EscucharLos restaurantes que deseen operar bajo la modalidad de ‘comercio al aire libre’ –la cual les permitiría colocar mesas, sillas y mobiliario liviano de apoyo en espacios públicos aledaños como aceras, parques o calles– deberán pagar un monto adicional a las municipalidades de su cantón para obtener dicho permiso.
Este señalamiento quedó establecido en el artículo sexto del proyecto de Ley de Comercio al Aire Libre (22.188); el cual ya recibió su aprobación en primer debate y espera por su votación definitiva, pactada para este 17 de enero.
La iniciativa establece que el monto del permiso lo deberá definir cada municipalidad vía reglamentaria, “según la cantidad de metros cuadrados del espacio público destinada a su actividad”.
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El único parámetro que establece la normativa es que el monto no supere el 50% del cobro por patente comercial que paga el mismo establecimiento a la municipalidad. En la Municipalidad de San José, por ejemplo, dicho monto corresponde al 0,35 % de los ingresos brutos declarados anuales por el establecimiento, según dijo a EF el jefe de Sección de Patentes, Carlos Montero.
Días atrás, el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore), Mauricio Rodríguez, criticó el monto máximo del permiso que establece la ley. Dijo que se presta para eventuales “abusos” por parte de las municipalidades y señaló que, como máximo, debía plantearse un 0,25% del monto de la patente. Sus observaciones, sin embargo, no calaron en el Congreso.
Un transitorio del proyecto facultaría a las municipalidades para que no cobren por el permiso por un período de seis meses. No obstante, se trata de un permiso para los gobiernos locales y no de una obligación.
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Los establecimientos comerciales con este permiso deberán remover su mobiliario liviano de los espacios públicos al finalizar cada jornada. (Gabriela Téllez)
Los permisos
El proyecto de Ley de Comercio al Aire Libre (22.188) ya recibió su aprobación unánime, en primer debate, este 10 de enero. Su objetivo es dar las pautas generales para que restaurantes puedan utilizar espacios como aceras, parques, plazas, vía pública, calles u otros para ampliar sus actividades, a través de mobiliario liviano.
Según señala el artículo 3 del proyecto en cuestión, la autorización únicamente podría otorgarse para la comercialización de alimentos y bebidas. Además, el permiso solo se daría por los metros de frente inmediatamente adyacentes de cada negocio y, siempre y cuando, no corte el libre tránsito.
Como salvaguardas, el texto establece que el equipo colocado por los establecimientos deberá removerse al finalizar cada jornada, y que este no podrá evitar el cumplimiento de normas especiales, como la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (7.600).
Las personas o establecimientos con los permisos, además, tendrán prohibido realizar modificaciones en la infraestructura del espacio público, más allá de incorporar iluminación de batería o reparar huecos en la capa de la acera, siempre que tengan autorización municipal.
El proyecto de ley también obliga a las municipalidades a controlar la utilización de los espacios públicos, para que no signifiquen fuentes de contaminación visual o sonora del entorno.
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Para regular la materia, cada municipio deberá definir en su reglamento: los lineamientos de uso del espacio; las tipologías permitidas de mobiliario urbano; los estándares de iluminación, luminarias y rotulación máxima; los horarios de operación; el plazo de las autorizaciones; los criterios de uso por tipología (parques, plazas, aceras, etc.); y eventuales causas de rescisión o extinción de las autorizaciones.
Los planes reguladores locales también tendrán que definir las zonas específicas susceptibles de autorización para este tipo de actividades, por lo que no deberá tratarse de una definición subjetiva de las personas encargadas.
Cada gobierno local deberá tener listo su reglamento en un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la nueva legislación.
El proyecto señala que el cumplimiento de todos los requisitos, además, no implica una aprobación obligatoria por parte de las municipalidades. Es decir, los gobiernos locales tendrán discrecionalidad para determinar la conveniencia o no de girar cada autorización a cada negocio.
En cuanto a los cobros por concepto de permisos, el texto señala que estos se deberán destinar al mejoramiento general y la seguridad del espacio público. Los gobiernos locales podrán aliarse con entidades privadas en ese sentido.
Proyecto en pandemia
El proyecto de ley de comercio al aire libre entró en corriente legislativa desde setiembre de 2020. Tardó más de año y tres meses en aprobarse.
En aquel momento, lo presentaron los diputados Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN); y Paola Vega, que por entonces era diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) y ahora es independiente.
Los legisladores lo propusieron como una forma de habilitar espacios adicionales para los comercios en medio de la pandemia de COVID-19. Este virus ha demostrado una mayor transmisibilidad en espacios cerrados que en espacios abiertos.
Tras la aprobación en primer debate, el diputado Abarca calificó el texto como “un paso en la dirección correcta para el sector turístico y gastronómico”.
Su discusión, sin embargo, no estuvo exenta de polémica, ni de señalamientos. Por ejemplo, antes de su aprobación en primer debate, los legisladores aprobaron una enmienda impulsada por el diputado del PLN, Carlos Ricardo Benavides, para clarificar aspectos sobre el tipo de mobiliario permitido.
El legislador subrayó que variedad de cambios incluidos en el proyecto eran necesarios para asegurar los balances suficientes y evitar desórdenes en espacios compartidos. Él impulsó, por ejemplo, que el mobiliario deba retirarse cada día al final de cada jornada.
La Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore) siempre se manifestó a favor de la iniciativa; sin embargo, también criticó los eventuales costos del permiso municipal, así como la gran discrecionalidad que se deja a las municipalidades para otorgar o no el beneficio.
Sobre ese último punto, Rodríguez expresó en entrevista con EF que eso es una preocupación del sector porque “a veces hay municipalidades que no son muy amigas con el desarrollo”.
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