La Contraloría documentó que programas de vivienda, cuido, discapacidad y atención de farmacodependencia asignan recursos a personas sin condición de pobreza registrada, al tiempo que cantones con mayor rezago social muestran coberturas bajas y un modelo de supervisión fragmentado sobre las organizaciones privadas que ejecutan los servicios.
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Casi 500 toneladas de alimentos de emergencia fueron destruidas. Mientras millones enfrentan hambre aguda, decisiones administrativas y protocolos sanitarios internacionales sellaron el destino de una ayuda vital.
Venta de activos, reformas en impuestos y ayudas sociales han estado en boca del presidente Rodrigo Chaves y del ministro de Hacienda, Nogui Acosta