Escuchar
Un millón de personas en Costa Rica desempeña trabajos que están en muy alto riesgo de ser automatizados en el futuro; es decir, sustituidos por máquinas, computadoras o algoritmos más eficientes y baratos.
La cifra de empleos con riesgo de ser mecanizados representa la mitad de los trabajos de la población ocupada en el país. Al menos si se toman como base los datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del cuatro trimestre del 2019, cuando todavía el mercado laboral no enfrentaba el shock de la pandemia de la COVID-19.
Este es una de las conclusiones de la investigación Retos de la cuarta revolución industrial sobre el mercado laboral costarricense, elaborada por el economista y estadístico Andrés Fernández Aráuz y publicada por la Academia de Centroamérica, el pasado jueves 19 de noviembre. El estudio fue financiado por la Fundación Konrad Adenauer (KAS).
El panorama es más adverso para quienes laboran en el sector privado y en actividad informales enfocadas en comercio y servicios.
Los sectores primario (agro, ganadería, etc.) y secundario (manufactura, construcción, etc.) de la economía son los que podrían verse más desplazados por las máquinas. Al menos seis de cada 10 empleos en esas actividades son altamente susceptibles a la sustitución por mejoras tecnológicas.
En comercio y servicios −el principal sector del país− se concentran la mayoría de personas en alto riesgo. De 1,5 millones de empleados en estas ramas, 648.745 (43,1%) tienen un muy elevado nivel de probabilidad de ser cambiados por máquinas.
Entonces, ¿qué puede hacer el país para generar políticas que ayuden a enfrentar la Revolución 4.0 y prevengan aumentos en el desempleo y la pobreza a futuro, por el efecto de la mecanización?
Lo inmediato
Fernández explica que las medidas de corto plazo están dirigidas a mitigar o prevenir los impactos directos de la automatización para ese grupo de 1,06 millones de personas en el país que en caso de que la Cuarta Revolución Industrial golpee con fuerza el mercado laboral, les provocaría pérdida de empleos.
“Hay que mejorar y garantizar la protección social para evitar que los niveles de pobreza se disparen incluso mucho más en comparación con las cifras que enfrentamos actualmente por la pandemia”, apuntó el investigador.
En el país poco más de la mitad de los trabajos que se encuentran en alto nivel de riesgo frente a las máquinas están en el sector informal, un segmento ampliamente desprotegido y expuesto ante los shocks de la economía.
Por esa razón, el estudio propone reducir las cargas sociales laborales que limitan la contratación de personal en las empresas.
“Costa Rica es un país con altas cargas laborales y esto desincentiva la creación de nuevas empresas y para las que sí se desarrollan, muchas lo hacen en el mercado informal”, aseveró.
La reducción de cargas laborales permitiría aumentar la formalidad y dejaría más recursos en manos de las compañías para invertir en la contratación y desarrollo de capital humano.
La segunda alternativa es garantizar la protección jurídica a los trabajadores por cuenta propia quienes están excluidos de la normativa laboral y perciben beneficios menores en comparación con un asalariado.
El economista es claro en afirmar que para un Gobierno con una compleja situación de estrechez fiscal como la de Costa Rica es difícil generar políticas públicas en ambas líneas ya que requieren de inversión y reducir una parte de los ingresos que se reciben por cargas laborales a patronos.
Largo plazo
Las alternativas de largo plazo son quizás un poco reiterativas, pero podrían crear resultados positivos que beneficien el desarrollo de las personas a futuro para que puedan engancharse mejor en un mercado laboral automatizado que demandará nuevas habilidades.
Por supuesto que el primer eje de acción −de los cuatro propuestos en la investigación− pasa por el sistema educativo.
“No se trata de recomendar que todos estudien ciencia de datos, Inteligencia Artificial (AI) o ingenierías, porque eso sólo va a beneficiar a una minoría muy pequeña de trabajadores que llegan a los estudios universitarios. Necesitamos impulsar políticas universales que mejoren la calidad del capital humano a largo plazo”, añadió el investigador.
Las cuatro propuestas para impactar a más de diez años son:
➨ Educación permanente en la primera infancia: El estudio Cuantificación de los beneficios del ciclo de vida de un programa influyente para la primera infancia, publicado por la Universidad de Chicago en 2019, estima que por cada dólar invertido en educación durante los primeros años de vida de un menor, los ingresos laborales de los niños durante toda la vida crecen $1,3.
“Hay evidencia que sugiere que si estos programas se ampliaran, aumentarían el bienestar, reducirían la desigualdad e impulsarían la movilidad intergeneracional”, concluye la investigación.
➨ Mejoramiento de equipos y conectividad al sistema educativo: Pese a que el país suma años de avances en acceso a Internet de banda ancha y otros indicadores de conectividad, de acuerdo con Fernández quedan algunos retos importantes que se deben saldar.
Costa Rica debe invertir y avanzar en mejores conexiones a Internet, pero también en equipos más modernos para que los estudiantes tengan a la mano tecnología de punta que les permita un fuerte desarrollo de habilidades y conocimientos.
➨ Implementar un modelo de educación híbrido: La educación obligatoria debe adaptarse hacia un modelo híbrido, esto quiere decir, un sistema en el cual el estudiante puede desempeñar parte del proceso de aprendizaje en entornos digitales y la otra parte en un sistema presencial.
Aunque se trata de un modelo incipiente que apenas empezó a implementarse en países desarrollados, la educación híbrida permite mayor flexibilidad para adaptar los contenidos a las cambiantes necesidades del mercado laboral frente a la era de la tecnología.
➨ Adquisición de nuevas habilidades para la población adulta: El foco de esta propuesta es transmitir a los trabajadores que no están estudiando o no tienen un empleo, nuevas habilidades o conocimientos que les permitan mejorar las que ya poseen.
El Banco Mundial (BM) advierte que este tipo de mecanismos resultan más exitosos en la teoría que en la práctica, debido a que se diseñan mal en la mayoría de los países.
Los programas de educación para adultos tienden a lograr mejores resultados cuando se vinculan explícitamente con una oportunidad de empleo, sobre todo porque para una persona sin trabajo podría resultar difícil destinar tiempo, dinero y energías a estudiar sin la promesa de una remuneración.
En Costa Rica el número de personas que participan en cursos o programas para adultos jóvenes creció de 120.000, en 2010, a 180.000, en 2020. La cifra representa el 15% de la matrícula total del Ministerio de Educación Pública (MEP).
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y sus programas de formación dual y técnica son fundamentales para promover este tipo de educación en los adultos y jóvenes, sobre todo en los más amenazados por la automatización.
Aunque no existen recetas prácticas para enfrentar la creciente Revolución 4.0 impulsada por fuerzas como la tecnología, el internet y la AI; el país puede aprender de experiencias internacionales y revisar sus propios indicadores para tomar medidas cuanto antes con el fin de evitar que en un futuro cercano miles de personas sean despedidas porque sus tareas pueden ser desempeñadas por máquinas.
