Coopeservidores (conocida como CS Ahorro y Crédito), la cuarta cooperativa de ahorro y crédito supervisada más grande del país, lleva poco más de un mes de estar intervenida. En esta nota resumimos lo que ha acontecido durante este proceso y además retrocedemos un poco en el tiempo para repasar algunos hechos como el cambio de marca de la entidad.
Aquí el resumen en orden cronológico.
Cambio de marca
Primeros meses de 2022: Coopeservidores cambió de marca y pasó a llamarse CS Ahorro y Crédito. “Desde el 2015 la empresa empezó a utilizar el CS. Realmente no estamos abandonando el modelo cooperativo, lo que estamos haciendo es reforzando que somos una cooperativa de ahorro y crédito, y ahora está plasmado en nuestra imagen, en nuestra marca: CS Ahorro y Crédito”, dijo el entonces director comercial, Hugo Villalta, a El Financiero a mediados de ese año.
Octubre de 2022: El entonces gerente general, Óscar Hidalgo, comentó a El Financiero que la empresa ha “promovido una gestión de riesgos encaminada a implementar las mejores prácticas en el sector, y robustecer el gobierno corporativo. Cada paso y decisión de la organización ha sido guiado bajo un estricto control de la gestión empresarial, enfocado en la recopilación y análisis de datos, lo que promueve la toma de decisiones informadas, coordinadas y planificadas, que potencie la productividad de nuestras operaciones, impulse la agilidad e innovación en nuestros procesos y asegure la sostenibilidad del negocio”.
Las declaraciones de Hidalgo llegaron por escrito tras las consultas de El Financiero sobre las razones que justificaban que la entidad se situara como la segunda cooperativa de ahorro y crédito supervisada más grande del país, a agosto de 2022. A esa fecha, los activos de la entidad ascendían a ¢780.635 millones.
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Se detectan irregularidades
Enero de 2024: La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) realizó un estudio especial de supervisión sobre Coopeservidores para evaluar la calidad y razonabilidad de datos que le remitió la institución mediante el sistema de información XML Crediticio, durante el período comprendido entre enero de 2022 y agosto de 2023. En este se detectaron una serie de irregularidades en la gestión y administración de la cooperativa.
Marzo de 2024: Coopeservidores había reportado ganancias por ¢3.288,5 millones en 2023, según consta en un artículo que publicó El Financiero. Sin embargo, esta cifra cayó porque la entidad tuvo que hacer un ajuste en el resultado financiero obtenido en el año, para reflejar una pérdida por ¢26.975 millones debido al deterioro de una parte de los préstamos que la cooperativa tuvo que respaldar con recursos del patrimonio.
“CS Ahorro y Crédito reclasificó una parte de sus operaciones de crédito, principalmente de consumo, lo cual implicó la creación de una estimación por deterioro de ¢29.933 millones. La normativa financiera obliga a las entidades a crear esta provisión, como medida preventiva, en caso de que el deudor no pague”, informó La Nación en aquel momento.
23 de abril de 2024: El Observador reportó que el Banco Popular se encontraba analizando la compra de una parte de la cartera crediticia de Coopeservidores. “El análisis que se hace en este momento tiene el objetivo de garantizar la tranquilidad y el respaldo a las personas que hoy tienen obligaciones financieras con CS Ahorro y Crédito, al mismo tiempo que se fortalece la cooperativa”, informó la entidad bancaria a ese medio de comunicación.
Segunda semana de mayo de 2024: Coopeservidores despidió a 66 personas.
Comienza el proceso de intervención
13 de mayo de 2024: El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó ordenar la intervención de Coopeservidores. El ente informó que la decisión se tomó con base en la recomendación de la Sugef.
Durante la intervención de Coopeservidores, Marco Hernández Ávila, interventor titular, y Lillieth Brenes Zúñiga, interventora adjunta, son los encargados de la administración de la entidad. “La alta gerencia queda suspendida, igualmente que los miembros del Consejo de Administración. Nosotros asumimos totalmente la representación judicial y extrajudicial de la entidad”, dijo Hernández Ávila a El Financiero el pasado 14 de mayo.
También, producto de la intervención, los recursos de todos los depositantes e inversionistas de la cooperativa están temporalmente congelados, es decir, no se pueden utilizar. Las tarjetas de débito y crédito emitidas por Coopeservidores están inhabilitadas. Por su parte, los deudores de CS deben seguir pagando a tiempo sus obligaciones. Si no lo hacen, se les podría manchar el récord crediticio.
14 de mayo de 2024: La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual confirmó que está investigando a Coopeservidores, por presuntas irregularidades administrativas.
El Ministerio Público comunicó en ese momento que la pesquisa que se tramita bajo el expediente 24-000017-0621-PE es por la presunta infracción del artículo 158 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR). El artículo en mención instaura que se impondrá pena de prisión de tres a seis años al que:
-- Registrare, alterare, permitiere o consintiere la alteración de registros, para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas o para afectar la composición de activos, pasivos, contingentes o resultados.
-- Proporcione, a la Superintendencia General o a los órganos supervisores auxiliares, datos o informes falsos o inexactos, con el propósito de ocultar la verdadera situación financiera o los riesgos de la entidad, de evadir los encajes u ocultar la existencia de algún grado de inestabilidad o irregularidad financiera.
15 de mayo de 2024: Óscar Hidalgo, gerente general de Coopeservidores desde el 2006, fue despedido sin responsabilidad patronal.
24 de mayo de 2024: La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió de oficio una causa para investigar actuaciones del Conassif y la Sugef, en torno a la situación de Coopeservidores.
Al caso se le designó el número de expediente 24-000194-1218-PE y se tramita por el presunto delito de incumplimiento de deberes. Por ahora se sigue contra ignorado, es decir, no hay personas imputadas individualizadas.
29 de mayo de 2024: La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual realizó un allanamiento en una sede de Coopeservidores ubicada en Rohrmoser, otros dos operativos se ejecutaron en edificios de la cooperativa localizados en San José y uno más en ADN Data Center, en Alajuela. Los cuatro allanamientos buscaban decomisar prueba documental y electrónica para incluir a la causa 24-000017-0621-PE.
El expediente se tramita contra ignorado.
30 de mayo de 2024: La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual mantuvo las diligencias en el edificio Coopeservidores en Rohrmoser, y extendió el operativo a tres oficinas de la empresa Access.
Según La Nación, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos confirmó que la compañía Access guarda documentos de Coopeservidores, por lo que se requirió la ampliación del allanamiento, pero no se está investigando a dicha empresa.
6 de junio de 2024: La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó abrir un expediente para investigar el caso de Coopeservidores.
11 de junio de 2024: La Interventoría de Coopeservidores confirmó el despido de 147 trabajadores. El cese laboral se dio como parte de “los procesos actuales de la cooperativa que ya no requieren de ese personal”.
Ese mismo 11 de junio, pero en la noche, se dio a conocer que el Conassif acordó ampliar el plazo del proceso de intervención de Coopeservidores hasta el próximo 25 de junio. Laura Suárez, presidenta del órgano, indicó que la ampliación se otorgó con el fin de que la decisión que se adopte con la cooperativa cuente con información actualizada al cierre de mayo.
La intervención terminará o en un proceso de regularización de la cooperativa que permita mantener de forma adecuada su funcionamiento, o en un proceso de resolución que permita el cese ordenado de sus operaciones.
21 de junio de 2024. El Conassif y la interventoría finalizaron el proceso de intervención y se determinó el inicio de un proceso de resolución de Coopeservidores debido a que la entidad es inviable financieramente. Según Conassif la entidad carece de capacidad de cumplir con los requisitos de solvencia debido a la cartera crediticia.
