La industria es clara: los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) no se pueden utilizar para otros fines, incluyendo reducir el déficit fiscal, que no sean los establecidos por las leyes aprobadas hace 12 años.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta), Costa Rica se comprometió a destinar recursos para programas de acceso universal y reducción de la brecha digital.

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La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) también dice que ejecuta prácticamente todo su presupuesto anual y que, por tanto, no hay tal “superávit”.

El gobierno, no obstante, busca algún resquicio para reformar la ley y utilizar los recursos de dos teóricos superávits de Fonatel y de la Sutel.

“Nos encontramos realizando los análisis jurídicos correspondientes”, respondió el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), a través de la oficina de prensa.

Es la misma respuesta –”a la fecha los equipos técnicos se encuentran finalizando el análisis”– en relación a las propuestas de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) y de los operadores para implementar proyectos que aumenten la capacidad de la infraestructura local y fortalezcan los servicios de telefonía e Internet.

“Hemos sido críticos con la inacción para modificar y acelerar con sentido de urgencia los programas de Fonatel”, acusó Vanessa Castro, presidenta de Infocom.

El uso de los recursos de Fonatel para otros propósitos que no sean el acceso universal fue el desacuerdo que adujo Adrián Salazar para renunciar a su cargo de ministro el pasado 28 de mayo.

Factibilidad

Para el sector, Fonatel tiene un mandato claro blindado por la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642, artículo 38) y el Cafta (capítulo 13 y anexo 13), para que no sea utilizado para fines fiscales.

En su momento se estableció así, pues existían experiencias en la región de desvío de recursos generados por el sector de telecomunicaciones para fines netamente fiscales.

Existen, además, dos pronunciamientos de la Sala Constitucional del 2010 y 2011 (resoluciones 010627, 012790 y 16020) que reconocen explícitamente el acceso a las tecnologías de telecomunicaciones como un derecho fundamental de la ciudadanía.

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No son las únicas.

Desde 2014 otros 11 fallos de la Sala IV reiteran las obligaciones del Estado y de Sutel para formular proyectos en el área, de Fonatel para hacer llegar los servicios a zonas donde no es financieramente rentable y de los operadores para brindar los enlaces solicitados por la ciudadanía.

La industria reitera que si no se utilizan los recursos de Fonatel para brindar Internet y telefonía a la población que no tiene acceso a esos servicios, se incumple con los derechos reconocidos por la Sala Constitucional.

“Violaría la jurisprudencia constitucional y los principios de razonabilidad y proporcionalidad”, dijo Juan Manuel Campos, director de Ciber Regulación. “La perversidad del Estado es tener un fondo ineficiente para cumplir con los propósitos de su ley de creación”.

Infocom sostiene que usar recursos de Fonatel para propósitos fiscales es desnaturalizarlo y afectaría a las poblaciones vulnerables sin acceso a los servicios de telecomunicaciones, al tiempo que insiste en la necesidad de una mayor eficiencia y divulgación de los proyectos ejecutados.

Reformar la ley no sería sencillo, pues se deberá ponderar la conveniencia de la decisión, su constitucionalidad y su impacto, entre otros factores.

“Existe normativa que pudiera contradecir el deseo del Ejecutivo y del Legislativo acerca del traslado de los fondos de Fonatel para ser usado con otros fines”, advirtió Gisela Sánchez, presidenta de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham).

Debate

El debate sobre el uso de los recursos ociosos de Fonatel es polémico y se presenta en un momento de especial fragilidad en las finanzas del Gobierno Central.

“Comprendemos el fin y los objetivos de la propuesta de ley”, dijo Federico Chacón, presidente de Sutel. “Sin embargo, la pandemia nos deja la enseñanza de la importancia de los servicios de telecomunicaciones. No podemos estar de acuerdo con que estos recursos se destinen para otros fines que no sea el acceso de las telecomunicaciones”.

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La Superintendencia defiende que los recursos de Fonatel y de la misma Sutel son fondos con un destino especial y tienen fuentes de financiamiento (contribuciones parafiscales, pago por concesiones, y obligaciones que deben cumplir los operadores) diferentes a los superávits de otras instituciones.

Sutel advirtió que utilizar los recursos de Fonatel para fines fiscales afectaría la ejecución de programas de la reducción de la brecha digital y de ampliación de redes y acceso a servicios.

Chacón sostiene que, en el caso de Fonatel, se han cumplido todas las metas establecidas en el Plan Nacional de Telecomunicaciones (definido por el Micitt, como rector) y se ha invertido $134 millones en cuatro programas destinados al cierre de la brecha digital.

En la actualidad hay $322 millones reservados “exclusivamente” para cumplir los contratos de proyectos que se empezaron a ejecutar y que abarcan hasta el 2027.

Y si el gobierno busca un superávit de la Superintendencia tendría dificultades para encontrarlo, pues según la liquidación del 2019 el presupuesto se ejecutó casi completamente, en más del 90% de lo establecido en su plan operativo.