Costa Rica corre para buscar recursos que le permitan reducir su déficit fiscal, bajar el ritmo de crecimiento de la deuda pública y recortar el gasto gubernamental. Para lograr estas metas es necesario ejecutar una combinación de medidas inmediatas ante la crisis del coronavirus, pero también ajustes estructurales que produzcan resultados a mediano y largo plazo.

El próximo 28 de setiembre el Gobierno iniciará la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un organismo al que ya recurrió 17 veces en el pasado, pero en esta oportunidad el objetivo es buscar un Servicio Ampliado −Extended Fund Facility (EFF), en inglés− para optar por un préstamo de $1.750 millones a tres o cuatro años.

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El Ejecutivo llevará a la mesa del FMI un plan que incluye acciones para aumentar los ingresos, reducir los gastos y vender activos estatales, entre ellos, la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).

EF conversó con Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del Gobierno y con Elian Villegas, ministro de Hacienda, para profundizar en el proceso de conversaciones que se avecina con el organismo internacional.

Servicio Ampliado vs. Acuerdo de Stand-by

Uno de los principales cambios de última hora es la figura que eligió Costa Rica para solicitar el apoyo del Fondo. El pasado 3 de junio, el equipo económico del Gobierno anunció, en entrevista con este medio, que optaría por un Stand-by Arrangement (SBA), conocido en español como Acuerdo de Derecho de Giro.

Sin embargo, en la carta enviada por el Ejecutivo, el pasado sábado 29 de agosto, a Kristalina Georgieva, directora general del FMI, para pedir el inicio formal de las negociaciones; la petición cambió a un Servicio Ampliado.

Los diputados aprobaron en segundo debate, el jueves 27 de agosto, el préstamo rápido por $504 millones con el Fondo. Esta acción política, que se demoró cuatro meses en el Congreso, permitió avanzar con las negociaciones ante la entidad multilateral para buscar un acuerdo de mayor alcance y plazo.

¿Cuál es la diferencia entre un SBA y un EFF? Ambos instrumentos tienen como objetivo dar asistencia a países que enfrentan o podrían sufrir desequilibrios en su balanza de pagos, una condición que amenaza la finanzas de Costa Rica si se ensancha el déficit fiscal y no se contiene el crecimiento de la deuda pública.

En cualquiera de las dos medidas de asistencia financiera es necesario que el país se comprometa a impulsar reformas y ajustes para corregir los problemas que generan los desbalances financieros.

El Gobierno podría acceder al mismo monto y costo de financiamiento con un SBA o con un Servicio Ampliado (EFF). Los dos instrumentos permiten un límite de 145% de la cuota anual que capitaliza una nación ante el FMI, con un límite acumulativo del 435% de la cuota durante el periodo de ejecución del programa.

Esto quiere decir que Costa Rica podría optar por un préstamo de hasta $2.250 millones en desembolsos anuales de $750 millones.

La principal diferencia entre un SBA y un Servicio Ampliado radica en el tiempo para su implementación.

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El Stand-by Arrangement es flexible y generalmente se desarrolla en plazos de entre 12 y 24 meses, pero nunca más allá de los 36 meses. Este modelo permite a los países acceder a financiamiento hasta por el 145% de su nueva cuota en 12 meses.

El acuerdo de Stand-by tiene una duración más corta con un periodo de rembolso es de 3,25 a 5 años.

Mientras que el Servicio Ampliado (EFF) se suele aprobar con plazos no superiores a los tres años, pero con la posibilidad de extenderlo hasta los cuatro años. También incluye un periodo de rembolso más largo entre 4,5 y 10 años, con pagos en doce cuotas semestrales iguales.

Este mecanismo está sujeto a los límites normales de hasta el 200% de la cuota anual del país miembro y el 600% de la cuota de crédito total pendiente.

Las tasas del EFF son más favorables, dada la situación de Costa Rica, en comparación con el SBA.

“Lo que se valoró fue la necesidad de aplicar el Servicio Ampliado porque ofrece condiciones en el pago más beneficiosas para nosotros. El monto es cercano a los $2.250 millones”, indicó Garrido.

Negociación paso a paso

La directora del FMI ya respondió positivamente a Costa Rica para dar inicio con las negociaciones el próximo lunes 28 de setiembre, este proceso se extenderá por al menos dos semanas hasta finiquitar el diálogo.

El Gobierno iniciará el jueves 3 de setiembre una ronda de reuniones con las cúpulas de los partidos políticos, las fracciones legislativas, sindicatos, cámaras empresariales y otros sectores, para dar a conocer la hoja de intenciones que llevarán ante el Fondo a finales de mes.

Garrido y Villegas aceptaron que esta carta de iniciativas incluye acciones para aumentar los ingresos con propuestas temporales y permanentes, aunque no puntualizaron si propondrán incrementos en los tributos; también incorpora la reducción del gasto y venta de activos estatales.

“Vamos a dar a conocer ese paquete que contempla acciones por el lado de los ingresos, gastos y venta de activos que estaremos presentando. Lo importante es poder trabajar con la Asamblea Legislativa porque es la institución que tendrá la responsabilidad de aprobar muchas de estas medidas tanto temporales como estructurales”, añadió la ministra de Planificación.

Una vez que concluya la ronda de negociaciones con el FMI, que según Villegas podría tomar dos semanas, el Directorio Ejecutivo de esa organización internacional tendrá que aprobar el Servicio Ampliado para Costa Rica.

Tras el aval del Fondo, el Gobierno deberá redactar el proyecto de ley para enviarlo a la Asamblea Legislativa junto con otras propuestas, lo que permitirá iniciar el trámite político para aprobar e implementar los ajustes propuestos.

Es un hecho que cuando un país pide un crédito de este tipo ante este organismo multilateral debe comprometerse para hacer ajustes en sus políticas económicas con el fin de superar los problemas que lo llevaron a pedir ese auxilio, pero sobre todo, que le ayuden a enmendar las distorsiones que amenazan su estabilidad financiera de mediano y largo plazo.

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“En el marco del EFF, se espera que estos compromisos, incluida la condicionalidad específica, se centren en las reformas estructurales para corregir deficiencias institucionales o económicas, además de las políticas que mantienen la estabilidad macroeconómica”, indica el FMI en su sitio web.

El Directorio Ejecutivo de la entidad hará evaluaciones regulares del desempeño de las medidas propuestas por Costa Rica, que estarán sujetas al la evolución económica.

Aunque se trata de un sistema con mucha flexibilidad en los exámenes que realiza el FMI, también implica un compromiso serio por parte del Gobierno y los actores políticos por hacer los ajustes de manera efectiva y eficiente.

“La situación que tenemos se origina en un déficit fiscal insostenible, pero que se exacerba significativamente en la pandemia, entonces hay una condición estructural que es el déficit financiero alto que debemos resolver, pero también una emergencia que nos complica aún más el panorama”, explicó Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en el programa Economía Hoy.

Implicaciones políticas

En el Congreso las fracciones legislativas se muestran escépticas ante la negociación con el FMI, los diputados reclaman al Ejecutivo que todavía no ha revelado los elementos de la agenda que llevará a la entidad este mismo mes.

“Este país no está para secretos y nosotros como fracción exigimos claridad, queremos saber con certeza qué pretende el Gobierno y qué nos van a enviar a la Asamblea Legislativa”, advirtió Xiomara Rodríguez, jefa de la bancada del Partido Restauración Nacional.

Diferentes agrupaciones políticas del Congreso enviaron notas y cartas al Ejecutivo para pedir el detalle de las medidas que se propondrán ante el ente internacional.

“El ministro de la Presidencia (Marcelo Prieto) ha mencionado que existe un borrador de la propuesta de mayor alcance que se negociará con el Fondo, para muchos diputados es de vital importancia que el Gobierno publique y ponga sobre la mesa estas intenciones”, comentó Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

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El economista José Luis Arce, director de la firma de análisis y estrategia FCS y expresidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), considera que no se debería emprender una negociación de este tipo bajo los fantasmas de que el FMI es igual al de los años 80.

El especialista defiende que la agenda del país ante el Fondo debe rescatar y proteger los valores y las políticas inclusivas de las últimas décadas para hacerlas sostenibles de manera responsable, pero sobre todo con una recuperación de aquellas que se encuentran capturadas en grupos e intereses de todo tipo.

“Nunca puede ser tarde para que una nación −por más desorientados que parezcan sus liderazgos− tome, de nuevo, las riendas de un futuro lo suficientemente compartido como para que resulte una meta legítima”, concluyó el economista.

Con este complejo panorama político y económico, Costa Rica se prepara para iniciar la negociación número 18 ante el FMI, esta vez con un nivel inédito de déficit fiscal que superará el 9% de la producción nacional al cierre del año, al mismo tiempo que la deuda pública llegará al 70%.