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Apenas el 8,3% de los 147.180 hogares con estudiantes de educación pública que califican para recibir ayudas del Estado y que requerían conexión a Internet ha recibido una solución a un año de haberse dado la alerta sobre la situación de un tercio de los estudiantes de primaria y secundaria que carecían de acceso.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) enfatizó que no es la responsable de la conectividad, mientras la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y los operadores achacan el escaso avance a los problemas de la base de datos que proviene desde el Ministerio y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
“El principal inconveniente para avanzar en la entrega de equipos y conectividad es la entrega tardía e incompleta de información”, afirmó Federico Chacón, presidente de Sutel.
El Poder Ejecutivo, entre tanto, aprovecha para impulsar el proyecto de ley N° 22.206 de Alfabetización Digital, que plantea disponer recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) a través del Programa Nacional de Informática Educativa, cuya ejecución el MEP delega a la Fundación Omar Dengo (FOD).
Los sectores rechazan la politización de la tema. “Los estudiantes no merecen ser utilizados para fines políticos”, acusó Mario Montero, presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).
¿Cuáles son las instituciones involucradas?
La entidad responsable de la coordinación es el el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), como rector del sector, que define qué puede hacer Fonatel mediante el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones (PNDT).
El MEP identifica a los estudiantes y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) evalúa si la familia cumple las condiciones para recibir el subsidio del servicio para enviar la información a Sutel, donde los nueve operadores la consultan para localizar a los hogares.
¿Cuántos son?
En mayo de 2020 el MEP identificó a 535.000 estudiantes sin conectividad. Luego depuró la información a 324.616. De ellos, 215.936 (distibuidos en 147.180 hogares) son los que pertenecen a los deciles de ingreso definidos por Micitt para ser beneficiarios de Fonatel.
Pasaron tres meses para que, en agosto de 2020, el MEP comunicara que 82.662 requieren conectividad (pues tienen dispositivos) y 133.274 requieren enlace y dispositivo (tableta o portátil). Hasta finales del mes siguiente, el Micitt actualizó el PNDT.
“La brecha hubiera sido mucho mayor”, destacó Federico Chacón, presidente de la Sutel, pues desde 2016 a febrero de 2021 Fontal instaló soluciones a 151.644 hogares, abarcando a 249.779 estudiantes.
Para este 2021, el MEP incluyó la consulta de estudiantes sin conectividad en los censos escolares que se realiza en febrero, julio y noviembre. Paula Villalta, viceministra de planificación institucional del MEP, indicó que los resultados del censo de febrero pasado ya se enviaron al IMAS, pero no indicó si se mantiene la cifra.
¿Cuántas soluciones se han entregado?
La meta establecida es entregar 86.812 computadoras y 100.684 conexiones a Internet para diciembre de 2021. Para cumplirla debería cargarse a las bases de datos un mínimo de 22.000 familias beneficiarias por mes.
Sutel respondió a EF que, en las condiciones indicadas, a febrero de 2021 había entregado 11.148 soluciones mediante el Programa de Hogares Conectados y otras 1.062 a hogares con conectividad.
¿Qué pasa con las listas?
El MEP envía la información de los estudiantes al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) del IMAS, donde se realiza la validación de datos. Luego se remite a Sutel.
La primera lista de beneficiarios fue recibida por Sutel hasta el 7 de diciembre del 2020 con datos de 43.000 hogares. En total, la Superintendencia recibió 115.084 registros de hogares entre diciembre de 2020 y abril de 2021.
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¿Hay problemas con los datos?
Sutel asegura que sólo se ha podido cargar el 35% de los registros (40.277) debido a inconsistencias (identificación inválida, incorrecta o incompleta), impidiendo a los operadores contactar a las familias. La Superintendencia devolvió un total 74.807 registros, incluyendo los 46.662 registros que se recibieron en abril pasado.
De los que llegan con datos completos, hay que restar los casos de datos incorrectos. Los operadores reportan que la contactabilidad es del 31% máximo.
¿Se hace algo para mejorar datos?
El MEP alega que no tiene competencia sobre los sistemas de información o las bases de datos, pero que realiza sesiones con “actores clave de la comunidad educativa” para que conozcan el proyecto y transmitan a los potenciales beneficiarios cómo obtener la conexión.
Villalta admitió que se planificaron otras acciones “para recolectar una variable requerida por el IMAS” para contactar a las familias, pero está pendiente una consulta a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes para garantizar que se cumple la Ley de Protección de las Personas frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
Sutel recalcó, desde agosto de 2020 en 20 reuniones y cuatro informes a las entidades involucradas, que la situación de los datos hace imposible avanzar.
¿Más problemas?
El MEP agregó que tiene preocupaciones sobre la cobertura de los operadores en las zonas y que el programa no financia infraestructura ni se ven propuestas. “Esto es grave, dado que el 70% de los estudiantes sin conectividad reside en regiones fuera de la Región Central y 52% en zonas costeras y fronterizas”, afirmó Villalta.
Sutel, por su parte, adelantó que en los próximos meses se sumarán, a los nueve actuales, los operadores móviles Claro, Telefónica e Instituto Costarricense de Electricidad (que ya participa en Fonatel con Internet fijo) y que en abril anterior también envió la recomendación de adjudicación de la licitación de compra de dispositivos al Banco Nacional, que gestiona el fideicomiso de Fonatel.
¿Hay solución?
El Micitt y Casa Presidencial insisten en impulsar el proyecto de alfabetización digital como solución. “Es la vía más rápida para dotar a cada estudiante con equipo y conexión”, afirmó el presidente Carlos Alvarado, en la presentación de su informe a la Asamblea Legislativa.
El mandatario, que primero planteó utilizar los recursos de Fonatel para pago de deuda pública y ahora para este proyecto, sostuvo que la Ley General de Telecomunicaciones (8642) no contempla la alfabetización digital y que, por eso, utilizar los recursos de Fonatel “es muy burocrático y lento”.
La Contraloría General de la República, las cámaras de tecnología y telecomunicaciones, y los especialistas reiteran que la Ley 8642 sí contempla la alfabetización.
La Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) recalcó que es responsabilidad del Poder Ejecutivo liderar la agenda de alfabetización contemplada en la ley 8642s. “Se entiende que existen los mecanismos necesarios y suficientes”, dijo Paul Fervoy, presidente de Camtic.
