EscucharEl proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2022, con un total de gastos por ¢11,5 billones, recibió su primera de dos aprobaciones en la Asamblea Legislativa este martes 23 de noviembre.
La votación contabilizó 42 respaldos y seis votos en contra: los de Jorge Fonseca, del Partido Liberación Nacional (PLN); José María Villalta, del Frente Amplio (FA); Walter Muñoz, de Integración Nacional (PIN); Harllan Hoepelman, del bloque Nueva República; y los independientes Erick Rodríguez y Paola Vega.
El presupuesto se financiará casi en partes iguales por ingresos corrientes y por endeudamiento. Un 53% del plan de gastos se pagará con ingresos tributarios y de otras fuentes; mientras que el restante 47% corresponderá nuevo endeudamiento.
El documento que entregó el Poder Ejecutivo –con una fuerte influencia de la regla fiscal que afectó principalmente a los gastos de capital– recibió pocos cambios en el Congreso.
La enmienda más sustancial le recortó ¢21.000 millones al presupuesto del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para atención de vías nacionales, en favor de los presupuestos municipales, a través de una moción impulsada por el liberacionista Gustavo Viales.
Viales argumentó que el cambio era necesario para cumplir con un destino específico que otorga el 22,25% del dinero recaudado por concepto de impuesto sobre los combustibres a los gobiernos locales.
Inicialmente, la propuesta de Viales había transferido ¢29.244 millones; pero finalmente se reintegraron ¢8.000 millones a Conavi.
El traslado ocurrió con el visto bueno de nueve diputados y el rechazo de solo una (la oficialista Laura Guido) en la comisión de Asuntos Hacendarios. El MInisterio de Hacienda había objetado el movimiento, por considerar que podría afectar el desarrollo de las carreteras nacionales.
La discusión sobre estos recursos ocurrió en el mes de octubre, cuando ya se conocían los pormenores del Caso Cochinilla; la investigación judicial que involucra al Conavi, a empresas constructoras y laboratorios de calidad, entre otras entidades, en una trama de presuntos sobornos y actividades ilícitas en la gestión de proyectos viales.
Todavía no se había desarrollado la operación por el Caso Diamante que, en este mes de noviembre, involucró también a dirigentes municipales en presuntas actividades similares.
Otros ajustes de peso en el presupuesto le restaron ¢16.000 millones en gasto corriente a diversas instituciones para otorgarlos al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi). Asimismo, trasladaron ¢1.000 millones a las universidades públicas para financiar programas de equidad del Ministerio de Educación Pública (MEP).
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Este plan de gastos lo ejecutará por solo cinco meses la actual administración y, a partir de mayo, le corresponderá su uso y variación al nuevo Gobierno.
Diputados de diversas fracciones intentaron en las últimas sesiones legislativas abrir el plenario a comisión para realizar más cambios al proyecto; sin embargo, no tuvieron éxito. Una de las intenciones era brindar más recursos al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), para el pago de proyectos de vivienda.
Los gastos por remuneraciones para el presupuesto de 2022 decrecen un 0,3%; sin embargo, la presión que origina el pago de intereses de la deuda sigue al alza, en un 3,6%.
