EscucharLa Sala Constitucional acaba de emitir un importante voto en el marco de una disputa que surgió en noviembre 2022, cuando la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) acordó solicitarle a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) el acceso a la información de todas las operaciones crediticias que los intermediarios supervisados le remiten (bancos, cooperativas, mutuales, etc.), incluyendo el número de identificación de los deudores.
Después de varias reacciones que surgieron en aquel momento por parte de la Sugef y de las propias entidades financieras, en agosto de 2023 la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo de la Junta Directiva del BCCR, con el fin de impedir la entrega de datos de los ahorrantes y deudores.
Sin embargo, este 17 de septiembre de 2025, la Sala Constitucional declaró sin lugar la acción de la ABC, con un voto de mayoría, mediante la sentencia 029976-25. Así se desprende del “por tanto” publicado por el Poder Judicial en relación con el expediente 23-020910-0007-CO, pues el voto completo todavía se encuentra en proceso de redacción.
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La acción de inconstitucionalidad, ahora rechazada, había sido planteada también en contra de los artículos 14, inciso d); 40, párrafos 2° y 3; y 132, inciso c), de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (Ley N° 7558), así como los artículos 16, párrafo 1; 65 y 68 de la Ley del Sistema de Estadística Nacional (Ley N° 9694).
BCCR y Sugef reaccionan
La reacción del Central no se hizo esperar: este 24 de septiembre, mediante un comunicado, el ente emisor dijo que la decisión de la Sala Constitucional confirma la potestad del BCCR para solicitar información con fines estadísticos.
“Esta decisión reafirma que los acuerdos de Junta Directiva y, en general, las acciones tomadas por el Banco Central con el fin de obtener información siempre se han ajustado a la legalidad y tienen un objetivo exclusivamente científico”, dice el comunicado.
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También destacó que el Banco Central es uno de los principales productores de estadísticas, indicadores, análisis e investigación económica en Costa RIca. Desde su perspectiva, la resolución de la Sala Constitucional constituye un apoyo para contribuir con el desarrollo económico en el país.
Por su parte, la Sugef informó también que se mantenía en espera de la decisión de la Sala para proceder de conformidad.
“En atención a esta resolución, la Superintendencia en estricto apego al ordenamiento jurídico, procederá con la entrega de la información requerida”, confirmó mediante un comunicado.
La entidad también destacó que la información solicitada tiene fines exclusivamente estadísticos, se encuentra adecuadamente sustentada en la Ley del Sistema Estadístico Nacional y persigue cumplir con el fin público de estudiar el efecto potencial del cambio climático en la salud del sistema financiero nacional.
En particular, dijo, busca valorar el posible impacto que se puede generar en la capacidad de pago de los deudores como consecuencia de eventos hidrometeorológicos en el país.
Asimismo, recalcó que ambas entidades están sujetas al deber de confidencialidad establecido en el artículo 132 de la Ley Orgánica del BCCR y en el artículo 10 de la Ley del Sistema Estadístico Nacional, lo cual garantiza a la ciudadanía la protección y el adecuado resguardo de sus datos.
Actualmente, la jerarca de la Sugef es Hazel Valverde, quien era gerente general del BCCR cuando se inició la disputa por este tema.
Otros antecedentes
Regresando a 2022, la asesoría jurídica de la Sugef había considerado que atender la solicitud del Central podría infringir derechos a la confidencialidad. Por ello, la entonces superintendenta, Rocío Aguilar, decidió no compartir la información y envió una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) el 23 de diciembre de ese año para conocer si estaba obligada a acatar el pedido del Central o no.
Por su parte, la entonces gerente general del BCCR, Hazel Valverde, decidió interponer una denuncia penal contra Aguilar en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el 21 de abril del 2023, por no enviar la información solicitada. Esto se hizo antes de que la Procuraduría emitiera un criterio.
La PGR le respondió a la Sugef hasta el 3 de julio del 2023. En su respuesta, considera que la información crediticia no puede considerarse como “sensible” siempre y cuando tengan un fin estadístico.
En septiembre de ese mismo año, el Banco Central le confirmó a este y otros medios que en diciembre del 2022 le había solicitado información crediticia con número de identidad de los deudores al Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Popular y BAC, por considerarlos de “importancia sistémica”.
Estos son los cuatro bancos que más dinero prestan en el país, juntos poseen alrededor de un 75% del total de la cartera crediticia.
Además de la acción presentada por la ABC, desde que se dio a conocer el deseo del Banco Central por acceder a datos crediticios de la población sin anonimizar se han presentado cinco recursos de amparo en contra de dicha solicitud.
