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El 16 de marzo fue el último día de lecciones presenciales en las escuelas y colegios del país, públicos y privados. 126 días y contando. Para la mayoría de los estudiantes del sistema público este es el segundo lapso en el que las lecciones se trastornan abruptamente.
Apenas dos años atrás, la huelga de docentes del 2018 significó la suspensión del curso lectivo durante 89 días en los centros educativos públicos.
El informe del Estado de la Educación del 2019 ya evidenciaba los efectos negativos de esa prolongada huelga magisterial sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Fueron los hogares sin recursos para enviar a sus hijos al sistema privado los que “debieron asumir individualmente las consecuencias de un año educativo frustrado”, según detalla el informe.
Este año, el regreso a clases sigue sin definirse. Dos fechas tentativas en junio y julio fueron pospuestas por el avance de la COVID-19. La nueva propuesta es setiembre, lo que significaría seis meses fuera de las aulas.
En esta ocasión, a diferencia de la huelga, las escuelas cerradas no significan que los estudiantes no estén recibiendo ninguna capacitación, el aprendizaje está lejos de ser el proyectado.
Las dinámicas a distancia no llegan a ser clases virtuales y dependen acceso desigual a Internet y fotocopias. Esto, además de mucha ayuda de los padres o tutores, que en algunos casos padecen ellos mismos rezagos importantes en educación.
“Los impactos solo los podremos medir en unos años pero creo que serán principalmente de tres tipos: rezagos cognitivos de los estudiantes, incremento de la exclusión educativa y ampliación de la brecha entre la educación pública y privada. Para el país esto significa pérdida de capital humano e incremento de la pobreza y la desigualdad social”, declaró Isabel Román, coordinadora general de investigación del EE.
¿Está Costa Rica a las puertas de reeditar la generación perdida de los años 80 que hoy conforma parte importante del desempleo y el subempleo?
Para Román, repetir esa historia es un lujo que el país no puede darse. “Con el retroceso en los años 80, ya vamos tarde en comparación a otros países” aseguró.
Por este motivo el Ministerio de Educación Pública (MEP) despliega un plan de cobertura para alivianar el impacto donde apuestan a la permanencia en el sistema a toda costa.
Aprendizaje incompleto
El MEP analiza las repercusiones que dejará la suspensión del ciclo lectivo presencial por COVID-19 se da en cuatro dimensiones, de acuerdo con Melania Brenes, viceministra académica: aprendizajes alcanzados, tiempo de escolarización, exclusión escolar y promoción estudiantil en adelante, es decir, el avance en los procesos.
Esos cuatro ejes definen las acciones del Ministerio con la población estudiantil en medio de la actual pandemia, pero también dictan el camino a tomar en los próximos semestres.
El impacto en materia de los aprendizajes alcanzados, es decir cuánto de cada materia debería de aprender un estudiante de un nivel determinado, es un punto de máxima atención.
El MEP realizó un estudio curricular con consulta a más de 6.000 docentes para definir las guías de aprendizaje base para el 2020, por asignatura y por nivel, para ser considerados en un abordaje nivelatorio en el ciclo lectivo del 2021.
¿Pero, qué pasa con el año en curso? Desde el inicio de la pandemia se desarrolla el aprendizaje a distancia a partir de guías de trabajo autónomo.
Son cerca de 1.200 ejemplos de guías disponibles para los distintos niveles de enseñanza. Cada guía tiene un paso a paso para que el estudiante desarrolle el material correspondiente a un tema específico.
Bajo esta dinámica y a falta de clases presenciales, se debe priorizar qué deberá aprender el estudiante. Esto varía dependiendo de cada materia. Un ejemplo: Undécimo año.
Para las temáticas con mayor cantidad de lecciones, como ciencias o matemáticas, los estudiantes de último año de secundaria abordarán solo el 50% de los aprendizajes esperados. Esto se traduce en 13 aprendizajes completos de 17 esperados en biología; nueve de 18 en química; cinco de 11 en física o 24 de 41 esperados en matemáticas.
La afectación en las demás materias es aún más importante. Los aprendizajes priorizados en estudios sociales son 14 de 32 esperados y en inglés, 44 de 105.
“Todas las generaciones tienen afectaciones distintas dependiendo del programa de estudio. No se puede replicar el centro educativo en la casa. Eso no es viable y lo que hemos trabajado son tiempos dedicados al apoyo educativo a distancia”, argumentó Brenes.
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La evaluación también es distinta. Los estudiantes recibirán dos informes descriptivos de logro.
El primero será un documento por asignatura con lo alcanzado en indicadores y niveles de desempeño. Por ejemplo, en lugar de calificarse una clase de geometría con una nota, se ubicarán tres niveles de desempeño y se indicará en qué nivel está el estudiante en ese tema tras la implementación de las guías de trabajo autónomo. Los indicadores y los niveles ya fueron definidos por la institución.
El segundo informe se realizará a fin de año y será un instrumento de medición.
Mientras en el 2020 se priorizan un porcentaje de aprendizajes por materia, para el 2021 se deberán ver los temas pendientes con tiempo de enseñanza para los estudiantes con perfiles prioritarios de nivelación.
Para Román, una vez que se reinicie el curso presencial, lo más urgente es tener una evaluación de diganóstico que permita conocer las condiciones en que regresan los estudiantes.
Para esto será necesario mitigar lo más posible las interrupciones del curso presencial relacionadas, por ejemplo, con capacitaciones docentes, comités y actividades extracurriculares.
Esto pone frente al MEP una prueba titánica en la que ya van perdiendo.
Sin tiempo para perder
De acuerdo mediciones realizadas por el Estado de la Educación, la pérdida de lecciones en el país es equivalente a cuatro meses al año. Esto significa que el tiempo aprovechado de lecciones es de apenas un 44%. Este tiempo total se acumula por distintas razones, desde maestros que llegan tarde, hasta actividades extracurriculares en tiempos asignados para clases.
Otras mediciones también denuncian problemáticas similares. Por ejemplo, las pruebas PISA demuestran que los estudiantes costarricenses van un año atrasados en matemáticas respecto a los estudiantes de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Ya teníamos una importante tarea pre pandemia de ponernos a tiempo y de recuperar ese desfase. Obviamente si ahora no hacemos un plan remedial y un esfuerzo extraordinario dentro del sistema educativo para recuperar el punto donde estábamos e ir más allá, pues los desfases van a ser mayores”, declaró Román.
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En una categoría aparte están los estudiantes de secundaria que deben graduarse este 2020; quienes que no tendrán tiempo para reponer lo que quedará por fuera. El MEP plantea que se gradúen pero con una estrategia nivelatoria en verano que los prepare para el ingreso en la educación superior.
La propuesta se encuentra en proceso de preparación para ser presentada ante el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup). Hasta el momento el MEP ha tenido conversaciones para empezar a implementar herramientas con algunas universidades como la Universidad Estatal a Distancia (UNED) o la Universidad Latina.
El tiempo a recuperar podría crecer por la misma dinámica de la educación actual. En este lapso de escuelas cerradas, las clases no son virtuales sino de apoyo educativo a distancia. Esto significa que no hay acompañamiento del docente durante las distintas horas que el estudiante pasaría recibiendo lecciones presenciales.
Dentro de esta dinámica sí podría existir un intercambio en línea, a través de la plataforma Teams utilizada por el MEP, donde el docente puede, eventualmente, da explicaciones para la implementación de las guías o sesiones donde se discutan o se revisen los resultados de estas guías de trabajo autónomo. Esto para quienes tengan acceso a Internet.
Brecha y exclusión
Aunque hay aspectos de la afectación que se verán a futuro, por lo menos al año 2022 de acuerdo con Brenes, el impacto que la pérdida de clases presenciales para algunos sectores es incuestionable.
El sétimo informe del Estado de la Educación identificó que habían 53.000 jóvenes de 12 a 16 años fuera de las ofertas del sistema educativo. La pandemia puede incrementar la exclusión educativa especialmente en los jóvenes de ingresos bajos y medios que son los que mayoritariamente asisten al sistema público.
Aunque el MEP está dando pautas a los docentes y a las familias esperando que se asegure un tiempo disponible de aprendizaje en los hogares en este período, mediado por las guías de aprendizaje autónomo, lo cierto es que de poblaciones que históricamente han tenido brechas educativas por largo tiempo, son las que, nuevamente, se verán más afectadas.
Los estudiantes dentro de familias pobres, migrantes, poblaciones indígenas y estudiantes con necesidades educativas especiales o alguna discapacidad tienen la educación aún más cuesta arriba en medio de la pandemia. A esto se le suma las semanas perdidas en el 2018 en la huelga de docentes.
También entran en la lista los estudiantes con sobreedad –que son mucho mayores para el grado que están cursando– y con historial de repitencia.
De estas poblaciones vulnerables existe un “muy buen porcentaje” de estudiantes que se atiende con recursos impresos. Son estudiantes que no tienen acceso a Internet en sus casas y en muchos casos, ni siquiera a una computadora.
En el país hay identificados 418.000 niños y jóvenes de cinco a 18 años sin condiciones adecuadas para recibir educación a distancia. Solo del primer quintil de ingresos son 186.000 niños, niñas y adolescentes según datos dela Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del 2019.
Mientras para el 80% de los estudiantes del quintil más alto tienen una “muy buena” conectividad, en el caso de de los del primer quintil esa conectividad “buena” es de apenas un 37%. “De este grupo, el 48% solo accede al Internet por celular y hay un 10% que no lo hace de ninguna forma”, explicó Román.
En estos casos, las docentes “en cada entrega de alimentos, entregan su folletito a las familias” y dan seguimiento vía telefónica o por Whatsapp a las familias, de acuerdo con Brenes.
Pero, aunque esto soluciona una parte del problema, inmediatamente destapa otra.
Otra gran parte de estos estudiantes, además de ser víctimas de la brecha digital, forman partes de familias de bajo nivel educativo, es decir, familias donde los padres no tienen secundaria o incluso primaria completa.
Esto pone aún más cuesta arriba el aprendizaje a distancia, cuando el compromiso de la familia en este tipo de aprendizaje se ve mediado por la capacidad de los padres de apoyar a nivel educativo a los hijos y en algunos casos, los estudiantes ya superaron el nivel alcanzado por sus progenitores o encargados.
“Entienden menos y por lo tanto hay más desvinculación al apoyar a los chicos en el proceso de aprendizaje. Son familias que incluso por sus características no le atribuyen a la enseñanza el mismo valor que le atribuyen las familias en quintiles de mayor acceso económico”, explicó Brenes.
Estos factores empujan a los estudiantes hacia la exclusión escolar. Es decir, el alumno abandona las clases porque el sistema no logra retenerlo. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), hay un total de 165 millones de estudiantes que se encuentran sin asistir a clases en América Latina y el Caribe. Esto evidencia que el riesgo de exclusión en la región es amplio.
“El riesgo que nosotros enfrentamos actualmente es de los más importantes. Costa Rica no está exenta de una repercusión negativa en este sentido”, detalló Brenes.
En el MEP, la exclusión escolar se mide de manera anual. Por ejemplo, en el año 2018 la exclusión total de estudiantes dentro del sistema público fue de 7,2% , es decir, 26.290 estudiantes, probablemente un número “muy influido por la huelga”, según detalla Brenes. Ese porcentaje cayó en 2019 a 5,2%, lo que se traduce en 19.882 alumnos.
Aún no se conocen los resultados totales para el 2020 pero, ya se visualizan los primeros golpes de la pandemia en esta materia. Datos reportados de monitoreo del 40% de centros educativos señalan que 8.068 estudiantes de todos los ciclos lectivos se encuentran desvinculados.
Aunque aún no se pueden considerar excluídos, no se han comunicado con el centro educativo para recibir orientaciones ni ha sido posible contactarlos.
Ante este panorama, es necesario brindar soluciones a la brecha de conectividad. “Así como se da el bono proteger, hay que desarrollar un bono de conectividad para estos hogares”, declaró Román. En esa línea varios expertos han señalado la necesidad de generar un paquete de conectividad rápida para todos los hogares pobres vulnerables con niños en edad escolar.
Brenes insiste en lo más importante es que los estudiantes se mantengan dentro del sistema educativo, para evitar llegar a una segunda generación perdida y el MEP va a responder con una estrategia de nivelación para tener las estructuras conceptuales básicas y necesarias para seguir aprendiendo.
Actualmente hay matriculados 1.067.091 estudiantes en todo el sistema de educación pública del país.
