Por: María Fernanda Cisneros.   30 abril
El volumen negociado por los puestos de bolsa en el mercado secundario se estrecha desde hace tres años. Pasó de representar 17,9% del PIB en 2015, a 9,8% en 2018.
El volumen negociado por los puestos de bolsa en el mercado secundario se estrecha desde hace tres años. Pasó de representar 17,9% del PIB en 2015, a 9,8% en 2018.

A los puestos de bolsa les falta mucho camino para mejorar las cifras poco prometedoras que los desvelan. El volumen del mercado bajó y con él, la rentabilidad.

Este sector aqueja los cambios regulatorios aplicados en los últimos dos años, los que, además, llegaron en un momento en el que una economía poco animada intenta levantarse, y las tasas de interés al alza reducen los márgenes de comisión.

Algunas de las normas aplicadas aumentaron los costos administrativos, desde la óptica de los participantes del mercado y del mismo supervisor.

¿Cuáles regulaciones sumaron costos? La solicitud de información para atender la Ley 8204 (sobre lavado de dinero, drogas, terrorismo y otros), y los reglamentos de Intermediación y Actividades Complementarias, Gobierno Corporativo, Gestión de Tecnologías de Información, son parte de ellas, según algunos puestos de bolsa del mercado.

La modernización de la regulación implicó una mayor inversión en recursos humanos y tecnológicos, para atender los requerimientos tipificados en esa normativa, afirmó Mónica Ulate, gerente de Popular Valores.

Parte de los cambios llegaron tras aplicarse de forma transversal en todo el sistema financiero (bancos, puestos de bolsa, administradoras de fondos de inversión y otros), a cargo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y el Ministerio de Hacienda.

Uno de los efectos no deseados fueron las duplicidades. El mercado debe atender la regulación de la industria de valores, pero también la que compete a todo el sistema financiero.

“No ha habido comunicación entre las superintendencias o el mercado”, afirmó Antonio Pérez, director Comercial de Mercado de Valores.
Lo que faltó fue previsión en la implementación de una regulación “arbitraria”, señaló señaló Orlando Soto, gerente de Acobo.

La regulación buscó mejorar la eficiencia de las entidades y evitar prácticas como el lavado de dinero por parte de los clientes del mercado, sin embargo, representó una serie de retos.

En algunas ocasiones, deben ser atendidas las mismas normas varias veces por una misma entidad o subsidiaria de un mismo conglomerado financiero.

Esto ocurre con la Ley 8204. Por ejemplo, un consumidor financiero deposita en su cuenta en el banco un monto de $100.000, tras la venta de un lote, y lo demuestra con documentos. Luego, decide enviar ese dinero a un puesto de bolsa para invertirlo, pero el trámite se entorpece porque debe presentar la misma información una vez más.

Aplicar el proceso de debida diligencia en repetidas ocasiones implica costos administrativas y trámites innecesarios.

Una alternativa es establecer topes y que según el monto los trámites deban repetirse y en otros no, afirmó Pérez.

También, la adopción de sistemas, por ejemplo, informáticos, se da por igual independientemente del tamaño de la entidad o subsidiaria. Tampoco considera el giro de negocio de cada una.

Así, un puesto de bolsa o sociedad de fondos de inversión dentro de un conglomerado financiero saca provecho del músculo del grupo. Mientras, una entidad independiente debe aplicar los mismos cambios, realizar la misma inversión, a pesar de tener una operación más pequeña.

Esto al final les impacta de alguna manera a los más pequeños, explicó María Lucía Fernández, jerarca de Superintendencia General de Valores (Sugeval).

Sugeval afirma que la hoja de ruta que se trazó para este año incluye un abordaje a las principales quejas del mercado de valores.

“La meta es eliminar incongruencias, ambigüedades, duplicación y redundancias entre normas relacionadas o afines existentes u originadas por los cambios económicos, sociales y tecnológicos”, explicó Fernández.

La hoja de ruta de la Sugeval

Parte de los objetivos del supervisor es lograr que los puestos de bolsa perfilen más su operación, y que de esta forma la regulación pueda adaptarse a cada uno de ellos según su giro de negocio.

Algunos puestos de bolsa se dedican a partipar activamente en el mercado y buscar el apetito de inversionistas, pero otros solamente atienden los requerimientos de las entidades del conglomerado financiero. La Sugeval quiere supervisarlos distinto.

La ruta es que los puestos adopten una estructura flexible de modo que los requisitos se ajusten al volumen y complejidad de las actividades desarrolladas por el intermediario, afirmó Fernández.

Puntualmente, una de las metas del regulador es reducir los costos administrativos y de cumplimiento de la regulación, aspectos que reconoce como debilitadores del mercado.

Además, Sugeval busca automatizar los procesos y dejar de pedir información que dejó de ser relevante hace mucho tiempo.

Respecto a la Ley 8204, la apuesta es simplificar la información requerida, de forma tal que el formulario Conozca su Cliente pueda ser llenado solo una vez y no se deba cumplir con esto innecesariamente en repetidas ocasiones.

Para lo anterior, se trabaja en un expediente único con periodos de cumplimiento y de actualización de datos.

Por otro lado, avanza en la supervisión basada en riesgos con planes pilotos y cuya implementación completa llegaría en 2020.

Participantes como Acobo y Popular Valores afirman desconocer sobre los cambios regulatorios que trabaja Sugeval.

¿Cuál es la visión del regulador? Que los puestos de bolsa puedan diversificar sus servicios o concentrase en aquellas actividades bursátiles que por especialización y competencias puedan rentabilizar su operación, señaló la jerarca a EF.

Otros bemoles

El volumen negociado por los puestos de bolsa en el mercado secundario bajó y las ganancias por comisiones se vinieron abajo.

No se puede atribuir los malos resultados únicamente a los cambios regulatorios.

El Ministerio de Hacienda presionó las tasas de interés al alza y los puestos de bolsa percibieron el impacto. Cuando los rendimientos suben, los precios bajan y esto aumenta los costos.

En 2018, las comisiones por servicios cayeron 10 %, para un total de ¢25.495 millones.

Las utilidades de estas entidades se desaceleran desde 2016.

Al sector bursátil no le quedó más que bajar las tarifas de cobro por comisiones y por eso las utilidades no son las mejores, tampoco se prevé que levanten pronto, explicó Pérez.

Si la liquidez de Hacienda continúa mejorando (se ha dado hasta el lujo de rechazar subastas), las carteras podrían recomponerse.

Sin embargo, esa presión que generó Hacienda impactó al sector a la baja y se unió a otros frentes, como los cambios regulatorios, para reducir un mercado que ya de por sí es pequeño.

“El efecto en la rentabilidad ha sido una baja en el volumen del mercado, causada por una regulación que llegó sin consultar al mercado y sin conversación entre superintendencias”, señaló Soto, de Acobo.

Por ahora, los puestos de bolsa y el resto de participantes del mercado continúan en la adaptación a las nuevas normas.