Poco confiable: así es la información presentada en los estados financieros consolidados del gobierno para el periodo 2024, según una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) y divulgada este 28 de agosto, sobre la cual se emitió un dictamen dirigido al Ministerio de Hacienda.
La revisión abarcó los estados de situación financiera, rendimiento, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo, así como las notas contables del Gobierno de la República.
Luego de ese proceso, se concluyó que la información presentada no cumple razonablemente con la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público y presenta varias fallas.
Esto impide tener una visión completa y confiable de la situación financiera del gobierno, comprometiendo la rendición de cuentas y la toma de decisiones informada, advirtió el ente contralor. Por ello, la CGR emitió una opinión adversa de los estados financieros.
“Dicha opinión obedece a que no se presenta razonablemente la situación financiera del gobierno, al presentar errores materiales y generalizados”, señaló Julissa Sáenz, gerente del área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la CGR, mediante un video divulgado por la entidad.
Según explicó, estos son los primeros estados financieros elaborados bajo el mandato de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.
Errores y omisiones
La CGR identificó diferencias significativas en información registrada por el gobierno, en comparación con el registro de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
En particular, se identificó una diferencia de ₡3,2 billones entre las cuentas por cobrar y deudas que registra la CCSS, en relación al registro del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, la deuda registrada con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) presenta una diferencia de ₡1 billón menos.
“La cuenta de transferencias por cobrar del Fodesaf al Ministerio de Hacienda presenta inconsistencias significativas debido a que el Fondo reporta que el gobierno le debe mil millones más”, puntualizó Sáenz.
Por otro lado, la auditoría detectó errores y omisiones en la cuenta de bienes concesionados y no concesionados, valorada en ₡17.411.152 millones.
Concretamente, se señaló la falta de registro de al menos 3.554 terrenos de centros educativos y al menos 23 carreteras.
Asimismo, hay omisiones por ¢979.027 millones correspondientes a carreteras de la Red Vial Nacional, no actualizados desde 2015.
Según la CGR, hay un total de ₡5,79 billones de transacciones y saldos entre entidades que no fueron eliminados correctamente, generando inconsistencias y hasta posibles doble contabilizaciones.
Hacienda responde
Con relación al dictamen de la CGR, El Financiero envió consultas al ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, que fueron respondidas por Errol Solís, director general de la Dirección General Contabilidad Nacional (DGCN).
Sobre las diferencias detectadas por la CGR en las cuentas por cobrar y deudas del Poder Ejecutivo con la CCSS y el Fodesaf, Solís aseguró que la DGCN realiza los registros de acuerdo con información debidamente conciliada, para garantizar el registro razonable.
“Como se ha reiterado, la deuda de la CCSS no conciliada se maneja como un pasivo contingente. El proceso de revisión de bases de datos y de negociación de nuevos acuerdos de pago entre ambas entidades se mantiene activo. Debido a su complejidad se continúa coordinando para asegurar que los montos a pagar sean correctos”, puntualizó.
“Por su parte, la deuda con Fodesaf corresponde a una cuenta por pagar de larga data. Además, se debe recordar que Hacienda presupuesta de acuerdo con la capacidad financiera del Estado”, añadió el director.
Con respecto a los hallazgos señalados acerca de los bienes concesionados y no concesionados, Solís argumentó que existe una falta de pericia de las instituciones en cuanto al cumplimiento de la normativa que regula este proceso.
“En relación con las eliminaciones de transacciones y saldos , si bien se ha emitido lineamientos a las instituciones para la realización correcta de sus registros, falta atención por parte de los responsables de llevar a cabo las conciliaciones de sus cuentas recíprocas", aseguró.
¿Es usual?
La Contraloría General de la República realiza este estudio cada año, con fundamento en su Ley Orgánica, especialmente en los artículos 12, 20 y 22, que le otorgan competencia para auditar y dictaminar sobre la situación financiera del Gobierno.
Esta no es la primera vez que la auditoría presenta un dictamen negativo. De hecho, es lo habitual, según lo confirmó Elian Villegas, quien fue ministro de Hacienda en la pasada administración.
“Hasta la fecha, la CGR nunca ha emitido una opinión positiva sobre los estados financieros consolidados del Gobierno. Las observaciones suelen señalar inconsistencias, omisiones y falta de evidencia suficiente para respaldar los saldos reportados”, afirmó.
Según explicó, el Ministerio de Hacienda cuenta con la DGCN y existen diferencias de interpretación con la CGR sobre el tratamiento de ciertos rubros.
“Estas diferencias surgen porque cada entidad registra sus operaciones desde perspectivas distintas, según sus funciones, fuentes de financiamiento y criterios de reconocimiento contable”, añadió Villegas.
Un ejemplo recurrente es la deuda del gobierno con la CCSS, donde esta institución y Hacienda difieren en el reconocimiento contable. Esto es señalado por la Contraloría como un factor que afecta la confiabilidad de los estados financieros.
Tal como lo informó El Financiero recientemente, las cifras oficiales de deuda pública reportadas por el gobierno omiten el monto correspondiente a la deuda con la CCSS, por un total de ₡4,43 billones.
En una entrevista con este medio, el ministro Lücke dijo que reconocer la deuda con la CCSS afectaría la implementación de la regla fiscal. Además, elevaría la deuda pública por encima del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), algo que el gobierno quiere evitar.
“La Caja proyecta un monto de aportes del Estado, pero hay que ver lo que realmente podemos financiar dentro del presupuesto y además estar de acuerdo en que esa asignación es correcta”, dijo el jerarca.
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Finalmente, con respecto a la declaración de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, Errol Solís señaló que la DGCN depende de la información que deben suministrar las 190 instituciones que se toman en consideración para este consolidado.
Sin embargo, dijo, “pese a los esfuerzos realizados, existen rezagos importantes generados por entidades, entre ellas las municipalidades, que desatienden las pautas emitidas, situación que bien conoce la CGR”.
