Más de tres meses pasaron y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) ve como un embargo de cuentas bancarias truncó su proceso de transformación que incluía reducir la planilla, subcontratar servicios y buscar un punto de equilibrio financiero.

La entidad está inmersa en una carrera por resistir. La tónica es buscar recursos para salir con los gastos de la quincena. ¿Qué pasará en el futuro cercano? Nadie lo sabe a ciencia cierta.

Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la junta porturaria, activó todas las alternativas legales para obtener dinero que le permita continuar −en la medida de lo posible− con el plan de modernización.

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La nueva apuesta es pedir ¢6.500 millones del superávit libre del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) para financiarse por unos meses más. También solicitó un adelanto de pago de servicios portuarios por ¢600 millones a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

La transferencia del superávit ya cuenta con la aprobación de las juntas directivas de ambas entidades.

Pero el panorama no es positivo desde el lado del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), promotores del embargo. Antonio Wells, secretario general de esta organización gremial, sostiene que no darán marcha atrás.

Salvavidas a medias

La situación financiera de la junta era crítica. Una aletargada institución resintió el embate que le provocó el inicio de operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), lo que significó una caída del 60% en los ingresos corrientes (por actividades portuarias) entre 2018 y 2019.

Para ponerlo en perspectiva, la entidad necesitaba ¢3.400 millones para cubrir sus gastos mensuales a junio del 2019, pero con la operación de la TCM sus ingresos se vinieron a pique con una reducción del 79%. Es decir, solo percibía ¢795 millones para enfrentar sus obligaciones.

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La quiebra era inminente. El primer salvavidas vino, el 23 de julio del 2019, desde la Asamblea Legislativa. Los diputados le otorgaron ¢5.753 millones, vía presupuesto extraordinario, para que cubriera los salarios de tres meses.

El segundo auxilio se concretó con la aprobación de la Ley de Transformación de Japdeva y Protección de sus Personas Trabajadoras (9.764), el 14 de octubre del 2019. Esta normativa le confería ¢16.237 millones para un plan de cuatro ejes: estabilizar la situación financiera, proteger a los empleados en el proceso de recortes, darle sostenibilidad al servicio y preparar a la entidad para nuevos negocios.

Fue así como inició un proceso sostenido para reducir su planilla que pasó de 1.157 empleados, en octubre del 2019, a 565, en mayo del 2020; un recorte del 51%. La meta final era llegar a 305 personas en la fuerza laboral para lograr el equilibrio sin afectar la continuidad de los servicios.

Todo parecía marchar bien. La junta portuaria estaba en proceso de liquidar a sus colaboradores, subcontratar servicios 30% más baratos a terceros, negociaciones de arreglos de pago con proveedores y la constitución de un fideicomiso para invertir los $21 millones del canon que paga APM Terminals.

Incluso, la Ley 9.764 le permite a la junta portuaria pedir superávits libres de otras instituciones públicas. Así lo hizo a finales del 2019 cuando solicitó ¢3.500 millones al Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

“Fue un dinero muy bien aprovechado con el que pagamos salarios y aguinaldos en diciembre y nos permitió cubrir la planilla de enero, febrero, marzo y abril”, comentó Centeno en entrevista con EF.

El tercer rescate

Un embargo truncó el plan de modernización. El 10 de mayo, el Juzgado de Trabajo de Limón ordenó congelar las cuentas bancarias (corrientes, de ahorros, depósitos a plazo, cajas de seguridad y cualquier otro valor comercial) de Japdeva en el Sistema Bancario Nacional.

Se retuvieron ¢5.400 millones en las cuentas del Banco de Costa Rica (BCR), ese dinero estaba disponible para el pago de planillas y gastos operativos, incluido parte del aporte del Inder.

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También se congelaron las cuentas en el Banco Nacional (BNCR) y el Banco Popular (BP), esta última corresponde al Fondo de Ahorro y Capital de los Trabajadores, además de los aportes para pago de préstamos a empleados y exfuncionarios.

El escenario crítico obliga a la junta a buscar más dinero. Es así como surgió la idea de solicitar ¢6.500 millones al Cosevi, esos recursos son parte del superávit que se puede trasladar por medio de la Ley 9.764 y se concretará como un préstamo con condiciones blandas.

Recope adelantó ¢600 millones por los servicios portuarios que le prestará la entidad portuaria hasta el 31 de diciembre del 2020.

Al cierre de los primeros siete meses del año, los ingresos corrientes suman ¢5.150 millones, la cifra representa una caída del 63,2% en la comparación interanual.

El gasto promedio mensual es de ¢1.250 millones y el ingreso promedio cada mes ronda los ¢735 millones.

Este tercer rescate financiero permitiría que la institución pueda pagar las prestaciones de los empleados que se acogieron a las modalidades de salida, algunos de ellos ya presentaron demandas por el atraso.

El salvavidas dará recursos para continuar con la reducción de la planilla que debe pasar de 565 a 305 personas, lo que implica la salida de unos 260 empleados más. De acuerdo con Centeno, el superávit se destinará a retomar los arreglos de pago con proveedores ya que por el embargo algunos casos se elevaron a juicios.

Pulso legal

Las ayudas económicas que el Gobierno le transfirió a Japdeva para rescatarla de la quiebra y sacarla de su condición de iliquidez contribuyeron a inflar el déficit fiscal hasta el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del 2019.

Pese a ese esfuerzo, Sintrajap se mantiene firme en que no dará marcha atrás con el embargo de cuentas.

El sindicato reactivó un proceso judicial que data del 2013. El reclamo de los empleados se remonta al 2002 cuando se negoció −por medio de convención colectiva− un aumento del 3% en el aporte patronal al Fondo de Ahorro y Capital de los Trabajadores.

El objetivo de ese ajuste era incrementar la contribución del patrono del 5% al 8% cada mes. Esa alza debía cargarse a las tarifas portuarias que pagan los exportadores e importadores, pero la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no aprobó la inclusión de este rubro en los precios.

Japdeva no recibe ajustes tarifarios por parte de Aresep desde 2003 y 2011 debido a que incumple con los requisitos necesarios para solicitar revisiones. La falta de estados financieros auditados es la principal barrera.

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Esto ocasionó que en el 2006 el aporte al fondo se redujera del 8% al 6%. Sintrajap presentó la denuncia contra la empresa estatal para reclamar ¢5.283 millones correspondientes a todos los años en los que no se transfirió el porcentaje del aumento acordado previamente.

La presidenta ejecutiva agregó que ya se agotaron los recursos ante el Juzgado de Trabajo de Limón, en el proceso se produjo un cambio de juez hace un mes y medio, quien aceptó conocer la apelación que fue rechazada al inicio.

La junta portuaria busca que se abra un análisis legal sobre si las cuentas y bienes de la entidad son embargables por la naturaleza que tienen.

A inicios de agosto el Juzgado rechazó dos acciones presentadas por la junta, la primera buscaba liberar las cuentas bancarias a cambio de un terreno; la segunda fue una petición de recuperar ¢650 millones con el fin de cancelar liquidaciones a 40 personas.

El 11 de agosto los diputados aprobaron en primer debate un proyecto de ley que protege las cuentas bancarias de Japdeva de embargos en el futuro. Una vez que esta normativa entre en vigor no aplicará de forma retroactiva, es decir, sólo resguardará el dinero frente a nuevas demandas.