Presentado por: INGESA
En momentos en que la competitividad industrial depende cada vez más del acceso a energía limpia, eficiente y estable, Costa Rica enfrenta una paradoja: posee una de las matrices eléctricas renovables más robustas de América Latina, pero al mismo tiempo mantiene incertidumbre regulatoria alrededor de uno de los instrumentos diseñados precisamente para aprovechar esa ventaja.
Se trata de la tarifa eléctrica TMT-b, un esquema creado para incentivar la electrificación de procesos productivos y promover modelos empresariales más eficientes desde el punto de vista energético y ambiental.
Aunque la herramienta continúa vigente y respaldada por criterios oficiales del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en el sector empresarial persisten dudas sobre sus alcances, requisitos y condiciones de acceso.
La consecuencia es relevante: decisiones de inversión, modernización industrial y migración tecnológica podrían estar siendo postergadas por interpretaciones que no necesariamente responden a la normativa vigente.
Una tarifa diseñada para acelerar la transición energética empresarial
La TMT-b surgió dentro de la estrategia nacional de descarbonización como un mecanismo para incentivar que industrias y comercios adopten procesos eléctricos más eficientes, reduzcan dependencia de combustibles fósiles y fortalezcan sistemas de gestión energética.
En un contexto global donde los mercados internacionales exigen cadenas productivas más limpias y trazables, la energía dejó de ser únicamente un costo operativo para convertirse en un factor de competitividad.
Empresas exportadoras, manufactureras y de servicios enfrentan hoy presiones crecientes relacionadas con huella de carbono, eficiencia energética y sostenibilidad corporativa.
La apuesta costarricense busca capitalizar precisamente esa tendencia.
Sin embargo, alrededor de la tarifa comenzaron a circular requisitos informales, interpretaciones restrictivas y versiones contradictorias que han generado incertidumbre dentro del sector productivo.
Los mitos que siguen afectando decisiones empresariales
“Solo las empresas grandes pueden acceder”
Uno de los criterios más repetidos dentro del sector es que únicamente compañías con altos niveles de consumo eléctrico pueden optar por la TMT-b.
No obstante, la ARESEP aclaró mediante el oficio OF-0399-IE-2026 que una empresa servida en media tensión con certificación ISO 50001 vigente puede gestionar la tarifa aun cuando no alcance parámetros tradicionales de demanda o consumo.
El criterio resulta particularmente relevante para empresas medianas que han comenzado procesos de modernización energética y buscan reducir costos operativos mediante electrificación.
“Se exige determinada cantidad de empleados”
Otra interpretación extendida señala que la tarifa está condicionada al tamaño de la planilla empresarial.
Sin embargo, ARESEP indicó que actualmente el nivel de empleo no constituye un requisito técnico ni legal para acceder al esquema tarifario.
“La tarifa perdió vigencia”
Pese a versiones que circularon en distintos sectores, ARESEP confirmó mediante el oficio OF-0055-IE-2026 que la TMT-b continúa vigente.
Además, la resolución RE-0072-IE-2025 aprobó las tarifas aplicables para 2026.
“Aplica únicamente para ciertos sectores industriales”
MINAE y ARESEP también han aclarado que no corresponde restringir arbitrariamente la tarifa a un único subsector económico.
La interpretación debe realizarse conforme a la definición especial de “industria” contenida en el Decreto Ejecutivo N.° 29732-MP.
En términos prácticos, esto amplía el espectro de empresas que podrían valorar la tarifa como parte de sus estrategias de eficiencia y competitividad.
Un tema que va más allá de la factura eléctrica
La discusión alrededor de la TMT-b trasciende el ámbito técnico o tarifario.
Para muchas empresas, especialmente aquellas vinculadas a exportación, manufactura avanzada y cadenas globales de valor, la transición energética forma parte de los nuevos estándares de mercado.
La capacidad de operar con energía limpia y procesos eficientes comienza a influir no solo en costos, sino también en acceso a clientes, reputación corporativa y cumplimiento de exigencias internacionales.
En ese escenario, la electrificación empresarial deja de verse únicamente como un tema ambiental para convertirse en una variable estratégica de negocio.
La oportunidad también alcanza al sector eléctrico
La lógica detrás de la TMT-b tampoco implica una reducción del mercado para las distribuidoras eléctricas.
Por el contrario, el modelo busca estimular mayor demanda de energía limpia mediante la electrificación de procesos productivos.
En términos económicos, esto representa la posibilidad de aumentar consumo eléctrico de mayor valor agregado, fortalecer relaciones con clientes industriales y dinamizar el crecimiento del sistema energético en el largo plazo.
El enfoque responde a una lógica que el sector privado conoce bien: ofrecer condiciones competitivas para atraer clientes estratégicos y ampliar mercado.
Más de 400 empresas ya operan bajo este esquema
Datos de ARESEP señalan que actualmente más de 400 empresas utilizan la tarifa TMT-b en Costa Rica.
La cifra refleja que el instrumento ya forma parte del ecosistema de competitividad energética del país y que múltiples compañías lo consideran una herramienta viable dentro de sus estrategias operativas.
El desafío ahora parece centrarse menos en la existencia de la tarifa y más en generar claridad regulatoria suficiente para evitar que interpretaciones contradictorias continúen frenando inversión, electrificación y modernización productiva.
Porque mientras otros mercados avanzan agresivamente hacia modelos industriales bajos en carbono, Costa Rica enfrenta una discusión clave para su competitividad futura: si aprovechará plenamente su matriz renovable como ventaja estratégica o permitirá que la incertidumbre regulatoria limite ese potencial.
Para
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