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El próximo jueves 17 de setiembre el Gobierno dará a conocer al país la propuesta del programa de ajustes fiscal que llevará a la mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar un préstamo de ¢1.750 millones a tres años en desembolsos semestrales.
La hoja de intenciones del Ejecutivo incluirá ajustes en impuestos, revisión de exoneraciones, ventas de activos y medidas para reducir el gasto público.
Los temas de la propuesta fueron confirmados a EF por Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico; Elian Villegas, ministro de Hacienda; y Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en diferentes entrevistas concedidas entre el 31 de agosto y el 10 de setiembre.
La negociación con el FMI iniciará el próximo 28 de setiembre y, según Villegas, se espera concretar el Servicio Ampliado −Extended Fund Facility (EFF), en inglés− en menos de dos semanas.
La propuesta del programa que llevará Costa Rica ante el Fondo incluye acciones fiscales y medidas de política monetaria, financieras y reformas estructurales de mediano y largo plazo.
Esto es lo que se sabe sobre la ruta de intenciones que discutirán los diferentes sectores en las próximos meses con miras a una reducción de la deuda pública, una reconversión del déficit primario a superávit y transformaciones que tocarán el empleo y las instituciones estatales, en teoría, para siempre.
¿Más impuestos?
La respuesta es sí. El programa del Gobierno incluirá ajustes temporales y permanentes a tributos que ya existen, así como la creación de nuevos impuestos para generar un aumento en los ingresos corrientes.
Rodrigo Cubero explicó que se trabajará con un enfoque de progresividad para gravar a quienes perciben más dinero y generar menos afectación a las personas de menores ingresos.
El jerarca del Central conversó con EF la tarde del jueves 10 de setiembre.
Los detalles específicos sobre cuáles impuestos serán sujetos a cambios o alzas todavía no fueron revelados por el equipo económico.
Eso sí, sobre la mesa se encuentran alternativas como la renta mundial, un tributo que se cobra a las ganancias generadas por personas y empresas fuera del país. Esto obligaría a los residentes fiscales en Costa Rica a declarar sus utilidades producto de negocios en otras naciones.
El presidente del Central adelantó que se incluirá en el programa una revisión y eliminación de exoneraciones para reducir el gasto tributario.
También formará parte de la agenda, con miras a generar ingresos, la posible venta de activos estatales. Hasta ahora se han considerado el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal). Pero la lista podría ampliarse.
¿Cuál es la meta del ajuste fiscal?
El Ministerio de Hacienda proyecta, en su Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo 2020-2025, un déficit primario (diferencia entre ingresos y gastos) del 3,9% para el cierre del 2020, mientras que el déficit fiscal (diferencia de ingresos y gastos más intereses) alcanzará el 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Aunque existen diferentes vías para lograr un ajustes fiscal sostenible, el Gobierno apostará por acciones que le permitan reducir ese 4% de desbalance primario para convertirlo en un superávit al 2024.
Esa es la meta que, de acuerdo con Cubero, se planteará el país con el programa ante el FMI. Esto solo será posible para ese año debido a que el peso del servicio de la deuda provocará un crecimiento de la deuda pública hasta llegar a su punto más alto en el 2025.
La estimación de la dinámica de la deuda, con un escenario base que refleja los efectos de la pandemia, prevé que este indicador llegue 87,9% de la producción nacional en el 2025.
Cubero considera que para reducir la deuda pública a su nivel natural −por debajo del 50% en relación con el PIB− se requerirá por lo menos una década.
¿Por qué la demora en presentar la propuesta al país?
El equipo económico del Gobierno reconoce que todavía están en el proceso de definir algunos detalles y afinar números antes de presentar el programa al país el próximo 17 de setiembre.
En un principio la propuesta será publicada apenas 11 días antes del inicio de las negociaciones con el FMI. Este plazo reduce el margen de diálogo político del Ejecutivo principalmente con las fracciones legislativas que presionan desde hace días por conocer la hoja de intenciones.
Cubero aseguró que el plan se negociará con los diferentes actores políticos porque se necesita la aprobación legislativa. Sin embargo, las medidas se pueden ajustar o cambiar, en caso de que no exista consenso para que se conviertan en leyes mediante el trámite en el Congreso.
Se trata de un programa a tres años en el que seguramente se negociarán desembolsos semestrales, lo cual implica que el país debe cumplir con una serie de metas cuantitativas como reducciones en la deuda pública, el déficit fiscal o el gasto gubernamental.
También se incluirán medidas estructurales de mediano plazo como la Ley de Empleo Público, venta de activos y otras propuestas.
El Directorio del FMI revisará el avance en el cumplimiento de las metas cada seis meses y con base en eso autorizará los desembolsos del Servicio Ampliado. Los planteamientos del país ante el Fondo se pueden renegociar cada seis meses de acuerdo con la coyuntura política y económica.
¿Este programa quedará en manos del próximo Gobierno?
Correcto. De hecho, Costa Rica optó por un Servicio Ampliado en lugar de un un Stand-by Arrangement (SBA) porque este mecanismo de financiamiento tiene un plazo de tres años que se puede prolongar por un año más en caso de ser necesario.
El acuerdo con el FMI podrá superar el proceso de las elecciones presidenciales de Costa Rica que se realizarán en 2022, lo cual, a criterio de Cubero, ofrece mayor seguridad a los inversionistas y a los mercados sobre la seriedad en la ejecución del programa.
Los EFF requieren la aprobación de reformas estructurales por parte de los países solicitantes con el objetivo de corregir las debilidades arraigadas que provocan los problemas económicos.
La Junta Directiva del FMI evalúa constantemente el desempeño del programa y revisa la concreción de compromisos que se centran en cambios de estructura, es decir, reformas que permitan subsanar los disparadores del desbalance financiero, el principal problema de Costa Rica en este momento.
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