EscucharMenos de la mitad de los contribuyentes que están obligados a la fecha a usar la factura electrónica lo está haciendo.
La Contraloría General de la República publicó este lunes 6 de agosto un informe de auditoría en el que también señala que el Ministerio de Hacienda no está haciendo uso de la información que obtiene con el uso de los comprobantes electrónicos para control tributario.
La auditoría encontró que al 31 de mayo pasado apenas 9,6% de los grandes contribuyentes, es decir sólo 41, están usando el Sistema de Comprobantes Electrónicos.
“Si bien este segmento de contribuyentes tiene plazo hasta el 1° de noviembre de 2018 para hacer uso obligatorio de la factura electrónica, a la fecha, la cobertura es baja si se considera que faltan menos de cuatro meses para que venza dicho plazo”, advirtió la Contraloría.
En el caso de los contribuyentes de otros sectores o segmentos, la Contraloría encontró que, basado en datos de la misma Dirección General de Tributación, sólo una parte de los obligados está cumpliendo también.
Así apenas el 28% de los profesionales liberales inscritos, y que están obligados a hacerlo, están cumpliendo: unos 13.934 de 137.741.
Por sectores el cumplimiento es de 45% de los contribuyentes en salud; 14% de los contribuyentes de actividades contables, administrativas y financieras; y 56% del legal.
En el sector de ingeniería, arquitectura e informática está cumpliendo el 33% y en otros sectores (que incluyen comunicación, publicidad y otros) apenas el 17%.
Todos estos sectores debían ir ingresando de manera gradual al proceso de factura electrónica desde el pasado 15 de enero, según el calendario de Tributación para el primer semestre.
La expectativa, subrayó la Contraloría, es que al 31 de mayo todos ellos debían estar facturando electrónicamente.
Hacienda anunció el pasado 3 de agosto que ha notificado a cerca de 32.000 contribuyentes, de los 62.000 obligados, que están expuestos a sanciones de hasta ¢43,1 millones por no usar la factura electrónica.
Durante los meses de setiembre, octubre y noviembre la factura electrónica será obligatoria para el resto de contribuyentes, excepto los del régimen simplificado.
Hasta el momento especialistas, empresas, contribuyentes y cámaras empresariales han enumerado diversos problemas que se han presentando en el proceso, así como en la operación y el software gratuito para generar facturas y comprobantes electrónicos que puso a disposición Hacienda.
El Ministerio todavía no se refiere ni responde consultas sobre el informe de la Contraloría.
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¿Datos para qué?
La auditoría también reveló que ni Hacienda ni Tributación usan o explotan la información obtenida del sistema de comprobantes electrónicos para “labores de inteligencia y control tributario, a partir del cual se orienten decisiones para mejorar la eficiencia y eficacia de dicho control”.
La Contraloría sostiene en su informe que el proveedor del servicio, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), facilitó a Hacienda un módulo de consulta “que es limitado” en cuanto a la capacidad de análisis de datos.
Eso impediría, según el órgano contralor, el aprovechamiento inmediato de los beneficios esperados con la implementación del proyecto de factura electrónica.
La consecuencia sería que así se podría diluir la percepción de riesgo de los contribuyentes si la información sólo se acumula y no es utilizada intensivamente con fines de fiscalización.
“Además, se evidenció que el Ministerio de Hacienda carece de una estrategia o plan de acción oficializado, que permita garantizar la continuidad del sistema de comprobantes electrónicos”, advirtió la Contraloría.
Esto podría impactar los procesos de facturación de los contribuyentes.
La Contraloría indicó que se encontraron debilidades relacionadas con la formulación y evaluación del proyecto en cuanto a la razonabilidad del precio, la estimación de la demanda, ausencia de evaluación financiera y económico-social para estudiar la rentabilidad, los beneficios de la inversión y los posibles efectos en la recaudación tributaria.
En el informe se ordenó a Hacienda resolver estos problemas, en virtud que la factura electrónica es un instrumento que contribuye a la transparencia, el combate a la evasión y a fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, fuente de ingresos para los servicios públicos.
