa instancia, pues los diputados lo mandaron a consulta y la Sala informó que no encontró vicios.

En cualquier caso, ya sea en la comisión o si Presidencia deja pasar los 10 días y no firma, el proyecto puede archivarse, lo que significa que “se guarda” hasta que en el futuro se retome.

En la conferencia de prensa del lunes, la ministra de la Presidencia, Geanina Dinarte, aseguró que el Gobierno está a favor del proyecto pero evitó hablar de un veto por las “preocupaciones” sobre los dos puntos que inquietan al Ejecutivo.

Dinarte se mostró confiada en que queda tiempo para presentar una solución y llegar a un acuerdo con los legisladores.

Además, este miércoles 26 de enero, el presidente de la República, Carlos Alvarado, descartó un veto total al proyecto de cannabis medicina y cáñamo, y argumentó que este tema “no fue una promesa de campaña”.

El diario La Nación confirmó que el Gobierno propondrá eliminar los artículos que hablan del autocultivo y autoconsumo, así como reducir el porcentaje de THC al 0,3%.