En julio de este año se reportó el monto más alto que alcanzó los $53 millones, según el ICD

Olger Calvo asegura que el país cuenta con normativa adecuada, sujeta a revisión y reforzamiento, su visión es que existe la necesidad de una fiscalía especializada en atacar y despojar de los bienes y recursos obtenidos por las personas infringiendo el ordenamiento jurídico.

La rápida transformación del delito que se engancha cada día a nuevas modalidades y a las transacciones inmediatas dificultan el mantenimiento y posterior congelamiento de los activos en casos de operaciones inusuales.