Por: Laura Ávila.   17 septiembre
Elian Villegas, ministro de Hacienda; Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central; y Pilar Garrido, ministra de Planificación, firmaron la carta enviada al FMI para buscar un acuerdo financiero por $1.750 millones. Foto: Cortesía de Casa Presidencial.
Elian Villegas, ministro de Hacienda; Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central; y Pilar Garrido, ministra de Planificación, firmaron la carta enviada al FMI para buscar un acuerdo financiero por $1.750 millones. Foto: Cortesía de Casa Presidencial.

Con un enorme aparato estatal compuesto por centenares de entidades, Costa Rica se presenta de nuevo ante el Fondo Monetario Internacional como una nación aficionada al gasto y que pese varias intentonas anteriores no logra solucionar sus problemas estructurales.

El expediente con el Gobierno llegará bajo el brazo no es alentador pues el Ministerio de Hacienda proyecta un déficit del 9,28% para este año, y estima que para el 2024 la deuda del Gobierno Central superaría el 80% del Producto Interno Bruto (PIB). Un nivel de deuda que afectaría la estabilidad macroeconómica, detonaría aún más el desempleo, la desigualdad y la pobreza.

“Estamos llegando a un límite donde tenemos que hacer ajustes muy serios en la economía”, comentó Rodrigo Arias, exministro de la Presidencia.

La historia de Costa Rica con el FMI es de larga data pues en los últimos 59 años el país tocó las puertas del organismo en 17 ocasiones; una de ellas fue en la crisis de 1995 cuando el país implementó un paquete tributario para aspirar a un crédito Stand by Arrangement por $77 millones.

Círculo vicioso

Costa Rica fracasó en sus intentos por solucionar sus problemas estructurales durante los últimos años por su resistencia para recortar el tamaño del Estado y por adoptar medidas tributarias para paliar las crisis. Las medidas que se adoptan rinden frutos en el corto plazo, pero los réditos se esfuman pronto.

Para comenzar el país no ha realizado esfuerzos sustantivos para disminuir el inmenso aparato estatal, que a marzo de este año estaba compuesto por 323 instituciones, de acuerdo a información publicada en el sitio web del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).

En el 2018 el Poder Legislativo hizo una cautelosa reducción del aparato estatal cuando eliminó comisiones y juntas poco sustantivas que estaban contempladas en siete leyes, lo que permitió pasar de 330 a 323 instituciones.

Por otro lado, el Gobierno realiza un gasto poco eficiente y existen destinos específicos de carácter legal o constitucional ligados a variables como el PIB o ingresos tributarios que reducen la acción pública.

Para este año el Gobierno Central destinó ¢2,67 billones al Ministerio de Educación Pública (MEP). No obstante, esta billonaria inversión no fue suficiente para retener a 91.000 estudiantes que desertaron el curso lectivo durante la pandemia o para cerrar las brechas tecnológicas a las que hoy se enfrentan miles de niños y jóvenes.

Otro lastre son las diferencias salariales en el sector público que presionan el gasto. Un cargo secretarial en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) comienza con un salario de ¢343.000 y el mismo puesto en el Poder Judicial es de ¢475.800, de acuerdo a información publicada por el diario La Nación.

Los intentos por hacer un cambio sustantivo en el régimen aún no rinden frutos. En mayo anterior el Gobierno presentó un texto sustitutivo para el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336), pero el proyecto sigue estancado en la Asamblea Legislativa.

Esta iniciativa de ley permitiría reducir el gasto un 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer año de vigencia, mediante la salida de funcionarios viejos del sistema, que ganan salarios abultados, y la llegada de nuevos colaboradores.

De acuerdo con los datos de la Ley de Presupuesto Nacional 2020, los salarios de los empleados públicos representan ―sin tomar en cuenta la deuda― el 41,2% del total del presupuesto del Estado. A enero del 2020, el Estado tenía, incluyendo instituciones autónomas, 316.225 empleados reportados ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Encontrar una solución para equilibrar la economía es urgente, pues el Gobierno debe de endeudarse cada vez más para darle continuidad al aparato estatal. Prueba de ello es que para el plan de gastos del 2021 el 54,9% se financiará con deuda y el 45,1% con ingresos, según consta en el Proyecto de Presupuesto Nacional.

"Nuestro déficit va a llegar a alrededor del 10% del PIB y esto hace que tengamos un desequilibrio muy grande. Ese déficit son como $6.000 millones y a eso se le suma la tensión de obligaciones financieras del Gobierno para principios del próximo año, eso se va a casi $8.500 millones es como un 16% o 17% del PIB, explicó Rodrigo Arias, exministro de la Presidencia.

Ahora el país corre para encontrar soluciones que le permitan disminuir drásticamente el peso de la deuda a un 50% del PIB y para lograr un superávit primario de 2,2%. Por eso la primera pregunta que se debe plantear tras el anuncio del Ejecutivo del 17 de setiembre es si las medidas anunciadas alcanzan para cumplir esas metas, explicó el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias

El Gobierno ya anunció que los despidos masivos no formarán parte de la propuesta que se negociará con el FMI para optar por el crédito de Servicio Ampliado por $1.750 millones.

La decisión la dio a conocer Carlos Alvarado, presidente de la República, tras la sesión del Consejo de Gobierno Ampliado del 14 de setiembre.

Ahí agregó que no aumentará la tasa del impuesto de valor agregado (IVA), no tocará salarios menores a los ¢800.000, no contemplará la venta de activos más allá de lo que se ha anunciado (Fanal y Bicsa) y tampoco realizará cambios en el régimen de zonas francas.

Históricamente Costa Rica ha optado por medidas con efectos efímeros que la llevan a caer rápidamente en el círculo vicioso del déficit.

“El problema de fondo es que como no recortamos el gasto, aumentamos los impuestos. Eso da un efecto de corto plazo de aumentar recaudación pero en el mediano plazo se erosiona la base contributiva y se empuja a la gente a la informalidad, hay más elusión, evasión e informalidad”, dijo el economista Eliécer Feinzaig.

En las últimas décadas el país recurrió al aumento de impuestos con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (2018) y la reforma al Impuesto General de Ventas (IGV) en 1995, que consistió en elevar el tributo del 10% al 15% durante 18 meses y luego disminuir la tasa al 13%.

En esta ocasión el Gobierno planteará ante el FMI impuestos a transacciones bancarias, renta, propiedades y cooperativas.

La estrategia con la que el Gobierno intentará convencer al Fondo de que tiene capacidad de pago, deberá tener viabilidad política, ser sostenible en el tiempo y congruente con el modelo de desarrollo del país, indicó Arias.

¿Cuál fue la propuesta país en 1995?

En 1995 Costa Rica solicitó un crédito Standby Arrangement (SBA) por $77 millones para mitigar los desequilibrios fiscales y las pérdidas producto de la quiebra del Banco Anglo. Todos estos factores presionaron las reservas internacionales y las tasas de interés.

Costa Rica acudió al fondo en 1995 porque desde mediados de 1993 enfrentaba condiciones económicas adversas, en ese año la inflación se mantenía en 9% pero para 1994 se disparaba al 20% (consultar gráfico). La situación fiscal también era crítica y el déficit rozaba el 8% del PIB, 1,8 puntos porcentuales eran por las pérdidas que había generado la quiebra del Banco Anglo.

Por eso el país se comprometió con el Fondo a sentar las bases para el crecimiento económico, aumentar el ahorro, mejorar la eficiencia del sector público e incrementar la participación del sector privado.

Lograr una tasa de crecimiento del PIB real para llegar al 3% (aumentar medio punto porcentual) y bajar la inflación del 18% a menos del 10%, eran las metas que se contemplaban entre 1995 y 1996.

También se planteó reducir el déficit en cuenta corriente externa que estaba en 5,5% del PIB en 1994 a 3,4% en 1996, y aumentar las reservas internacionales netas en $280 millones (monto equivalente a 2,9 meses de importaciones de bienes y servicios para finales de 1996).

La meta más ambiciosa era disminuir el déficit general del sector público que estaba en 3,5% del PIB en 1995 a 0,5% en 1996. Otro objetivo era reducir el endeudamiento interno de 1994 y que estaba en 8,4% del PIB a 1,3% en 1996, con el fin de aliviar las presiones sobre las tasas de interés y las reservas internacionales.

En ese año el Gobierno aplicó un paquete de medidas tributarias para equilibrar la economía. Además de incrementar la tasa del IGV temporalmente al 15%, se introdujo un impuesto del 1% sobre los activos mayores a $160.000 de las empresas, el cual se estimaba que generaría 0,3% del PIB.

En setiembre de 1995 introdujo un impuesto de consumo sobre los productos petroleros con el que se pretendía aumentar los ingresos por estos productos en 40% y se aspiraba a un rendimiento anual del 0,5% del PIB en esa época. Así consta en la carta de intenciones del Gobierno ante el FMI y de la que EF tiene copia.

No obstante, el país no pudo cumplir con la disminución del déficit y el crédito por $77 millones nunca vio la luz.

Para paliar la crisis y disminuir un déficit que rozaba el 8% del PIB el Gobierno de José María Figueres emprendió una transformación institucional. Así lo daba a conocer en el informe de labores ante la Asamblea Legislativa el 1.° de mayo de 1995, discurso que fue publicado en el diario La Nación.

“No hay duda de que el deterioro institucional es uno de los obstáculos más grandes para que la población resuelva sus necesidades más inmediatas y para que avance en la ruta del desarrollo sostenible. Hemos emprendido una reforma institucional de grandes proporciones y hemos conseguido muchos logros excepcionales”, afirmaba el exmandatario José María Figueres ante la Asamblea Legislativa el 1.° de mayo de 1995.

Se reestructuró el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

En junio de 1995 el Consejo de Gobierno decidió cerrar el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), entidad que arrastraba deudas que ascendían a los ¢5 millones (colones corrientes) diarios. Para la liquidación de personal el Gobierno tenía previsto ¢1.400 millones (colones corrientes), según consta en una nota del diario La Nación.

En 1995 el presidente de la República consideraba que el aparato estatal estaba enfermo y desgastado en muchas áreas y en otras estaba obsoleto. 25 años después la historia se repite.