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El Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de la Zona Atlántica levantó, la tarde de este jueves, el embargo que mantenía congeladas dos cuentas bancarias de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) desde el pasado 10 de mayo.
La resolución de este Tribunal anula la sentencia 234-2020 que imponía un embargo preventivo solicitado por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) y que imposibilitó el uso de más de ¢5.400 millones para que esta institución pagara gastos operativos, salarios y otras obligaciones durante casi seis meses.
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la empresa estatal, dijo que el embargo frenó el proceso de transformación de la entidad y generó una situación financiera muy delicada.
“Hemos sido insistentes como administración de lo riesgoso e innecesario que fue este embargo en la estabilidad de Japdeva. Detuvo el proceso de transformación y nos puso innecesariamente en una posición aún más frágil cuando intentábamos encaminarnos poco a poco hacia la estabilización. Los recursos que se liberen ahora se usarán para retomar dicho proceso”, apuntó la jerarca.
Antonio Wells, secretario general de Sintrajap, comentó que el levantamiento de la medida preventiva permite a la entidad retomar el uso de sus recursos, pero el proceso judicial continúa.
“Están anulando el embargo preventivo, Japdeva apeló y levantan la medida cautelar. El asunto de la demanda en casación sigue vivo, entonces el recurso continúa normal”, agregó el vocero.
El embargo retuvo los recursos que estaban presupuestados para pagar las liquidaciones a quienes se acogieron a los diferentes esquemas de salida de la junta portuaria para reducir la planilla y buscar el equilibrio financiero.
Esto obligó a Japdeva a adquirir nuevas deudas con otras instituciones públicas para poder cancelar los derechos laborales a 41 exempleados.
El juez que anuló el embargo resolvió que el primer fallo contenía “vicios de incongruencia”. Sintrajap inicialmente presentó una solicitud para congelar la cuenta bancaria donde Japdeva recibe el dinero del canon que paga APM Terminals, monto que a la fecha ronda los $21 millones.
Sin embargo, el juez que acogió el proceso inicial interpuesto por el sindicato decidió embargar las cuentas operativas de la junta portuaria, en lugar aplicarlo sobre la cuenta del canon.
Paso a paso
El embargo truncó el plan de modernización aprobado el 14 de octubre del 2019 por medio de la Ley de Transformación de Japdeva y Protección de sus Personas Trabajadoras (9.764).
Esta normativa le confería a la empresa estatal ¢16.237 millones para un plan de cuatro ejes: estabilizar la situación financiera, proteger a los empleados en el proceso de recortes, darle sostenibilidad al servicio y preparar a la entidad para nuevos negocios.
El 10 de mayo, el Juzgado de Trabajo de Limón ordenó congelar las cuentas bancarias (corrientes, de ahorros, depósitos a plazo, cajas de seguridad y cualquier otro valor comercial) de Japdeva en el Sistema Bancario Nacional.
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Se retuvieron ¢5.400 millones en las cuentas del Banco de Costa Rica (BCR), ese dinero estaba disponible para el pago de planillas y gastos operativos, incluido parte del aporte del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) que había transferido ¢3.500 millones de superávit libre a la junta.
También se retuvieron las cuentas en el Banco Nacional (BNCR) y el Banco Popular (BP), esta última corresponde al Fondo de Ahorro y Capital de los Trabajadores, además de los aportes para pago de préstamos a empleados y exfuncionarios.
El escenario crítico obligó a la junta a buscar más dinero. Fue así como surgió la idea de solicitar ¢6.500 millones al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), esos recursos son parte del superávit que se puede trasladar por medio de la Ley 9.764 y se concretó como un préstamo con condiciones blandas en setiembre.
Recope adelantó ¢600 millones por los servicios portuarios que le prestará Japdeva hasta el 31 de diciembre del 2020.
Al cierre de los primeros siete meses del año, los ingresos corrientes de la empresa portuaria sumaban ¢5.150 millones, la cifra representó una caída del 63,2% en la comparación interanual.
El gasto promedio mensual es de ¢1.250 millones y el ingreso promedio cada mes ronda los ¢735 millones.
Este tercer rescate financiero permite que la institución pueda pagar las prestaciones de los empleados que se acogieron a las modalidades de salida, algunos de ellos ya presentaron demandas por el atraso.
El salvavidas dio recursos para continuar con la reducción de la planilla que debe pasar de 565 a 305 personas, lo que implica la salida de unos 260 empleados más. De acuerdo con Centeno, el superávit se destinará a retomar los arreglos de pago con proveedores ya que por el embargo algunos casos se elevaron a juicios.
