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La administración de Carlos Alvarado heredará el cumplimiento y finalización del programa de ajuste fiscal que negociará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al próximo Gobierno. El plan contiene una fuerte carga de impuestos permanentes y temporales para aumentar los ingresos.
La propuesta presentada por el equipo económico se empezará a negociar el 5 de octubre y tendrá que superar un adverso clima político y social en su camino por la Asamblea Legislativa.
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El planteamiento incluye acciones administrativas que no requerirán pasar por el Congreso, pero también implica nuevos impuestos y reformas que obligatoriamente deben recibir el aval del plenario.
En el mejor de los casos, el plan de ajuste fiscal propuesto por el Gobierno empezará a regir en el 2021, pero la fecha de finalización se extenderá hasta el 2023 con posibilidades de llegar hasta 2024, lo que deja en manos de la siguiente administración concluir el programa y hacer eventuales ajustes.
Justamente el gobierno de Alvarado optó por pedir un préstamo al FMI con un instrumento llamado Servicio Ampliado −Extended Fund Facility (EFF), en inglés− que se prolonga por entre 12 y 36 meses, con posibilidad de alcanzar los 48 meses.
La otra alternativa que tenía el Ejecutivo era un Stand-by Arrangement (SBA) que por sus condiciones debía ejecutarse entre 12 y 24 meses.
Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), aceptó que la selección del Servicio Ampliado se hizo porque ofrece mejores condiciones en intereses y plazos, pero también porque permitirá “transitar las elecciones del 2022” lo que da mayor seguridad a los inversionistas y al mismo Fondo.
El propio mandatario Carlos Alvarado reconoció en un video publicado en sus redes sociales este jueves 17 de setiembre, que el acuerdo con el FMI pretende dejar unas finanzas más sanas a la siguiente administración.
Otra de las herencias que dejará la actual administración será la búsqueda y ejecución de reformas estructurales que ataquen el problema de fondo: reducir el gasto público. En otras palabras, son los elementos ausentes en la propuesta presentada por el Ejecutivo.
El programa carece de iniciativas para recortar sustancialmente la planilla del Estado, vender instituciones que generen más ganancias y buscar la eficiencia gubernamental de mediano plazo.
Propuesta recargada en impuestos
El programa de ajuste fiscal que llevará el Gobierno a la mesa del FMI incluye impuestos temporales como aumentos en el tributo sobre la renta que se cobra a los salarios y a las utilidades de las empresas.
También se incrementará la tasa del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, se aplicaría −en caso de ser aprobado− un tributo a las transferencias bancarias y cheques del 0,3% en los primeros dos años y 0,2% en los siguientes dos años.
En cuanto a tributos permanentes, se enlista el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales tranfronterizos, fortalecer los sistemas digitales de Hacienda y el IVA a la canasta básica; todas estas retenciones fueron aprobadas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635).
En recorte al gasto se propone la aplicación de la regla fiscal (sin las municipalidades), el proyecto de Ley de Empleo Público, el cierre y fusión de instituciones descentralizadas, suspender las anualidades por tres años, una movilidad laboral voluntaria para 7.000 burócratas y una iniciativa de ley para reducir la deuda política en un 50%.
Se plantea eliminar exoneraciones al salario escolar, a la Caja de Ande, a la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional y a los excendentes de las grandes cooperativas.
La venta de activos solo incluye a la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y un grupo de terrenos del Estado.
Los próximos meses serán decisivos para el bienestar del país. Con el Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia, vamos a negociar un acuerdo con el FMI para mantener la estabilidad económica en el país. No descansaremos hasta ver a Costa Rica librada del COVID-19. pic.twitter.com/yhwdU6wj27
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) September 17, 2020
Los economistas Gerardo Corrales, Eli Feinzaig y Silvia Hernández −quien además es diputada del Partido Liberación Nacional (PLN)− coinciden en que se trata de un planeamiento recargado en aumentar los impuestos y con pocas propuestas sustantivas en materia de recortes al gasto público.
“Si se suma el rendimiento de las exoneraciones y el recorte al gasto comparado con lo que pretenden recaudar de ingresos permanentes y temporales, es totalmente desbalanceado. Lo que no quieren es despedir personal público”, apuntó Corrales.
Para Feinzaig es importante que el compromiso que asuma el país sirva no solo para sacar agua del bote temporalmente, sino para reparar el barco para el futuro.
“Medidas que pretenden aumentar la recaudación de impuestos y contener el gasto temporalmente no tendrían un efecto de mediano y largo plazo. Deberíamos aprovechar el acuerdo con el Fondo para amarrar las reformas estructurales que permitan cambiar la trayectoria del gasto y equilibrar las finanzas públicas”, agregó.
Silvia Hernández, quien además es miembro de la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se tramitará la propuesta en el Congreso, considera que el plan carece de retroalimentación de las bancadas y se trata de un paquete impuesto por el Gobierno.
“No me voy a sentar en la Comisión de Hacendarios si el Ejecutivo no nos envía el rendimiento que pretende alcanzar con cada medida y la justificación puntual caso por caso”, zanjó la diputada.
Herencia política
El programa fiscal ante el FMI no es inflexible ni está escrito en piedra. El organismo internacional pedirá metas cuantitativas al país como, por ejemplo, definir la reducción del déficit primario, recortar el crecimiento de la deuda pública y cumplir con una cifra de contracción en el gasto gubernamental.
Las medida administrativas o leyes para lograrlo se pueden cambiar en el tiempo. De acuerdo con Rodrigo Cubero, no es negociable la necesidad de un ajuste fiscal, pero las propuestas puntuales y los proyectos de ley se deben discutir, si uno no tiene posibilidades de avanzar, entonces se puede cambiar por otra iniciativa.
Según el jerarca del Central, incluso durante la ejecución del programa Costa Rica tiene la posibilidad de revisar el cumplimiento de metas cuantitativas y proponer al Fondo cada seis meses cambios o ajustes en las medidas o reformas estructurales que se planean aprobar antes de cada desembolso de dinero.
Esto quiere decir que el próximo Gobierno podría renegociar las propuestas o presentar otras, lo ineludible es la obligatoriedad de completar el programa.
Miguel Ángel Rodríguez, economista y expresidente de la República (1998-2002), asevera que la siguiente administración ya está comprometida por la adversa situación de las finanzas públicas agravada con la pandemia que aumentó el desempleo, la pobreza y la desigualdad.
“Siempre que técnicamente se pueda demostrar que razonablemente cumplen con los objetivos, hay margen para negociar cambios a la propuesta, si son para descansar menos en impuestos que afectan negativamente el crecimiento y por consiguiente hacen más difícil alcanzar la disminución de la deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB), debería ser fácil para el Gobierno negociar las modificaciones con el FMI”, añadió el exmandatario.
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María Inés Solís, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), asegura que el acceso a créditos de apoyo presupuestario por parte de la actual administración sólo busca “pasarle el problema de la deuda al que viene”.
“Ahora, se deciden por un préstamo de Servicio Ampliado con el FMI, que tiene un plazo de cancelación mayor y que está diseñado efectivamente para rescatar países con problemas estructurales severos. (...), el Gobierno entrante quedará comprometido a impulsar e implementar iniciativas tributarias que no comparte”, puntualizó la congresista.
La negociación con el FMI arrancará el lunes 5 de octubre. Una vez que el Directorio del organismo apruebe el crédito por $2.250 millones, de los cuales Costa Rica ya recibió ¢504 millones el 16 de setiembre vía préstamo rápido, se avanzará hacia la autorización para acceder a los restantes ¢1.750 millones bajo el formato de Servicio Ampliado.
Este contrato deberá entrar a la corriente legislativa donde será discutido y modificado por los diputados antes de convertirse en ley, o bien, ser descartado completamente.
