EscucharIngresamos a la recta final del 2022 y con definiciones pendientes en los programas de conectividad a hogares de estudiantes de bajos recursos económicos y a los centros educativos.
Casa Presidencial y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) están terminando de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), en el cual se establecen las metas de los programas y se realiza la asignación correspondiente a las entidades que estarán a cargo de su ejecución.
El mismo Micitt comunicó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que no es factible avanzar en las siguientes etapas para la atención de los centros educativos hasta tener determinados los alcances de las metas y de los elementos que se incluirán en el PNDT 2022-2027.
“Estamos a la espera de que el Poder Ejecutivo publique un nuevo plan”, respondió Gilbert Camacho, presidente del consejo de Sutel, que tiene a cargo los programas de conexión a hogares y una parte de la conexión a centros educativos con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
Hasta el PNDT del periodo 2015-2021 la otra parte estaba a cargo del Ministerio de Educación Pública (MEP), que inicialmente delegó a la Fundación Omar Dengo (FOD) la tarea. El MEP debía asumirla directamente tras la resolución de la Contraloría General de la República sobre la imposibilidad de confiar funciones y responsabilidades del Ministerio a otra entidad.
Micitt respondió que en el borrador del PNDT 2022-2027, que estuvo en consulta pública en agosto anterior, la meta de la Red de Conectividad es que en cinco años se logre “el 100% de avance de ejecución” en la conexión de los centros educativos. En la matriz de ese documento no se indican las metas a alcanzar para cada año: “Por definir” es lo que aparece en las casillas.
Para el programa de hogares conectados se establece como meta brindar Internet a 100.684 hogares en condición de vulnerabilidad socioeconómica con estudiantes en el sistema educativo público con subsidio para conectividad a Internet al 2023. En la matriz se indica que el total de hogares beneficiados en 2022 sumaría 40.684 y que en 2023 se alcanzarían 100.684 hogares.
El Micitt reiteró —a través de la oficina de prensa— que el PNDT 2022-2027 “a la fecha se encuentra en proceso de emisión” y que en ese plan se “están incorporando aquellas metas que no lograron alcanzar su cumplimiento dentro del periodo establecido en el PNDT 2015-2021, que finalizó el 31 de diciembre de 2021″.
Una situación adicional surgió en estos meses. El proyecto original de la Red Educativa del Bicentenario, tal como lo concibió el gobierno de Carlos Alvarado, no incluía la dotación de equipos a los centros educativos.
Se incluyó en una de las actualizaciones al PNDT 2015-2021 a través del programa Centros Públicos Equipados, con dos proyectos. El primero ya habría realizado la entrega de dispositivos al MEP. En el segundo se contempló entregar 86.812 equipos, de los que ya se habrían entregado 40.723, pero se detuvo —por solicitud del MEP— la entrega a otros 1.403 escuelas y colegios “debido a problemas con las bases de datos”.
“Este problema en la información del MEP, que se originó en quienes diseñaron el programa en la administración anterior, fue denunciada por Sutel ante la Contraloría General de la República”, explicó Camacho. “Para continuar la entrega de computadoras a estudiantes de escasos recursos, estamos a la espera de que el Micitt de manera urgente ajuste la política pública, requisito establecido por la Contraloría para la ejecución del Fondo”.
Afinar el modelo
Por encima de los pormenores administrativos y burocráticos de los programas, el cumplimiento de las metas y, fundamentalmente, dotar de equipos y conectividad a hogares de bajos recursos y a centros educativos dependerá de afinar el modelo y ponerlo a operar eficientemente. Más que a un rompecabezas de unas cuantas piezas, es un cubo rubik.
El borrador del PNDT 2015-2021 plantea un modelo de gestión “unificado” y un diseño técnico y de servicio “homogéneos” para integrar a los diversos actores (públicos y privados) bajo un escenario de eficiencia y eficacia, de acuerdo con las capacidades y posibilidades operativas, económicas, legales y técnicas de cada uno, “siempre que prevalezca la atención oportuna de las necesidades educativas y sociales”.
La industria de telecomunicaciones defiende que los programas con recursos de Fonatel se implementen a través de Sutel-Fonatel, manteniendo la independencia y los criterios técnicos que determina la Ley General de Telecomunicaciones (No. 8642) y para evitar que los recursos aportados por los operadores sean utilizados según los caprichos políticos o fiscales de cada administración y con propósitos diferentes a los de reducir la brecha digital, como ocurre en otros países.
Se requiere, empero, que el modelo supere los niveles de eficiencia y agilidad demostrados por todos los actores hasta el momento, empezando por el mismo establecimiento y la actualización periódica de las metas del PNDT (de donde se derivan las órdenes de ejecución) por parte de Casa Presidencial y Micitt.
En la ejecución, que es el principal foco de atención de diferentes sectores, también se requiere mayores niveles de eficiencia y agilidad de Sutel (como ejecutor y administrador de Fonatel), de la entidad a cargo del fideicomiso de Fonatel (que cambia del Banco Nacional al Banco de Costa Rica) y de los mismos operadores (encargados de instalar las conexiones en hogares y centros educativos).
Dos preguntas surgen en esta tarea: ¿las metas son realistas en concordancia a las capacidades de Sutel, fiduciario y operadores, así como tienen en cuenta los problemas de infraestructura a nivel cantonal?
Para la última situación es posible que se deba revivir o tomar en cuenta qué tan eficiente es un comité del Micitt, el MEP y Sutel que revise las dificultades que surjan, de modo que se puedan coordinar soluciones si se presenta —por ejemplo— un problema para el despliegue de infraestructura de red en un cantón por decisiones o atrasos de permisos en la municipalidad.
Hay otras acciones que deben abordarse a nivel institucional, como la coordinación con los directores o encargados de centros educativos para el diseño y ejecución de las obras eléctricas, la red inalámbrica local y la conectividad, a cargo de distintos proveedores. Tan simple como que alguien responsable en la escuela o el colegio se encuentré el día y a la hora acordada previamente para que los proveedores realicen las instalaciones.
El principal problema sigue siendo con la lista de beneficiarios del programa de Hogares Conectados que entrega el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), donde hay dificultades para contar con información precisa sobre los beneficiarios de los programas.
Sutel insiste que las bases de datos que se le entregan “están desactualizadas e incompletas”. “Esto es una limitación para el cierre de la brecha digital”, afirmó Camacho. “Se requiere una coordinación interinstitucional eficiente, que permita contar con esta información indispensable para la correcta ejecución de los proyectos”.
