EscucharCuatro empresas del Estado costarricense cerraron en números rojos el pasado 2023 y otra —cuya tendencia ha sido contabilizar pérdidas desde 2017— ni siquiera dispone todavía de sus estados financieros de ese período, a pesar de que han pasado más de seis meses desde su finalización.
Las empresas en números rojos son el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
Por otra parte, el Consejo Nacional de la Producción (CNP), que tiene a su cargo la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), es la empresa que afirma no disponer aún de sus estados financieros auditados del año pasado.
¿Qué dicen todas estas entidades sobre sus resultados negativos? EF les solicitó su posición y revisó sus explicaciones públicas de los últimos meses. Así explican sus cuentas.
Incofer
El Incofer cerró 2023 con las pérdidas más altas de entre todas las empresas del Estado.
Su balance negativo fue de ¢6.683 millones, el peor registro de la institución desde 2019.
Según la empresa estatal, hay tres factores principales que incidieron en los números negativos del año pasado: en primer lugar, indicó que las transferencias que hace el Gobierno Central a la entidad para la prestación del servicio ferroviario no se contabilizan como un aporte de capital sino como una subvención por parte del Estado; en segundo lugar, que no se gestionó con la suficiente eficiencia y celeridad el otorgamiento de permisos de uso de inmuebles del Instituto a terceros como un medio para generar ingresos; y en tercer lugar, que los costos por depreciación de la entidad son elevados por múltiples activos, incluida la vía férrea, a pesar de que muchos de sus tramos están inactivos.
Según cifras proporcionadas por la propia empresa estatal, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) giró ¢2.050 millones al Incofer en 2023, los cuales no se consideran como ingresos de la institución. Por otra parte, los costos por depreciación de la entidad sí se trasladan todos los años a sus estados financieros y en el año pasado ascendieron a ¢2.517 millones: más de una tercera parte de las pérdidas del período.
El presidente Rodrigo Chaves destituyó a Mario Arce como presidente del Incofer en marzo del año pasado, por recomendación del entonces ministro de Obras Públicas, Luis Amador. Según dijo en conferencia de prensa, el Gobierno “no estaba satisfecho con el progreso de los proyectos de Incofer”. El relevo lo asumió desde entonces Álvaro Bermúdez.
¿Y qué hace la institución para controlar las cifras negativas? Incofer respondió a EF que trabaja en varios frentes al mismo tiempo. Entre ellos, citó que busca “reducir aquellos activos que no están generando ingresos”, pero que igualmente se deprecian; al tiempo se gestionan recursos de cooperación internacional para financiar un proceso de inventario de vías férreas, inmuebles e infraestructuras ferroviarias con el fin de “ajustar el costo por depreciación a los valores más razonables” a partir de 2025.
Japdeva
Japdeva, por su parte, cerró el 2023 con pérdidas de ¢1.206 millones: el segundo mayor registro dentro del aparato estatal.
Esta cifra es sustancialmente inferior que las de hace cuatro años, cuando la institución enfrentó sus peores registros ante la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) operada por APM Terminals. Por aquel entonces, la Junta debió recibir salvamentos y préstamos por varias decenas de miles de millones de colones para salir a flote, a través de una reducción intensiva de su planilla y de un ajuste a su modelo de negocio.
Sin embargo, la compañía aún no logra llegar a un punto de equilibrio financiero.
Según la propia empresa estatal, hay tres factores principales que inciden en que el desajuste persista. Uno es el cambio de gestión por el proceso de reestructuración de los últimos años, otro son los efectos persistentes de la concesión a la empresa APM Terminals de la carga y descarga de contenedores y, por último, el pago del endeudamiento adquirido en años recientes con otras Instituciones gubernamentales.
A pesar de ese escenario, la empresa destaca que sus ingresos operativos aumentaron en 2023, lo cual califica como “una señal positiva” de cara al proceso de estabilización de la empresa estatal. Asimismo, la entidad logró en diciembre del año pasado una actualización al alza de sus tarifas después de 11 años sin ajustes: un punto que el gerente administrativo de la Junta, Anner García, señaló como clave para llegar a un punto de sanidad financiera en declaraciones dadas al periódico La Nación.
La Junta además sostiene que ya se han tomado otras medidas correctivas, como reducir gastos operativos, optimizar el uso de los recursos, renegociar algunos contratos con clientes de sus servicios portuarios y la búsqueda de nuevos negocios. “Estas acciones están diseñadas para estabilizar las finanzas a corto plazo y sentar las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo”, subrayó.
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Recope
La tercera empresa estatal con peores resultados en 2023 fue Recope, la cual cerró el año con pérdidas por ¢998 millones después de dos años de balances positivos.
La institución, sin embargo, sostiene que su desempeño es sólido y que las pérdidas solo responden a “una situación tarifaria coyuntural”, luego de que la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) modificó la metodología de fijación de precios de los combustibles en 2022.
“Desde el año anterior en Recope hemos planteado nuestra preocupación y solicitud a Aresep para que hagan una revisión de la metodología, tomando en cuenta que ahora el precio de venta no se fija con base en un estimado, como se hacía antes, sino con base en el costo real de importación. Aunque hemos insistido en instancias técnicas y a nivel de las jerarquías de esa autoridad reguladora, a la fecha, su respuesta está pendiente”, ahondó la entidad, consultada por EF al respecto.
Puntualmente, Recope considera que ya no se debería de ajustar las tarifas con un “diferencial de precios” entre los costos estimados del combustible para Recope y los finalmente pagados, en vista de que ahora las tarifas se establecen a partir de costos reales. Sin embargo, Aresep sostiene que actúa “en apego a la técnica y la ley”.
Sinart
Con pérdidas algo menores que las de Recope y las de Japdeva, el Sinart fue la cuarta compañía del Estado que cerró con números rojos el 2023.
Los balances negativos son una costumbre histórica de esta entidad; sin embargo, su desajuste entre ingresos y gastos fue de ¢884 millones el año pasado: el registro más elevado desde 2018.
La empresa de medios se encuentra en un proceso de reestructuración interna desde 2020, cuando se inició con una reducción de la planilla de la entidad. Sin embargo, en los últimos meses se amplificó, luego de que el presidente ejecutivo de la entidad, Fernando Sandí, alertó sobre la posibilidad de una “quiebra técnica” este 2024.
Según indicó al Congreso, Sinart sufre una sangría de recursos producto de la reducción de los ingresos por transferencias del Estado, la menor pauta de otras instituciones públicas y la reducción de las actividades comerciales de la agencia de publicidad del Sistema.
Todo esto llevó al Congreso a aprobar una asignación presupuestaria de ¢1.000 millones en favor del Sinart, el 17 de de mayo pasado, con el fin de que pudiera despedir, liquidar o trasladar a otras instituciones a un 36% de su planilla (unos 78 funcionarios), entre otras cuestiones.
CNP-Fanal
Por último, el CNP —empresa que acumula pérdidas sostenidas desde 2017— aseguró ante una consulta de EF que todavía no dispone de sus estados financieros auditados del año 2023.
La oficina de prensa de la institución afirmó que “el Despacho de Auditores Externos no ha concluido su trabajo” e indicó que tampoco disponía de informes preliminares para entregar sobre el desempeño de la empresa en el año pasado. “Cuando esté el informe auditado con mucho gusto se lo enviaremos”, indicaron a través de un correo electrónico.
La situación del CNP incluso ha impulsado que en los últimos años surjan planteamientos sobre la posibilidad de vender la Fanal, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Sin embargo, ningún plan se ha convertido en algo más que eso hasta el momento.
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Otras empresas
En 2021 y 2022, entidades como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y Correos de Costa Rica también registraron pérdidas en al menos uno de ambos períodos. Sin embargo, sus cifras finales mejoraron este 2023 y fueron positivas.
A pesar de las pérdidas que generan algunas de ellas, las propuestas políticas de vender o privatizar las funciones de empresas estatales no gozan de mayor respaldo por parte de la población. Según determinó el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) en su última encuesta de opinión política, solo uno de cada tres costarricenses respalda los planes en esa línea impulsados sin mayor éxito hasta el momento por el Poder Ejecutivo.
