El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se unirá en el último trimestre de este año a las distribuidoras que ya cobran por este servicio. Desde que empezó a desplegar su red de cargadores en el 2019, el uso de estas ha sido gratuito, a pesar de que ha significado para la institución una inversión de $2 millones en infraestructura.

Además, en el corto plazo implementará un centro de atención de averías para usuarios de estos cargadores.

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Con sus 74 centros de carga en todo el territorio, el ICE es el principal actor en este sector, por lo que la decisión de la entidad significa el inicio del cobro en la red más grande del país.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y Coopeguanacaste ya aplican la tarifa de cobro establecida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en diciembre del 2020, únicamente para los cargadores rápidos, la cual es de ¢150 por minuto, a la que se le suma el impuesto al valor agregado (IVA).

Esta tarifa sustituyó a otra establecida en el 2019, la cual cobraba ¢182,72 por kilovatio hora (kWh). El cambio se hizo con el fin de equipararse a las prácticas internacionales, según afirmó Mario Mora, intendente de Energía.

“Como es una tarifa promocional, la idea es que no haya diferencias originadas en costos diferenciados por tarifas, sino que en unas primeras etapas tengamos la posibilidad de promover creando condiciones”, aseguró Mora.

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La resolución del 2020 establece que dicha tarifa debe actualizarse cada dos años, lo que debe ocurrir a finales del 2022. Esta actualización contará, por primera vez, con datos robustos sobre el uso de estos centros de recarga.

Para determinar el nuevo monto, la Aresep valorará algunos indicadores como la cantidad de energía usada, los tiempos en que se ha estado cargando y en qué franjas horarias se usan más las estaciones, pero Mora afirmó que se mantendrá una tarifa “única y promocional”.

Esta es, hasta el momento, la única tarifa de este tipo aprobada por la Aresep para usuarios privados, por lo que los cargadores semirrápidos siguen siendo gratis y no se tiene previsto establecer una exclusiva para estos. La entidad dictó otra tarifa dirigida para recarga de buses eléctricos en planteles.

La Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico (9.518) del 2018 delega la responsabilidad para todas las distribuidoras eléctricas de proporcionar una red de carga en sus áreas de concesión.

De acuerdo a datos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), en Costa Rica existen 48 cargadores rápidos, conocidos también como L3, desplegados por cinco empresas distribuidoras. El ICE, con 36, tiene la mayor cantidad y representa el 75% de ellos.

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¿Qué pasa en los cargadores en comercios?

Decenas de establecimientos privados como comercios, hoteles o restaurantes han colocado sus propios cargadores para vehículos eléctricos con el fin de brindar un servicio agregado y diferenciador.

Sin embargo, estos tienen una restricción: por ley no pueden cobrar por la energía que los usuarios consumen en los cargadores, pues la reventa de electricidad está prohibida en Costa Rica.

Por esa razón, la Aresep emitió en noviembre del 2021 un oficio dirigido a las ocho empresas distribuidoras para aclarar este punto.

Cualquier entidad pública o privada que desee establecer centros de recarga para venta de energía debe hacerlo mediante un convenio estratégico con la empresa distribuidora respectiva a la localidad.

Mientras que cualquier organización pública o privada que quiera colocar cargadores como complemento a su negocio puede hacerlo, pero no puede cobrar por la energía, sino hacerlo igualmente a través de una alianza o crear otro tipo de retribución, como un cobro por el parqueo, por ejemplo.

“Si el desarrollador quiere recuperar la inversión y los costos asociados, podrá hacerlo mediante cualquier modelo de negocio que no contemple la comercialización de electricidad a los usuarios finales”, dicta el documento.

Esto último es lo más común, según Yuri Alvarado, gerente de Distribución de Coopeguanacaste. Esta empresa, por ejemplo, aún no ha establecido ningún tipo de alianza para el cobro de energía en comercios.

La energía eléctrica la seguirá pagando el abonado o establecimiento en su recibo mensual.

La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) calcula que existen unos 250 puntos de recarga colocados por privados en todo el país, pero una parte de ellos están en empresas u oficentros que los ofrecen solo a sus trabajadores. Entre 150 y 200 de ellos sí están abiertos a todo el público.

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“Cualquier comercio es un buen lugar para instalar un cargador semirrápido. Son cargadores que las personas usuarias agradecemos. Uno prefiere una carga semirrápida, no rápida, porque hace una mejor gestión de carga y cuida más la batería”, contó Silvia Rojas, directora ejecutiva de Asomove.

El ICE afirmó que está diseñando modelos de negocio para monetizar el servicio y masificarlo en hoteles, comercios, restaurantes y espacios de acceso público.

En Costa Rica existen ya empresas que se dedican a diseñar y colocar cargadores en sitios privados, que además configuran la plataforma de cobro para los usuarios de los vehículos.

Un “seguro”

Aunque la red de cargadores ha venido en crecimiento, estas estaciones solo deben usarse como un “seguro”, puntualizó el intendente. También Rojas comparte este criterio, pues la primera opción de las personas usuarias de vehículos eléctricos debe ser cargar en casa.

Además, cada vez los autos eléctricos cuentan con una mayor autonomía. En el país ya se venden modelos que recorren hasta 600 km con una sola carga.

La ley 9.518 indica que en carreteras nacionales debe ponerse en funcionamiento por lo menos un centro de recarga cada 80 km, distancia que aumenta a 120 km en caminos cantonales.

Todo lo anterior implica que la cantidad de centros de recarga llegará a un tope en algún momento. Las empresas distribuidoras están colocando cargadores como parte del objetivo país, pues no es rentable.

“Si bien es cierto hay algún ingreso, no es para nada un negocio para la distribuidora (...). El sentido de esto es apoyar la iniciativa país, pero no es autosostenible”, manifestó Alvarado.

Una estación de carga ya instalada cuesta alrededor de $50.000 y Coopeguanacaste registra un promedio de 1,5 recargas diarias de ¢5.000. La multiplicación da como resultado un ingreso de ¢2,7 millones al año, unos $4.200 al cambio actual.

Alvarado está convencido de que las distribuidoras colocarán más estaciones de carga, pero la cantidad se va a estabilizar aunque el número de vehículos eléctricos siga creciendo. Coopeguanacaste, por ejemplo, planea instalar dos centros más en las próximas semanas.

Solo para este 2022, el Minae estima que ingresarán poco más de 3.000 vehículos nuevos de esta tecnología.

Aresep tiene previsto para el 2023 realizar un estudio para establecer tarifas por franjas horarias en todo el sistema eléctrico nacional, con la intención de promover el uso de energía en periodos donde es más barata.

Si eso logra formalizarse, el intendente cree que se dará una señal para que los usuarios de vehículos eléctricos puedan cargar en casa, especialmente en las noches con tarifas más baratas.