La Contraloría evaluará la ejecución de compras de seguros, por parte de instituciones del Estado, sin que se contraste la oferta de los participantes del mercado.

Erogación de dinero para el salario base creció ¢10.000 millones menos a noviembre de ese año, respecto al periodo previo.

EF realizó un análisis de los recursos presupuestados para el 2020 para conocer la importancia de esas instituciones en los egresos del Estado.

La propuesta debe ser vista con ciertos cuidados y recelos. La venta de activos o instituciones estatales en medio de una delicada situación fiscal y de una desaceleración económica podría desencadenar complejas negociaciones entre el Gobierno –interesado en obtener la mejor renta posible– y los clientes, dipuestos a exigir ciertas condiciones y benificiones jurídicos adicionales.

El siguiente paso es cerrar, fusionar o transformar instituciones, hacer más pequeño el tamaño del Estado y vender alguna de las “joyas de la abuela”. Así lo reconoció Rocio Aguilar, ministra de Hacienda, en entrevista con EF.

Es necesario apoyar los intentos existentes en corriente legislativa, que buscan modificar dicha excepción de la Ley de Contratación Administrativa, ya que cada día que transcurre sin que esa norma se reforme, es un día más en que el Estado irrespeta a las empresas privadas que operan en el país.

Se trata de unos ¢67.000 millones en fondos ociosos que acumularon hace dos años ministerios municipalidades y otras entidades descentralizadas y poderes en la Caja Única del Estado.

Remuneraciones de directores con salario único crecen mientras jerarcas de instituciones públicas tienen salario congelado. Mientras, el 30% de los funcionarios del BCCR todavía recibe pluses salariales

Universidades públicas y privadas también suspendieron lecciones; ICE sacó de operación seis plantas hidroeléctricas