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La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) recibió una calificación de 0% en rendición de cuentas por los proyectos de impacto para las comunidades de Limón.
El Área de Infraestructura de la Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría sobre los proyectos de desarrollo de Japdeva para el periodo 2017-2018 y los resultados arrojaron un panorama poco satisfactorio.
La junta portuaria tiene problemas y debilidades para identificar los proyectos y las zonas prioritarias a las que destina recursos para el desarrollo de la Vertiente Atlántica. Estas limitaciones se deben a que no existen metas ni indicadores para medir el impacto de cada iniciativa financiada.
“Durante el periodo 2012-2017, la gestión de desarrollo de Japdeva se centró en el otorgamiento de aportes comunales sin estar alineados a una planificación u orientación estratégica, siendo su ejecución inercial año a año y bajo demanda, pues es ante solicitud de las asociaciones, grupos vecinales y otras instituciones públicas que se da su asignación”, concluyó el informe publicado este jueves 6 de junio por el ente contralor.
La auditoría también identificó que los proyectos de desarrollo para Limón carecen de elementos básicos como un enfoque integral y buenas prácticas, lo que limita el alcance, evaluación y control de cada programa.
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“No se establece un responsable de cada proyecto que ejecute las labores de planificación, organización, dirección, control y documentación del programa y proyecto, tampoco se definen fechas de inicio y de finalización, ni existe un sistema de información confiable, oportuno, relevante y competente, así como métricas de tiempo, costo, alcance y calidad para dar seguimiento y monitoreo a cada uno de los programas y proyectos”, agregó el documento de la CGR.
La mala gestión de los proyectos de desarrollo para el Caribe cobra relevancia porque Japdeva recibirá el 7,5% del total de los ingresos brutos mensuales sobre la operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), que es manejada por la firma holandesa APM Terminals.
El pasado 10 de mayo, el concesionario transfirió ¢2.650 millones a la institución estatal que se deben invertir en diferentes programas de desarrollo para Limón, aunque el Gobierno todavía no define la lista de proyectos a la que se dirigirán estos recursos.
APM Terminals depositará cada año unos ¢12.000 millones para cumplir con el pago del canon establecido en el contrato de concesión. Al final de los 30 años, la compañía portuaria holandesa transferirá cerca de $1.000 millones a Japdeva.
La Contraloría señaló que la entidad costarricense debe fortalecer la gestión de proyectos, la transparencia y la rendición de cuentas. Sobre todo, porque será la encargada de administrar los millonarios recursos que recibirá por la concesión del megapuerto de Moín.
Problemas con la transparencia
El ente contralor también aplicó una valoración de la transparencia en la gestión de programas y proyectos por parte de Japdeva.
La evaluación combina resultados del análisis de elementos mínimos que debería tener la gestión de la transparencia en cinco pilares: institucionalidad, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y seguimiento.
Japdeva obtuvo una calificación general del 21% (del 100% posible). Los pilares mejor calificados fueron participación ciudadana (41,67%) y acceso a la información (39,80%). Mientras que institucionalidad registró 21,7% y rendición de cuentas y seguimiento obtuvieron un 0%.
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La revisión de la Contraloría evidenció que Japdeva no tiene una estrategia o plan de acciones para generar transparencia en la dirección de proyectos de desarrollo para Limón.
“Se evidenciaron debilidades en el acceso de la información relacionada con la gestión de los programas y proyectos, en cuanto a su calidad y disponibilidad, así como en los mecanismos para su obtención, dado que Japdeva circunscribe el tema de la transparencia institucional principalmente a la página web. No obstante, dicho canal resulta insuficiente, dado que no tiene un alcance para toda la población de la Vertiente Atlántica”, indicó el informe.
Además, existen brechas en la interacción ciudadana con la junta portuaria a través de medios digitales debido a que la página web y la información obtuvieron bajas calificaciones de calidad, según el Índice de Experiencia Pública Digital del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), del 2017.
